Ingresá

Familiares de los presos de la Granja Penal de Comayagua esperando noticias fuera de la cárcel, ayer, en Comayagua, Honduras.

Foto: EFE, Gustavo Amador

Historia conocida

1 minuto de lectura
Contenido exclusivo con tu suscripción de pago

Murieron más de 300 presos en una cárcel de Honduras y los bomberos no pudieron ayudar.

El gobierno hondureño de Porfirio Lobo declaró el estado de emergencia carcelario en 2010, pero ayer su país se despertó conmocionado por el incendio que arrasó la mitad de una prisión. En un primer momento los bomberos no pudieron entrar, y una vez que lo hicieron no pudieron acceder a las celdas porque los empleados de la cárcel se habían ido con las llaves.

Contenido no disponible con tu suscripción actual
Exclusivo para suscripción digital de pago
Actualizá tu suscripción para tener acceso ilimitado a todos los contenidos del sitio
Para acceder a todos los contenidos de manera ilimitada
Exclusivo para suscripción digital de pago
Para acceder a todos los contenidos del sitio
Si ya tenés una cuenta
Te queda 1 artículo gratuito
Este es tu último artículo gratuito
Nuestro periodismo depende de vos
Nuestro periodismo depende de vos
Si ya tenés una cuenta
Registrate para acceder a 6 artículos gratis por mes
Llegaste al límite de artículos gratuitos
Nuestro periodismo depende de vos
Para seguir leyendo ingresá o suscribite
Si ya tenés una cuenta
o registrate para acceder a 6 artículos gratis por mes

Editar

El comisionado de derechos humanos, Ramón Custodio, dijo ayer a la prensa hondureña que se ignora la suerte corrida por 357 de los 850 reclusos del penal de Comayagua, que se incendió el martes por la noche. Eso “no significa que estén muertos”, ya que se manejaba la posibilidad de que algunos hayan fugado, señaló. En tanto, el ministro de Seguridad de Honduras, Pompeyo Bonilla, dijo que “hay 272 muertos confirmados” aunque se cree que “son más de 300” los fallecidos y que “es una tragedia nacional”.

El incendio, según los bomberos, empezó a las 10.50 (hora local) de la noche pero se tardó 40 minutos en empezar a controlarlo. Cuando llegaron los bomberos, no pudieron entrar a apagar el fuego porque había disparos en el penal. Después, cuando ingresaron, descubrieron que los funcionarios de la prisión la habían abandonado sin abrir las celdas ni dejar las llaves. Familiares de presos concurrieron a la cárcel y reclamaron información sobre sus seres queridos y que se les entregaran de inmediato los cuerpos de los fallecidos. Pero las identificaciones podrían demorar, ya que muchos cuerpos están calcinados. Los familiares reaccionaron arrojando piedras contra los policías.

El presidente Porfirio Lobo habló del suceso por cadena nacional de radio y televisión. Prometió una investigación completa y transparente de lo ocurrido, transmitió su pesar a los familiares de los fallecidos, ofreció pagar los gastos de sepelio y anunció que las autoridades del penal quedaban suspendidas hasta que terminaran las investigaciones. Poco después, la agencia de noticias AFP informó que el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), José Miguel Insulza, pidió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el envío de una delegación a Honduras para investigar, luego de haber conversado con el embajador hondureño ante la OEA, Leónidas Rosa Bautista.

Según las autoridades penitenciarias, lo más probable es que el siniestro se haya debido a un cortocircuito, pero no se descarta que un preso haya incendiado su colchón.

La cárcel de Comayagua es una granja penal, un complejo agrícola ubicado 90 kilómetros al norte de Tegucigalpa y el único de los 24 centros de reclusión en Honduras que cuenta con un programa de rehabilitación, según el diario hondureño El Heraldo. Los presos tienen una huerta, fabrican uniformes para la Policía Nacional y hacen artículos de madera, entre otras actividades. Sin embargo, como en el conjunto del sistema carcelario (que fue declarado en estado de emergencia en julio de 2010), el hacinamiento es muy importante.

Comayagua duplicaba la cantidad de reclusos a los que tenía capacidad de albergar en condiciones adecuadas. A nivel nacional, los establecimientos penitenciarios tienen capacidad para un total de 8.000 personas, pero los detenidos en ellos son más de 13.000. Desde 2010, una de las medidas que se impulsó fue separar de los demás presos a los miembros de maras y otras pandillas, por su peligrosidad.

¿Tenés algún aporte para hacer?

Valoramos cualquier aporte aclaratorio que quieras realizar sobre el artículo que acabás de leer, podés hacerlo completando este formulario.

Este artículo está guardado para leer después en tu lista de lectura
¿Terminaste de leerlo?
Guardaste este artículo como favorito en tu lista de lectura