“Por suerte, me llevo otra experiencia de Uruguay”. Después de más de 34 años de su detención en el marco de la coordinación represiva entre ambos países, la argentina Rosario Quiroga, radicada en Venezuela, volvió a nuestro país para poder “cerrar” su historia. La acompañaron dos de sus hijas y tres realizadores de un documental que está en pleno rodaje y que le abrió la posibilidad de regresar a los lugares donde estuvo escondida y también de radicar una denuncia penal, la primera que realizan ciudadanos extranjeros por la responsabilidad del Estado uruguayo en el Plan Cóndor. Hoy tendrá lugar la primera instancia ante el juez Luis Charles.
Rosario Quiroga escapó a Uruguay con sus hijas María Paula, María Virginia y María Elvira en noviembre de 1977, luego de que su esposo, José Luis Herrero, desa-pareciera en Argentina. Pasó por varias viviendas montevideanas -entre ellas la de Miguel Ángel Estrella- hasta que alquiló una casa de veraneo en Lagomar, sobre la calle Burlich al 1151.
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El documental, que se está realizando con la financiación del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales de Argentina, estaba orientado en una primera instancia al rol de los medios de prensa durante la dictadura. Las revistas de la editorial Atlántida (Gente, Para ti y Somos), que hoy están siendo enjuiciadas en la vecina orilla a instancias de Alejandrina Barry Mata, habían publicado los operativos del 15 y 16 de diciembre aludiendo sólo a la detención de sus padres, pero omitiendo el resto. En enero, los realizadores entrevistan a Raúl Olivera, integrante de la comisión de Derechos Humanos del PIT-CNT, por haber sido quien pidió que se incluyera a Degregorio en la lista oficial de desaparecidos de la Comisión para la Paz. “En esa entrevista nos dijo una frase que nos dejó pensando”, señaló a la diaria Claudia Acuña, una de las realizadoras. “Dijo que deberían ser los argentinos quienes comiencen a denunciar en Uruguay. Entonces hablamos con la familia y estuvo de acuerdo con eso, así que cambiamos el rumbo”, completó.
De allí partió el 15 de diciembre junto con Rolando Pisarello hacia Avenida Giannattasio, con la intención de viajar a Montevideo, pero en el camino fueron secuestrados y trasladados a un lugar conocido como el “castillito de Carrasco”. A esa casa volvió, ayer, después de más de 34 años. Lo hizo con dos de sus hijas, María Paula y María Virginia, quienes en 1997, motivadas por reconstruir su historia, planearon un viaje desde Venezuela, donde todas están radicadas, a Uruguay, para reencontrarse con aquella casa de veraneo.
Con la referencia de una foto de la fachada que había salido en los medios argentinos y que, en su investigación, habían rescatado de la Biblioteca Nacional de Argentina, pudieron llegar a Lagomar e identificarla, pero no se animaron a tocar timbre. Ayer sí lo hicieron, pero no salió nadie, pese a que un movimiento de cortinas dio la pauta de que había alguien. Pudieron hablar con el vecino, el mismo desde aquella época y que hasta ahora vive enfrente a la casa, quien les informó que desde hace poco más de un año vive allí un veterano, militar retirado.
En eso estaban cuando llegó al lugar una patrulla con varios policías. En un diálogo cordial los efectivos pidieron que se retiraran del lugar a solicitud del propietario, que no quería se tomara ni se publicara ninguna imagen de su domicilio ni de su persona. En enero, los realizadores del audiovisual habían intentado que en la instancia que se concretó ayer el hombre accediera a que Quiroga y sus hijas entraran a la casa.
El vecino les contó que el día de la detención de Quiroga las Fuerzas Armadas uruguayas tocaron la puerta de su casa y le pidieron su jardín para instalar una guardia. “El vecino dijo que no, que esos procedimientos eran peligrosos para su hijo pequeño. Por supuesto que era una excusa, ¡pero yo no sé cómo se atrevió a decirles que no a los militares!”, relataron a la diaria María Paula y María Virginia, ya en Montevideo, durante un asado realizado ayer en el local de la Asociación Sindical de Cooperativistas del Transporte (ASCOT).
Los dueños de la propiedad contigua accedieron al pedido y la “ratonera” se instaló allí, relato en el que coincide otra vecina del lugar. En 1977, María Virginia tenía tres años y no tiene recuerdos; María Paula tenía cinco y recién ahora “con todo esto del documental” comienza a tener “flashes”, destacó a la diaria Quiroga. El día de su detención, en la casa de Lagomar quedaron las tres hermanas, la hija de Pisarello y su esposa, María del Huerto Milesi, y Susana Mata de Barry con su hija Alejandrina. Todas ellas estaban presentes cuando se produjo el allanamiento en la madrugada del 16 de diciembre.
Mata murió en el lugar tras ingerir una pastilla de cianuro y María del Huerto fue trasladada con las cinco niñas al “castillito de Carrasco”. Se sabe que ese centro estaba ubicado en las inmediaciones del aeropuerto, pero aún no se sabe dónde con precisión. Allí los militantes fueron torturados e interrogados por oficiales del SID y oficiales argentinos integrantes del Grupo de Tareas que actuaba en la Esma.
Alejandrina Barry -hoy senadora argentina por el Partido de los Trabajadores Socialistas- fue entregada a sus abuelos el 29 de diciembre en el puerto de Montevideo y las otras cuatro niñas, así como Milesi y Quiroga, fueron llevadas clandestinamente a Buenos Aires. Quiroga estuvo dos años detenida en el Esma, tiempo en el que sus hijas permanecieron con su abuela.
Estos hechos marcaron el inicio de una serie de operativos de detenciones de militantes montoneros refugiados en nuestro país, en la que se enmarca la desaparición de siete argentinos que ahora investigará la Justicia uruguaya. Entre ellos está Óscar Degregorio, quien desapareció en noviembre de 1977. Quiroga, quien entonces era su pareja, fue testigo de su detención en el puerto de Colonia -donde lo estaba esperando- por la Prefectura Nacional Naval, que lo trasladó a Montevideo y lo “derivó” al Cuerpo de Fusileros Navales (Fusna). Al día siguiente de su detención llegaron a Uruguay oficiales de la Armada argentina para “identificarlo”.
La denuncia penal, que la diaria adelantó en su edición del 13 de abril, fue presentada el 30 con el respaldo del PIT-CNT. El juez Luis Charles aún no ha citado a los denunciantes, pero hoy concurrirán al juzgado para presentar en persona pruebas documentales.