Tres años después de la muerte de Carlos Rafael Olivera Gómez en un ejercicio de adiestramiento para fuerzas especiales, el fiscal de Pando, Pablo Rivas, solicitó el procesamiento con prisión de tres oficiales del Ejército por el delito de “homicidio culpable” dispuesto en el artículo 314 del Código Penal.
El 2 de setiembre de 2009, en el marco de un entrenamiento para formar parte de la compañía de comandos del Batallón de Infantería Paracaidista 14 de Toledo, el alférez Carlos Rafael Olivera Gómez, de 25 años, oriundo de Salto y egresado de la Escuela Militar en 2007, participaba en un ejercicio en la piscina de la unidad que consistía en aguantar debajo del agua el mayor tiempo posible cargando un equipaje de 40 kilos.
En este tipo de ejercicios, los instructores retienen a la fuerza bajo el agua a los efectivos que pretenden sacar la cabeza para respirar; en esas circunstancias se produjo el fallecimiento del alférez. El juez de Paz de Toledo, Julvio Garagorry Núñez, estuvo a cargo de las primeras actuaciones en el lugar y solicitó una autopsia que fue llevada a cabo por el doctor Jorge Rizzo en la Clínica Forense de Pando y cuyo dictamen fue que Olivera murió “de asfixia por inmersión”. El expediente derivó al Juzgado de Pando, entonces a cargo de Huberto Álvarez, quien decidió asumir competencia en el caso a pesar de que la Justicia Militar también lo había hecho.
Una vez que trascendió el hecho, el Comando General del Ejército emitió un primer comunicado en el que afirmaba que el militar “se encontraba desarrollando una actividad de instrucción propia de un curso profesional en la piscina de la Escuela Militar, sufrió una descompensación, debiendo ser evacuado de la misma. Mientras era trasladado al Hospital de las Fuerzas Armadas por una unidad de emergencia móvil, falleció previo al arribo al citado nosocomio”. Sin embargo, Olivera falleció en el lugar; ante la polémica que se generó en los medios de comunicación en torno al suceso y sus causas, el Ejército emitió otro comunicado seis días después para desmentir “versiones de prensa” sobre el equipo que portaba el alférez, aclarando que llevaba exclusivamente, “al igual que el resto de los cursantes e instructores, el uniforme operacional (pantalón y casaquilla), aletas, careta y snorkel”.
Accidente
En declaraciones a Radio Carve, consignadas por el diario El País el 9 de setiembre de 2009, el entonces ministro de Defensa, Gonzalo Fernández, atribuía la muerte del alférez a un “accidente” y desmentía las versiones sobre los detalles del deceso, respaldándose en los comunicados del Ejército. Fernández relató que Olivera salió al exterior después del ejercicio y se le cayó “una aleta que va hacia el fondo de la pileta”, por lo que “se vuelve a sumergir” y “el seguridad que está ahí parado lo ve que llega al fondo de la pileta y luego lo ve mirando hacia arriba con la boca abierta”. Luego agregó que enseguida “se tiran dos seguridad rápidamente” y todo “duró 10 o 12 segundos”. “La explicación médica es que no inhaló suficiente oxígeno para aguantar la bajada”, concluyó el ministro.
Rivas heredó el caso al asumir la fiscalía de Pando en marzo de 2011 con la mayoría de las instrucciones ya hechas. No obstante, ordenó una reconstrucción y un relevamiento fotográfico del lugar donde ocurrió la muerte. Explicó a la diaria que una de las dificultades para la comparecencia de uno de los militares sobre los que recayó un pedido de procesamiento es que se encontraba “fuera del país en una misión de paz”. Informó que se trata de “personas sin antecedentes” que estaban en ese momento en “la maniobra” y que consideró que la pena sea con prisión por “la alarma pública” generada por el caso en 2009 y por “el grado de intención”, entre otras cosas.
La defensa “debería contestar” el petitorio y por eso el expediente está “a la vista” para evacuar dudas, agregó el fiscal. El actual juez actuante, Gerardo Núñez, confirmó que sobre fines de mes comenzará a estudiar el pedido de la fiscalía para expedirse. El Código Penal establece una pena de seis meses de prisión a ocho años de penitenciaría por este delito.
Repercusiones políticas
El lunes 7 de setiembre de 2009, el presidente Tabaré Vázquez planteó el tema en el Consejo de Ministros e hizo hincapié en la necesidad de eliminar de la formación militar ese tipo de “entrenamientos deshumanizantes”. Vázquez también encomendó al entonces ministro de Defensa Nacional, Gonzalo Fernández, que iniciara una investigación y recomendó la intervención de la Facultad de Medicina de la Universidad de la República.
Por su parte, el diputado canario Esteban Pérez (Movimiento de Participación Popular) dijo a la diaria que en 2009 presentó un pedido de informe y solicitó una entrevista con el ministro Fernández, pero “nunca recibió respuesta”. En el informe presentado el 8 de setiembre de ese año, Pérez preguntó a Fernández “cuál es el proceso de adiestramiento previo” a llegar a esos niveles de exigencia, cómo es el proceso “de capacitación y selección” de los instructores, cuáles son los controles médicos sobre el personal afectado. Además, pidió conocer los nombres del instructor a cargo en el momento de la muerte de Olivera y de las autoridades militares que estaban al tanto del ejercicio, así como basados en qué criterio lo avalaron. En ese entonces Pérez planteó que había que “rever los planes de entrenamiento” porque consideraba que eran los mismos que durante la dictadura, cuando se aplicaban “plantones, horas de frío y maltrato físico” a los militares. El legislador agregó que le consta que la Justicia Militar “archivó el caso”.