La cancillería uruguaya publicó ayer la auditoría del Tribunal de Cuentas sobre las actuaciones de la Comisión Administradora del Río de la Plata (CARP) en relación al mantenimiento del canal Martín García. En cuanto a la decisión del organismo de prorrogar el contrato de mantenimiento a la empresa Riovia en febrero, la auditoría señala que “se ajustó a derecho”. No obstante, acota: “La posición de la delegación argentina dentro de la CARP, dilatando la discusión de temas importantes a los intereses de nuestro país, alegando la mayoría de las veces falta de instrucciones de distintas oficinas gubernamentales argentinas como respuesta a sus planteos, derivó en un escenario poco propicio a los intereses de la CARP para negociar la prórroga de febrero, facilitando la posición de RIOVIA tanto en lo relativo a mantener el vínculo, como en lo que hace relación al precio”. En cambio, entiende que la delegación uruguaya actuó “ajustándose integralmente a las normas que rigen su desempeño, tratando de preservar los intereses del país”.
La auditoría concluye, además, que el precio acordado para la prórroga es “razonable”, en función de los precios que se manejan en la región, si bien acota que el precio final se negoció “fuera del ámbito de la CARP”, en forma “predominantemente política”.
El informe hace referencia a dos situaciones relatadas por el presidente de la delegación uruguaya en la CARP, Francisco Bustillo, que permiten “irradiar dudas sobre la regularidad de los procedimientos tendientes a extender el vínculo con RIOVIA”. El primero es público: Bustillo se reunió con el ex presidente argentino de la CARP Roberto García Moritán en Buenos Aires y éste le dijo “que tenía buenos contactos con RIOVIA; que estaban interesados en seguir con las obras, y que sabía que la empresa había ofrecido en otras oportunidades sumas para verse beneficiada, y que eso podía volver a ocurrir”. A continuación apareció en la reunión Sergio Cetera, representante de la empresa, y Bustillo se retiró.
El segundo episodio, del cual Bustillo dejó constancia en actas, se produjo cuando el secretario técnico de la CARP le envió una comunicación haciéndole saber que había tenido un encuentro con Cetera en el que éste le habría manifestado que existía acuerdo con el gobierno argentino para negociar directamente con su empresa las obras de profundización del canal. El presidente de la delegación argentina, Hernán Orduna, dijo desconocer la existencia de ese acuerdo.
El Tribunal de Cuentas concluye que estos episodios “afectaron la transparencia de las negociaciones” pero señala que el hecho de que no haya habido ofrecimientos concretos “enerva [debilita] la formulación de una eventual denuncia penal”, aunque aclara que corresponde a la cancillería uruguaya “evaluar la pertinencia de adoptar las medidas que estime oportunas”.