“Le pido perdón en nombre de la Justicia”. Eso le dijo un juez argentino a Alejandra Santucho luego de tomarle declaraciones. Al principio, Alejandra no interpretó las palabras del magistrado: “Pero después entendí que me lo decía por los 35 años que habían tardado”, declaró. Sus padres, Rubén Santucho y Catalina Ginder, están desaparecidos desde 1976, y los restos de su hermana Mónica fueron hallados e identificados hace tres años.
Macarena, en diálogo con la diaria, evocó este hecho relatado en el diario argentino Página 12 del 12 de marzo para explicar que un pedido de perdón debería ser “individual y voluntario”. “No creo que tenga valor si es impuesto, sin perjuicio de que más adelante se pueda considerar y alguien decida hacerlo; éste no es el ámbito ni el momento”, señaló. Para ella la expresión “acto del perdón” para referirse a la jornada de mañana partió de la prensa. “Más bien, pienso que fue una asociación con lo que se ha dado en otros países, concretamente en Argentina. No desconozco que evidentemente alguien [en el gobierno] pudo considerarlo, pero también te tengo que decir que en un principio eso no estuvo planteado”, explicó.
Encuentro de partes
La resolución presidencial del 31 de agosto de 2011 que dotó de recursos a la Secretaría de Seguimiento de la Comisión para la Paz, creó también una comisión interministerial encargada de supervisar el cumplimiento del fallo de la Corte IDH “Gelman vs. Uruguay”. En negociación con los querellantes, los integrantes de este grupo fueron delineando las características de las dos instancias de mañana y el texto que leerá el presidente en la sala de sesiones de la Asamblea General.
Los datos aportados a la diaria, por fuentes que participaron en ese proceso, concluyen que la intención de incluir el pedido de perdón fue planteada y argumentada únicamente por el secretario de Presidencia, Alberto Breccia. “Hicimos un pacto de reserva de las cosas que se conversaron. No le puedo asegurar que yo estuviera solo. Pero efectivamente pensaba en una asunción de responsabilidad más amplia por parte del Estado”, puntualizó el funcionario a este medio.
No obstante, el 29 de febrero Breccia había reconocido en Radio Uruguay que por esos días el tema formaba parte de la discusión y que sólo uno de los integrantes mantenía una posición contraria al resto, aunque se excusó de revelar quién por “honestidad intelectual”. El 5 de marzo, Mujica dijo a La República que en el acto hablaría “en nombre del Estado”, al tiempo de afirmar sobre el tema en cuestión que “gustarme no me gusta nada, porque el perdón es un territorio subjetivo de las cosas que se llevan adentro”.
Ese mismo día, Macarena aclaró públicamente su postura y precisó que un pedido de perdón no figura en la sentencia de la Corte IDH. En este contexto, tanto Breccia como el canciller Luis Almagro afirmaron que no se trataría de un acto de pedido de perdón, sino de reconocimiento por parte del Estado de los crímenes que padecieron los demandantes, reconocimiento que podría extenderse a todos los cometidos durante el terrorismo de Estado. Este extremo fue confirmado por Mujica en su audición radial del 8 de marzo: “Aclaramos no es otra cosa que cumplir a cabalidad y de buena fe con una decisión que tenemos que acatar. No pensamos que es una fecha definitiva ni nada por el estilo, ni un antes ni un después. Es una obligación jurídica del Estado uruguayo ante la decisión de un organismo que hemos reconocido en su momento”, señaló el mandatario.
Para este informe, Breccia aclaró que no puso sobre la mesa el pedido de perdón en representación de Mujica, sino “a título personal”, y reconoció que ya lo había sugerido “hace unos meses”, pero entendió que no tenía respaldo político de las organizaciones defensoras de los derechos humanos. “Tampoco tenía sentido seguir discutiendo si Macarena estaba en contra”, concluyó.
Algo personal
Almagro no defendió en la interministerial la postura de que el Estado debía pedir perdón, ya que éste “implica el final de un camino y estamos a mitad de un camino”. Para el canciller, ese punto, como la reconciliación, recién puede buscarse “cuando hayamos resuelto todo”. “Todavía tenemos bastante por recorrer. Es muy indigno para un país estar asentando soluciones en estas materias que estén basadas en verdades ocultas o directamente en mentiras. Pero si logramos avanzar sobre verdad, justicia, memoria, reparación y nunca más, tendremos un pilar fundamental para una absoluta vigencia de los derechos humanos y una visión para que los uruguayos podamos construir para el futuro”, señaló a la diaria.
Para Almagro, que el Estado realice el reconocimiento porque una sentencia internacional lo obliga no le resta valor al gesto aunque consideró que “habría sido mejor que se hiciera en el 85”. “Se podría haber hecho en medio del juicio [en la Corte IDH], pero no habría sido justo políticamente. El acto llega en el momento justo, el momento es ahora, porque en aquella época ni siquiera había aparecido Macarena. No se podía reconocer algo que se negaba”, opinó.
El director nacional de Derechos Humanos, Javier Miranda, representante del Ministerio de Educación y Cultura en la comisión, también es contrario a que el Estado pida perdón. “Hace muchos años -no había aparecido mi viejo [Fernando Miranda]-, un periodista me preguntó si estaba dispuesto a perdonar. ¿A quién? Para los familiares siempre ha sido muy difícil este tema; no es que no estemos dispuestos a perdonar, es que es un tema individual, subjetivo. El perdón se pide en todo caso, y yo lo doy o no lo doy. Además, al perdón lo han embretado con la reconciliación, lleva una especie de mea culpa total: todos somos responsables, pero ninguno es culpable”, reflexionó.
Miranda valoró que es “valiente” que el presidente “se haya propuesto, o por lo menos planteado, la posibilidad de pedir perdón”, pero enfatizó en que “en esta instancia” no es lo correcto. “En el caso de Mujica, pesan muchas cosas, su historia pesa. Él no puede perder su historia y tampoco yo puedo perderme de la mía. Mujica pensó que debería pedir perdón y lo entiendo, absolutamente lo entiendo, pero estoy muy convencido de que no debería hacerlo. No es el gobierno de José Mujica, sino el Estado uruguayo el que asume la responsabilidad”, indicó.
Ajustado a derecho
Sobre la significación de las ceremonias de mañana, los tres jerarcas subrayaron que se cumplirá “estrictamente” con la sentencia. Y eso es lo que espera Macarena: “No puede ser un antes y un después, pero para determinadas cosas puede enmarcar un punto a partir del cual se construyan otras cosas con otro marco. Y para eso, lo primero en todo esto es el reconocimiento”. “Si es ajustado a la sentencia, es reparatorio”, agregó.
Al ser consultado sobre si el reconocimiento será específico del caso Gelman o de todas las víctimas del terrorismo, Almagro indicó que el fallo refiere a lo primero, pero que “es muy difícil separarlo de lo que pasaron otros”. “Obviamente, habrá referencias a esas otras circunstancias que pasaron esas otras víctimas y la sociedad en general. Pero no se puede hacer referencias genéricas a violaciones de derechos humanos. No son tantos desaparecidos, tantos torturados... Cada uno es un ser humano, una cara, un nombre, una vida, una familia y un entorno social”, adelantó.
El dictamen de la Corte IDH establece que “el Estado debe realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional en relación con los hechos del presente caso, refiriéndose a las violaciones establecidas en esta Sentencia”. Continúa diciendo que el acto deberá ser una “ceremonia pública conducida por altas autoridades nacionales y con presencia de las víctimas del presente caso”.
El texto ordena también que el Estado debe “acordar con las víctimas o sus representantes la modalidad de cumplimiento del acto público de reconocimiento, así como las particularidades que se requieran, tales como el lugar y la fecha para su realización”. Añade que deberá ser difundido a través de medios de comunicación y, para su realización, el Estado cuenta con el plazo de un año contado a partir de la notificación de la Sentencia, lo cual ocurrió el 24 de marzo de 2011.
En el siguiente numeral fija que, en el mismo plazo, el Estado deberá descubrir, “en un lugar con acceso público del edificio del SID, una placa con la inscripción de los nombres de las víctimas y el período en que estuvieron allí detenidas ilegalmente”. Macarena explicó que el acto y la colocación de la placa son dos instancias diferenciadas y no necesariamente debieran estar ligadas una con la otra, pero consideró “lo más lógico y conveniente” reunirlas en un mismo día.
Te estoy mirando
El presidente de la Corte IDH, Diego García Sayan, explicó en entrevista con la diaria que con el acto “se busca que, partiendo del principio de la continuidad de los Estados, más allá de las especificidades de cada coyuntura y régimen político, el Estado se responsabilice por las violaciones de derechos humanos que se cometan desde la función pública”. “El reconocimiento tiene un sentido básicamente simbólico frente a las víctimas y un sentido de contribuir a un esfuerzo de no repetición, dando una señal en el sentido de que, más allá de las coyunturas, la historia gratifica o castiga con la memoria a quienes violen los derechos humanos”, agregó.
El magistrado precisó que los pedidos de perdón realizados en otros países de la región se han incluido “al margen” de lo que establece la Corte, la cual sólo fija los aspectos generales. “Con esto [los actos] se da un paso muy importante para la reconciliación entre quienes sienten que sus derechos fueron afectados por autoridades del Estado y todos los demás actores que pudieran existir, que requiere siempre medidas de reparación, sólidas y perdurables”, enumeró.
A través de los informes periódicos, la Corte supervisa el cumplimiento del acto y de los otros aspectos de la sentencia. Indicó que siempre “quedan pendientes de ejecución, especialmente lo que tiene que ver con la investigación”, pero que los aspectos relacionados al pago de reparaciones y los reconocimientos públicos “por lo general se cumplen”. “La Corte no encuentra una lógica de confrontación, sino una de colaboración. No hay una lógica de manejar la sentencia como una afrenta a la soberanía, sino como parte del sistema jurídico nacional”, valoró.
El presidente de la Corte IDH estará “atento” al desarrollo del acto. “Como juez estoy obligado a guardar un prudente silencio. Pero sí, esperar que la información que le llegue a la Corte no sólo complete los requerimientos de la sentencia sino, lo que es más importante, el propósito de reparación que están buscando las víctimas en este caso y que por todas las señales públicas, que yo mismo veo, el gobierno también está buscando concretar”, interpretó.