Una comisión especial de legisladores de los cuatro partidos con representación parlamentaria es la encargada de recibir las propuestas, tal como lo establece la norma. Vencido el plazo de recepción, fijado para el 8 de marzo, la comisión descartará aquellas postulaciones que no reúnan los requisitos exigidos, entrevistará a los candidatos y elevará una nómina a la Asamblea General, que ya está convocada para debatir este tema el 12 de abril.
El plenario deberá avalar los cinco miembros del Consejo Directivo por dos tercios de los votos, razón por la cual la mayoría del oficialismo no será suficiente para integrarlo. En ese sentido, el Servicio de Paz y Justicia (Serpaj) emitió días atrás un comunicado “ante la eventualidad de presentar candidaturas vinculadas directamente a 'cuotas políticas'”.
“Enfatizamos que la legitimidad está directamente relacionada con las capacidades y competencias de quienes desempeñarán la labor directiva, quienes independientemente de su filiación político partidaria deben tener una probada trayectoria en el campo de los derechos humanos y ser capaces de sostener su compromiso desde el abordaje integral de los mismos”, expresa.
Organizaciones como Familiares y Crysol vienen promoviendo a la fiscal Mirtha Guianze pero aún no han formalizado la postulación ante la comisión de legisladores. También se sabe que el PIT-CNT aspira a presentar una persona del ámbito sindical (ver la diaria del 05/01/12). Estas cuestiones comenzarán a procesarse en el encuentro que se producirá esta tarde. Además, según pudo saber la diaria, la Asociación Nacional de Organizaciones No Gubernamentales (ANONG) avaló la candidatura de Fernando Rodríguez, quien ocupa la titularidad de la Defensoría del Vecino desde su creación, en 2006.
En tanto, ya es un hecho la candidatura de la abogada Hebe Martínez Burlé, quien fue propuesta ante la comisión especial por la Corriente de Acción y Pensamiento-Libertad (CAP-L), grupo frenteamplista liderado por el ministro de Defensa Nacional, Eleuterio Fernández Huidobro.
El diputado de ese sector Carlos Gamou explicó a la diaria que la postulación estuvo motivada por la “confianza” que les merece la profesional, por su “altísima capacidad para ocupar un cargo de tanta relevancia y por lo que ha significado en todos estos años su permanente lucha por los derechos humanos”.
Entre otras actividades como abogada, Martínez Burlé integró el Consejo Directivo del Centro de Estudios de Justicia de las Américas de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y en 2009 fue premiada por el Instituto Indio de Derechos Humanos por su labor en la causa que determinó el procesamiento del dictador Juan María Bordaberry.
El integrante de Serpaj Mauro Tomasini aclaró en diálogo con la diaria que la organización no estaba al tanto de la postulación de la CAP-L, pero que “conceptualmente” el comunicado hace referencia “a este tipo de cosas”. “Pretendemos que los miembros de la directiva no se diriman por cuestiones político-partidarias sino teniendo en cuenta a la institución como política de Estado”.
Al respecto, Gamou señaló que la CAP-L se “limitó” a presentar la candidatura, primero a la bancada de senadores del Frente Amplio y luego formalmente ante la comisión especial. “Lo que Serpaj diga, tendrá sus razones. Lo que hicimos fue presentar nuestra opinión, no negociamos nada con nadie”, apuntó.
La presidenta de la comisión especial, la diputada Daniela Payssé (Asamblea Uruguay), indicó que el hecho de que la ley que creó la institución prevea que ningún partido pueda sólo con sus votos definir la integración de la directiva hace necesaria la existencia de negociación política. Puso como ejemplo que para integrar la Corte Electoral o el Tribunal de Cuentas hubo distintos criterios entre los partidos pero finalmente se alcanzaron acuerdos, tras 15 años sin renovación de ambos cuerpos de ministros. De la misma manera, aseguró, para la institución “nadie parte de la base de la repartija”. “Acá nadie dijo 'tantos para cual o tal', eso jamás se mencionó”, aseguró la representante del oficialismo.