El gabinete ministerial de Seguridad abordó ayer la crisis en el sistema carcelario. El ministro del Interior, Eduardo Bonomi, informó que se convocó un llamado urgente a empresas para comenzar la reconstrucción de los módulos 4 y 5 del Complejo Carcelario de Santiago Vázquez (Comcar), y que hoy se presentarán las ofertas. Si bien la destrucción de los dos módulos del Comcar aceleró los planes, Bonomi aclaró que ya estaba prevista la reconstrucción y que se iba a comenzar una vez que terminara la remodelación del módulo 3, que todavía demorará unos meses. El ministro informó que quedan todavía “algo más de 600” presos en el módulo 8 para trasladar a otras cárceles.
Fuera de fronteras
Una asamblea de la Confederación Uruguaya de Policía (CUP), que reúne a ocho sindicatos departamentales de policías, resolvió ayer hacer consultas jurídicas para presentar una denuncia ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT) por las condiciones de trabajo de los guardiacárceles, explicó el presidente de la CUP, Óscar de los Santos. “Venimos denunciando hace mucho tiempo la falta de personal y las malas condiciones edilicias de las cárceles ante el Ministerio de Trabajo y del Interior, y este ministerio no ha resuelto la situación”, se quejó De los Santos. En la asamblea se propuso realizar una huelga “hasta caer extenuados”, es decir, no hacer paro sino trabajar hasta que por certificación médica los funcionarios no lo puedan hacer más, pero la propuesta quedó en minoría. La CUP reclama que se saquen las cárceles de la órbita del Ministerio del Interior y discrepa con la medida resuelta por la Unión de Sindicatos Policiales (Usip) de no habilitar las visitas además de en el Penal de Libertad, en el Comcar y el CMRF. “No parecía conveniente que paguen justos por pecadores”, opinó De los Santos, que sí estaba de acuerdo con que la medida se limitara al Penal de Libertad, donde fueron heridos tres policías -uno murió luego- tras un enfrentamiento con los presos.
Respecto del procedimiento durante los motines, Bonomi dijo que la demora del comisionado parlamentario, Álvaro Garcé, no tuvo responsabilidad en los hechos: “Él no está a las órdenes del Ministerio del Interior [MI] y tampoco de la Justicia. Cuando el MI lo llama puede estar disponible o no”, dijo, y sin embargo volvió a explicar la demora de la actuación policial, por lo que transmitió la jueza de turno, Gabriela Merialdo, en esos momentos. “Si [los policías] iban a intervenir ante presos que consideraban que estaban armados, que eran 200 y ellos 70, era imprevisible lo que pudiera suceder, y si sucedía algo iban a ser juzgados y se les podría haber dicho ‘yo pedí que esperaran al comisionado’ y por eso no intervinieron”, dijo. En declaraciones a El Observador y El País, Merialdo aclaró que ella nunca “prohibió” el ingreso de la Policía, ya que esa decisión corresponde al MI. Luego de la reunión de gabinete, Bonomi dijo sentirse “absolutamente respaldado” por el presidente José Mujica.
Otras esferas
El ministro del Interior será interpelado, por segunda vez, por el diputado José Carlos Cardoso (Unidad Nacional, Partido Nacional, PN). La primera fue en 2010, luego del incendio de la cárcel de Rocha, en donde murieron 12 presos. También fue interpelado en 2011, en este caso en el Senado y junto con el entonces ministro de Defensa Luis Rosadilla, por un video en el que supuestamente se amenazaba a la Justicia.
Ayer, diputados del PN, del Partido Colorado (PC) y del Partido Independiente aprobaron, por 34 votos, el llamado a sala al ministro por la situación carcelaria. Cardoso opinó que Bonomi dijo “cosas insólitas, como que estaba esperando que la jueza le habilitara el ingreso a la cárcel. La Policía no tiene que pedir permiso a nadie, si actúan y se violan los derechos humanos, después se los denunciará, por supuesto, pero no puede decirse eso”. Dijo, además, que hubo “contradicciones y confusiones públicas” entre las autoridades, incluidas las declaraciones del ex coordinador del área metropolitana del Instituto Nacional de Rehabilitación, Eduardo Pereira Cuadra. Hoy el edil Andrés Ojeda, cumpliendo con la decisión del PC, presentará una denuncia penal contra Pereira Cuadra, para analizar las denuncias que hizo en la prensa sobre la eventual participación de un legislador de la oposición en los motines.
En tanto, los diputados del Frente Amplio (FA) no ingresaron a sala durante la votación de la interpelación y se manifestaron en contra: “Nos sonaba a oportunismo político que nada colaboraba con el clima que se necesita para trabajar y dar soluciones concretas a esta etapa crítica”, explicó Daisy Tourné (FA). La legisladora dijo que no se negó el derecho “de la minoría a convocar, pero estamos en nuestro derecho de opinar que no nos parece pertinente”, ya que si se quería obtener información se podía citar al ministro a la comisión bicameral de seguimiento del sistema carcelario.