Paternain comenzó su exposición lamentando que no hubiera otras ponencias de uruguayos en el congreso que abordaran el tema de la seguridad y evaluó que es “sintomática” la ausencia de investigación en estos temas. “El Ministerio del Interior es una suerte de caja negra que se da por conocida, buena parte de su estructura normativa viene de la época de la dictadura” y, sin embargo, no se investiga, criticó.
Luego se preguntó cuáles son los indicadores que permitirían evaluar una política en materia de seguridad de exitosa. En ese sentido, mencionó un artículo redactado esta semana por Gabriel Pereyra en el diario El Observador, en el que opinaba que la gestión del ministro del Interior, Eduardo Bonomi, ha sido la mejor desde la recuperación democrática. Paternain aclaró que comparte algunos de los argumentos para sostener eso, y preguntó si el incremento presupuestal por sí solo es indicador de una gestión exitosa, si el aumento de 60% de los homicidios este año no debe incorporarse al balance y si no debe incluirse también el hecho de que la sensación de inseguridad no disminuya. “Se dice que las rapiñas han dejado de crecer. Esto ya había ocurrido antes, en 2007 las rapiñas cayeron, no es la primera vez que caen y luego vuelven a subir. Es bueno, auspicioso, pero no necesariamente es concluyente”, consideró.
El sociólogo enumeró continuidades y rupturas entre la primera y la segunda administración del FA en materia de seguridad. Entre las primeras ubicó la prioridad estratégica que se le dio al tema en relación al presupuesto, la incorporación de tecnología aplicada a la gestión, el cambio en la formación policial, las políticas carcelarias, la reivindicación de la modalidad de Policía comunitaria. Entre las segundas, mencionó los estilos de gestión y la “centralidad” que a su juicio tiene la Policía en la actual administración. “La gestión política elabora los problemas desde una cosmovisión claramente policial”, sentenció.
Evaluó que la actual administración está gobernando la seguridad desde una visión “más parecida a gestiones anteriores” que al gobierno de Tabaré Vázquez. Advirtió que vuelve a ponerse sobre la mesa el incremento de las penas y el “endurecimiento” en general.
Por todo esto, planteó, como “hipótesis de trabajo” a ser comprobada, que a partir de 2010 se consolida una “hegemonía conservadora en el campo de la seguridad” que se inició muchos años antes, pero que tiene con esta última administración un “efecto de cierre”. “Es un fenómeno discursivo que busca imponer un determinado sentido común en torno a las causas, a las soluciones y al menú de respuestas políticas. Plantea en términos centrales que el problema de la inseguridad es un problema de los adolescentes que consumen pasta base y cometen rapiñas en zonas marginales”, señaló. Opinó que este tipo de discurso se hace hegemónico porque pasa a ser compartido por el Estado, por la Justicia, por la Policía, por los medios de comunicación y, sobre todo, porque se convierte en “el relato de los ciudadanos” y configura “una suerte de sentido común”. Esta situación, estimó, limitará mucho el margen de maniobra del próximo gobierno y dificultará “torcer el rumbo de cualquier política”.
Relaciones peligrosas
En la misma mesa sobre defensa y seguridad, el experto en Defensa Julián González expuso sobre la participación de Uruguay en las misiones de paz entre 1992 y 2011. “No hemos concebido la participación en misiones de paz como parte de la política exterior del país sino como un problema de militares”, alertó desde el principio.
A partir de la constatación de la alta contribución en términos comparativos que Uruguay realiza a las operaciones de paz de las Naciones Unidas, se preguntó sobre las motivaciones de ese aporte. Concluyó que las variables externas inciden -el número de efectivos que Uruguay aporta a las misiones de paz siguió una tendencia similar a la tendencia general-, aunque son “condiciones necesarias pero no suficientes”.
Evaluó que las variables de política doméstica juegan un rol clave y, en particular, la relación entre civiles y militares luego de la recuperación democrática. Consideró que a raíz de la dictadura hubo una pérdida de legitimidad de las Fuerzas Armadas como institución y que ésta se acentuó luego del fin de la Guerra Fría, ya que desapareció el “enemigo”. En este sentido, en los últimos años la tendencia en la participación de Uruguay disminuye con respecto a la tendencia general. “Esto puede tener que ver con variables vinculadas al control civil sobre los militares”, estimó González.