-¿Qué opina de la baja de la edad de imputabilidad?
-Tengo posición hace mucho tiempo. Es una propuesta que, en definitiva, no aporta ningún tipo de solución. Hoy es un tema totalmente político, en la medida en que aparentemente se han logrado las firmas para plebiscitar la propuesta con las próximas elecciones. Por lo tanto, es la ciudadanía la que tiene que resolver.
-Algunos actores han planteado que el sistema judicial es demasiado “blando” frente a los casos de violencia familiar. ¿Qué piensa al respecto?
-Ese debate no es ajeno a la Corte. Tenemos un acuerdo con la Agencia de Cooperación Española para realizar un análisis del sistema de protección a las víctimas de género. Está a cargo de técnicos de la Universidad de la República y, una vez terminado el estudio de campo, van a decirnos cuáles son las dificultades del sistema y van a proponer cambios. Luego se van a ver experiencias exitosas en otros países y sobre fin de año estaremos en condiciones de generar un plan de reformas para mejorar el sistema de protección.
-¿Es una buena alternativa el uso de pulseras electrónicas con GPS?
-Puede ser eficaz si está entrelazado con un adecuado sistema de respuesta rápida. Pero no es para aplicarlo en todos los casos. Las medidas de prohibición de acercamiento que se dictan a lo largo de un mes son cientos y hay que reservar este sofisticado sistema para los casos graves y que requieren un monitoreo permanente. Lo ideal es tener un sistema de respuesta, en la red social y en su entorno familiar, que permita que la víctima, frente a una amenaza, encuentre inmediatamente protección sin necesidad de la pulsera.
-¿Está de acuerdo con la tenencia compartida de los hijos?
-Tengo escritos a favor y lo he reflejado en muchas sentencias con mi firma. Es una buena salida; tal vez para el hijo sea la más equitativa. No se puede pensar en un reparto matemático de los tiempos de los padres, pero una tenencia alternada, en la que los chicos están con uno o con otro padre en función de sus necesidades y de sus propias obligaciones es una solución, en la medida en que se puedan articular acuerdos que permitan que funcione. Pero hay momentos en que las dificultades en la relación lo hacen imposible. Hay continuos enfrentamientos por los desacuerdos y el niño es tomado como campo de batalla de las disputas entre padres.
-¿Qué piensa de la legítima defensa?
-Estoy de acuerdo con la solución del Código Penal, donde la legítima defensa está sometida a determinados parámetros. La legítima defensa, que es una causal de justificación porque hace que lo que es ilícito en otras circunstancias deje de serlo, es una norma que está muy bien, es lógica. Hay que descartar cierta fantasía popular en cuanto a que ante determinadas situaciones automáticamente se produce el derecho a la legítima defensa. Siempre dependerá del caso concreto y en esto hay forzosamente un margen de interpretación que queda reservado a los jueces.
-¿Y la tenencia de armas en manos de civiles?
-Estoy rotundamente en contra. Los problemas de seguridad del país son vistos como muy importantes por la población. Es un dato objetivo concreto y hay que atenderlo; tiene su origen en múltiples causas y una es la falta de políticas preventivas. Si hay un área en la que hay que ser muy firme es en sacar armas del alcance de la población civil, que no está preparada para usarlas. Muchas veces las armas están en las casas y los niños y los adolescentes no saben cuál es el peligro, las toman y las utilizan. Tiene que haber señales muy fuertes del Estado en cuanto a que la proliferación de armas en la sociedad es inadmisible.
-El Poder Judicial está en medio de una transición.
-Hay proyectos importantes como el Centro de Justicia Penal que se está construyendo en la calle Juan Carlos Gómez, donde van a trabajar cuatro juzgados por turno, con todos los requisitos técnicos, con espacios de reconocimiento a los detenidos que sean realmente garantistas para la gente, con entradas independientes para quienes son víctimas o testigos y para quienes son familiares o están citados como denunciados. Hoy suben todos por el mismo ascensor y se dan situaciones enojosas. Estamos ante el gran desafío de tener un nuevo Código de Procedimiento Penal y pasar del actual código inquisitivo a uno con principio acusatorio, con mayores garantías para las partes. Finalmente, trabajar en un sistema judicial de respuesta penal, teniendo en cuenta la inseguridad, con un régimen carcelario que recupere a la gente, y que dé posiblidades de vivir de manera decente.
-¿De qué institución debería depender el sistema carcelario?
-Hay muchas alternativas, pero no es común que dependa de la Policía. La ubicación institucional es secundaria, en la medida en que las cárceles tengan un esquema eficiente de gestión, administración y dirección. Es necesario un sistema en el que los reclusos no solamente no escapen, sino que además se reeduquen a partir de la imposición de los límites. Este sistema es muy flexible, hay una enorme cantidad de presos y una débil posibilidad de custodia y de reeducación; lo que genera son seres multiplicadores del delito. Un sistema carcelario no sólo integra la política represiva del Estado, sino que es parte de la política preventiva. Si evito que el individuo vuelva a delinquir, estoy previniendo.
-¿Hay alternativas a las cárceles?
-Sin duda. La ley de Humanización del Sistema Carcelario trató de establecer eso, pero hay dificultades. He visto cárceles del interior, en Florida, Melo y Minas, con chacras policiales en las que individuos formalmente privados de libertad viven sin rejas, trabajando, reinsertándose y sin problemas de custodia. Estos sistemas funcionan y hay que pensar de qué manera los trasladamos a las megacárceles y también pensar si éstas son una solución para los reclusos y seguridad de la población.