El 12 de setiembre en el Aeropuerto de Carrasco se realizará la subasta de los siete aviones Bombardier que pertenecían a Pluna, con una base de 136,8 millones de dólares. El ministro de Economía, Fernando Lorenzo, informó el viernes que cinco empresas pagaron para acceder a la información técnica de los aviones a ser subastados y que hubo además “más de una decena” de consultas.
No obstante, fuentes del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) señalaron a la diaria que el gobierno ve con preocupación la eventualidad de que algunas empresas no se presenten a la subasta, especulando con la posibilidad de obtener luego las frecuencias. La ley 18.931, que determinó la liquidación de Pluna, aprobada en julio por el Parlamento, prevé que quien adquiera los aviones subastados podrá negociar directamente con el Poder Ejecutivo la concesión de las frecuencias de vuelo que utilizaba Pluna, sujeto a la incorporación de al menos 250 trabajadores de la aerolínea y a la asunción de los pasivos de la empresa. El artículo 7 del proyecto establece que, en caso de que caduquen los permisos de Pluna para utilizar las frecuencias, el Poder Ejecutivo podrá mantenerlas en reserva por un plazo de hasta 180 días, para que sean “materia de negociación”.
El sindicato de trabajadores de Pluna y la Organización de Técnicos Aeronáuticos acusaron esta semana al empresario argentino Juan Carlos López Mena, dueño de BQB, de pretender adquirir las frecuencias vacantes sin presentarse a la subasta. “Los trabajadores ven con honda preocupación que la subasta a realizarse el 12 de setiembre se vea empañada por los crecientes trascendidos no oficiales y los comentarios surgidos desde la empresa BQB a nuestros afiliados, referidos a que las frecuencias y las líneas ya les estarían adjudicadas ante la eventualidad de que no existieran oferentes”, manifestaron en un comunicado.
Desde el MEF negaron a la diaria que exista un acuerdo de este tipo y aseguraron que si la subasta se declara desierta, no se otorgarán las frecuencias a ninguna empresa privada. Existe la alternativa de crear una empresa estatal, propuesta de los trabajadores de Pluna, pero que no tiene eco en el gobierno. En cambio, el Poder Ejecutivo evalúa hacer una declaración de “cielo abierto”, que implica determinar que todos los movimientos en el espacio aéreo uruguayo serán libres y no habrá restricción a ninguna aerolínea, como forma de “salvar la conectividad del país”, señaló una fuente del ministerio. Uruguay ya tiene un acuerdo de “cielo abierto” con Chile.
Abierto o cerrado
“No sólo con Pluna, hemos estado asistiendo a la desprotección más absoluta y espeluznante de pasajeros que quedan varados con o sin medios para retornar, y no queda claro quién se hace cargo de esto”, relató el director de la Asesoría Jurídica del Ministerio de Turismo y Deporte, Gastón Gianero. Para este jerarca, la aeronavegación “tiene razón de ser en la medida que tengamos pasajeros”. Según expuso ayer en una mesa redonda organizada por el Colegio de Abogados del Uruguay, llamada “Bases para una nueva política aeronáutica: un desafío ineludible”, el código aeronáutico “no parece la mejor carta de presentación” para pasajeros y turistas, ya que “su énfasis está puesto en cómo y cuánto se limita la responsabilidad del operador, y no en el desarrollo de ésta”.
Para Gianero esto “no es lo que debería ser una apuesta al desarrollo de una actividad como la turística”, por lo que es necesario establecer algún tipo de solución a este problema: un seguro, un impuesto u otro mecanismo para poder dar garantías al pasajero. “Ya sea para el Ministerio de Turismo o para la Dirección Nacional de Aviación Civil e Infraestructura Aeronáutica [Dinacia], alguien tiene que asumir que el turista se encuentra en situación desventajosa cuando se enfrenta al transporte aéreo”, expuso. Según dijo, si bien se anuncian “horripilantes males si exigimos responsabilidades a las compañías aéreas para atender la situación”, contrapuso que “si nos quedamos sin turistas no entiendo para qué asegurar la conectividad”.
A esta tesis adhirió Fernando Nin, profesor de Derecho del Transporte de la Universidad Católica. Para este abogado, “si uno analiza las últimas normas, como la 18.931 y sus decretos reglamentarios, se están olvidando del elemento fundamental que es el pasajero”, en la medida que mantuvieron en reserva las frecuencias que operaba Pluna. Luego se preguntó: “¿Defiende al pasajero el hecho de que exista una sola línea? ¿Lo defienden las restricciones que se han realizado durante los últimos 40 años?”. Para Nin no fue “sano” realizar una ley especial de liquidación para Pluna y “abstraerla de lo que se estableció en su momento por decreto”. Según recordó, el decreto 39/1977 establecía que cuando una operadora entraba en insolvencia le caducaban automáticamente los permisos, pero en este caso se estableció por ley la reserva de frecuencias de Pluna para un posible operador que compre los aviones del fideicomiso.
En ese marco, advirtió que se está ante la posibilidad de que se dé un “monopolio del transporte” entre Uruguay y Argentina, en referencia a la posibilidad de que al empresario López Mena se le asignen las frecuencias que poseía Pluna. “Un mismo operador sería el tenedor de los derechos, tanto del tráfico fluvial como aéreo, y esto podría alterar el equilibrio en el sistema de transporte”, expresó.
Luego tomó la palabra el director de Transporte Aéreo Comercial de la Dinacia, Sergio Pérez Lauro, que sostuvo que a lo largo de la historia uruguaya convivieron acuerdos aéreos más libertarios con otros de rigidez absoluta a la hora de la regulación de los mercados de transporte aéreo. Como ejemplo puso que en 2005 Uruguay firmó un acuerdo con Venezuela de corte restrictivo, pero en 2011 también firmó el Acuerdo Multilateral de Cielos Abiertos junto a todos los países de la Comisión Latinoamericana de Aviación Civil, que es “totalmente liberal” y contempla mayor flexibilidad en la comercialización de servicios de transporte aéreo. Según Pérez Lauro, “si vemos la Ley 18.931 y este acuerdo, parece que los que escribieron la ley no tuvieron en cuenta el acuerdo”.