Antel facturó alrededor de 900 millones de dólares el año pasado, de los cuales aportó al Tesoro del Estado unos 200 millones por el pago de impuestos y 100 millones como contribución a rentas generales, según su vicepresidente, Pablo Barletta. Con esas cifras a la vista, los casi tres millones que suman los gastos para renovar y afianzar la imagen de la empresa cuestionados por el diputado colorado Fitzgerald Cantero podrían pasar por una propina.
Pero, por modesta que parezca esa cantidad, el carácter estatal de la compañía telefónica obliga a sus directores y a todos sus funcionarios a manejar sus cuentas con prolijidad. De lo contrario, la frase “la empresa de comunicación de los uruguayos” habrá perdido su carácter descriptivo para reducirse a un mero eslogan.
El carácter monopólico en materia de telefonía fija y de transmisión de datos por cable y el dominio sobre el mercado de telefonía móvil no libra a Antel de promocionar sus servicios entre sus clientes e incluso entre inversores con los que podría asociarse. Se podrá criticar los montos asignados a la renovación de la imagen corporativa de la empresa (unos 600.000 dólares) y a la contratación de espacios publicitarios disfrazados de entrevista en dos revistas anglosajonas (casi 70.000), así como la eficacia de esas apuestas. Pero están dentro de las potestades de su dirección.
Lo cuestionable en este caso es la falta de “transparencia para con sus accionistas: la ciudadanía”, principio que Antel proclama en su página web. Ante una consulta del presidente de la Organización de la Prensa del Interior, David Rabinovich, el directorio se negó el año pasado a detallar sus gastos en publicidad y marketing con la excusa de que se trataba de información “reservada”. La empresa consideró que divulgarla le ocasionaría “una pérdida de ventajas competitivas”, y eludió así la obligación que le impone la Ley de Acceso a la Información a “cualquier organismo público, sea o no estatal”.
El manejo discrecional y sin rendición de cuentas de la publicidad oficial es un fenómeno antiquísimo. Algún medio de comunicación que hoy pone el grito en el cielo se ha beneficiado en el pasado, y aún hoy se beneficia, de la generosidad de ésa y de otras dependencias del Estado. Algún medio hay, también, que siempre ha reclamado transparencia y reglas claras en la asignación de los avisos.
Tampoco es una novedad que, en aras de la “imagen corporativa”, los directorios de entes autónomos y servicios descentralizados transgredan, con disimulo, el artículo 190 de la Constitución, que les prohíbe “realizar negocios extraños al giro que preceptivamente les asignen las leyes” y “disponer de sus recursos para fines ajenos a sus actividades normales”. Esgrimiendo manuales de marketing, empresas del Estado han distribuido discos musicales y han colaborado con las finanzas de clubes deportivos, por ejemplo.
La ley es clara en el caso de Antel: es una empresa que debe dedicarse a las telecomunicaciones. Pero el destino de gran parte del abultado gasto que motivó la convocatoria a la Comisión de Industrias de la Cámara de Diputados del ministro Roberto Kreimerman y la presidenta del ente, Carolina Cosse, es propio de productoras de espectáculos, cinematográficas o de programas televisivos. Y algunos de los proyectos, como la serie Antelmáticas y el aporte a la creación de orquestas infantiles y juveniles, se superponen con esfuerzos de otros organismos públicos, como los consejos de enseñanza y el Ministerio de Educación y Cultura.
Los conductores de organismos del Estado deberían rendir cuentas por lo que gastan, por la eficacia de ese gasto, por su gestión y por los resultados, que en el caso de los entes autónomos comerciales e industriales incluye la facturación y la recaudación en beneficio de toda la sociedad. Es posible que el enorme tesoro manejado por las grandes empresas públicas, como Antel, desaliente la sobriedad, una virtud de buenos administradores. Ya es tradición que sus directores emprendan proyectos dignos de faraones: rascacielos, campeones mundiales de boxeo, rock de estadios.
Por más ceros que adornen los estados de cuenta de Antel, sus accionistas y sus clientes no deben confundirse. Esos milloncitos de dólares que parecen propinas, como los que motivaron la convocatoria al Parlamento de Kreimerman y Cosse, deben ser utilizados con decencia; es decir, con transparencia y sin siquiera la apariencia del derroche.