La mesa les quedó chica. En representación del gobierno nacional estaban el prosecretario de la Presidencia, Diego Cánepa, y el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), Gabriel Frugoni. Por el Congreso de Intendentes asistieron el frenteamplista Marcos Carámbula (Canelones), el colorado Marne Osorio (Rivera) y los nacionalistas Walter Zimmer (Colonia), Carlos Enciso (Florida), Benjamín Irazábal (Durazno), Omar Lafluf (Río Negro) y Guillermo Besozzi (Soriano). La conferencia se realizó luego de una reunión de dos horas en la que los jerarcas departamentales y el Ejecutivo acordaron presentar una defensa conjunta del ICIR.
Hasta el momento las intendencias, el gobierno nacional y la comisión sectorial de descentralización han sido notificadas de la presentación de una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia (SCJ) por parte de una empresa vinculada a la industria forestal. El País publicó que hay además otras dos acciones en curso; una habría sido presentada por una empresa de productos lácteos de Juan Carlos López Mena y otra por una empresa arrocera. El ex vicepresidente blanco Gonzalo Aguirre fue uno de los abogados que redactaron de los recursos.
La Asociación Rural del Uruguay (ARU) y la Federación Rural anunciaro que darán “herramientas jurídicas” a los productores que quieran reclamar. Hicieron referencia a esto, en algunos casos con ironía y en otros sin ella. “Nos parece muy bien que la ARU haga una defensa del 2,5% de los productores del país dejando de lado a más del 97%”, comentó Cánepa. Zimmer aseguró que le “duele” que “el espíritu solidario que debe existir haya desaparecido o esté minimizado”. “Nos llama la atención que en un país productivo como el nuestro, donde nos estamos jugando los recursos, los más poderosos con mayúscula hagan un reclamo de este tipo, que pone en riesgo la sacada de la producción del 97% de los productores”, cuestionó.
Lafluf aseguró que se defenderá “el destino de esos recursos”, porque los productores y “la gente en el interior sabe que el país corre serios riesgos de no poder sacar la producción de sus campos” si “no hay una acción rápida y de un monto muy importante”. A su turno, Enciso dijo que el tributo dará respuesta a “la presión diaria de gremiales, de productores, que nos exigen el mantenimiento de los caminos”. El intendente de Florida consideró que cada uno tiene que aportar “en la medida de sus posibilidades”.
Respecto a uno de los argumentos que se esgrimen para el pedido de inconstitucionalidad, que refiere a que la recaudación del tributo debería ser departamental, Cánepa afirmó que la ley es “clara” cuando dice que “la potestad tributaria es departamental” y que va a haber un fideicomiso administrado por las intendencias. “Con excusas jurídicas se quieren reeditar concepciones o visiones diferentes del país”, concluyó.
Lafluf, presidente de la comisión sectorial, informó que el lunes el organismo propondrá delegar la defensa de la constitucionalidad del tributo a la OPP. Por otra parte, Cánepa informó que en dos meses quedará diseñado el fideicomiso en el que las intendencias volcarán la recaudación del tributo, que se estima sea de 60 millones de dólares anuales. El fideicomiso administrará 150 millones de dólares anuales durante tres años, y la primera emisión se haría en 2012. El prosecretario apuntó que las acciones de inconstitucionalidad generan “riesgos que hay que evaluar”.