El jueves 24 el diario El País inició una “tormenta con matracas”, como decía el contador José Pedro Damiani, al anunciar en su primera plana que el Poder Ejecutivo se proponía enviar al Parlamento, en el mes de junio, un proyecto de Ley de Medios “que incluiría normas sobre contenidos”.
La síntesis en portada de la noticia -basada en declaraciones del director nacional de Telecomunicaciones, Sergio de Colallevó inserto el destaque de una entrevista al periodista argentino Joaquín Morales Solá, con la cita de una opinión que no costaba mucho vincular al mismo asunto: “En Argentina uno sabe que tiene que pagar las consecuencias de hacer periodismo independiente”. Las dos notas ocuparon, contiguas, la página 5, abriendo la sección Nacional con los títulos “El gobierno enviará este año una Ley de Medios” y “El kirchnerismo quiere eliminar rol de la prensa”. Pura casualidad, quizá.
En realidad, De Cola se refería al proyecto de Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que se prepara desde hace tiempo en la dirección a su cargo y en el marco general del Ministerio de Industria. Sobre el estado de su elaboración había informado la diaria el 17 de mayo, indicando que el borrador contenía la exigencia de un mínimo de producción nacional en las emisoras de radio y televisión (se ha manejado entre 30% y 50%), límites a la cantidad de publicidad por hora, restricciones a la publicidad dirigida a público infantil y a la aparición de niños en los avisos, prohibición de mensajes discriminatorios o de incitación al odio y la obligatoriedad de traducciones a lenguaje de señas para algunos tipos de programación en televisión.
La nota de El País mencionó algunas de esas ideas y agregó que, según “fuentes del gobierno y de la sociedad civil que en 2010 participaron de la negociación de esta ley”, habrá también “artículos referidos al derecho de las audiencias (incluida la figura del defensor de las audiencias)” y sobre la transmisión gratuita de “acontecimientos de alto interés público como los partidos de la selección”, así como el reconocimiento de que los periodistas tienen derecho a no participar en coberturas que violenten sus principios y a que no se los presente como autores de trabajos modificados sin su consentimiento.
Varias de esas posibles propuestas serían, si efectivamente se incluyeran en un proyecto de ley y fueran aprobadas, “normas sobre contenidos”. Pero quienes sin leer la nota periodística hayan visto los comentarios sobre ella de dirigentes partidarios, que comenzaron rápidamente a difundirse, pueden haber pensado que estábamos al borde de una embestida feroz contra las bases de la convivencia democrática.
Como se ha vuelto costumbre, hubo un festival en Twitter. “Qué tentación la de manejar la información para algunos”; “¿Ley de medios? ¿El Estado regulando contenidos? ¿Libertad?”, escribió Pedro Bordaberry. “¿Por qué una ley de medios si Mujica no la quería? Después de todo lo que han atacado a los medios de comunicación me da terror”, tecleó Ana Lía Piñeyrúa. “Ley de medios, controlar contenidos, regular conciencia de periodistas. ¿Estamos en Argentina? Espero que Mujica y Astori la sigan desechando”, acotó Álvaro Delgado. “La Libertad de Prensa no se regula ¿quien es el ser superior q pueda decirme q tengo q leer, escuchar o ver? La mejor ley es la q no existe”, sentenció Luis Alberto Heber.
Lo de que “la mejor ley de prensa es la que no existe” es una máxima que se popularizó en España, a la salida de la dictadura de Franco, y que puede sonar bien hasta que se razona un poco sobre su significado. No la toman al pie de la letra los rentistas que integran el oligopolio de la televisión uruguaya, ya que vienen ejerciendo una sostenida presión sobre el presidente Mujica para convencerlo de que la eventual apertura a nuevos actores en “su” terreno pondría en peligro la soberanía nacional, justamente por una cuestión de contenidos. La regulación les parece muy bien si sirve para defender sus actuales posiciones y muy mal si les exige mínimas responsabilidades.
Resulta natural y saludable la existencia de tensiones y conflictos entre los medios de comunicación y el Estado. Cuando todo es armonía entre ellos, cabe sospechar que algo anda mal para los simples ciudadanos. Malo es que, en vez de discutir lo que realmente está en juego, se apueste con frivolidad al efectismo. “Twitter” significa “parloteo” y “twit”, “imbécil”, pero eso tampoco habría que tomarlo tan al pie de la letra.