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Colegio Médico: objeción de conciencia no debe “lesionar” los derechos de la mujer.

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El Colegio Médico del Uruguay (CMU) se pronunció respecto de las objeciones de conciencia presentadas por ginecólogos de todo el país al procedimiento de interrupción voluntaria del embarazo garantizado en la ley aprobada en 2012. En una declaración emitida ayer, el CMU señala que la objeción de conciencia es “un derecho humano fundamental cuya plena vigencia expresa la salud democrática de un país”. No obstante, advierte que el ejercicio de este derecho no debe “lesionar otros derechos humanos fundamentales, para el caso, los correspondientes a la mujer gestante que ha solicitado la interrupción de su embarazo”. “Ante la presentación de objeción de conciencia por determinado profesional, la paciente tiene el derecho de llevar adelante su decisión y el sistema la obligación de asegurárselo”, afirma la institución que comenzó a funcionar en 2012.

Quienes presentan una objeción de conciencia deben, según el CMU, dar “razones a uno mismo y a los otros, en coherencia con las propias convicciones”. Recientemente generó polémica la exigencia del Ministerio de Salud Pública de que la objeción se formule por escrito.

El CMU recuerda que el artículo 40 del Código de Ética Médica aprobado el año pasado establece que “si el médico, en razón de sus convicciones personales, considera que no debe practicar un aborto aun cuando esté legalmente amparado, podrá retirarse de la asistencia, debiendo derivar la paciente a otro médico”. Señalan asimismo que el Código establece como deber del médico “ser veraz en todos los momentos de su labor profesional, para que los pacientes y la sociedad tomen las decisiones que les competen” y “propiciar que el paciente conozca sus derechos y sus obligaciones hacia las instituciones y los equipos de salud”.

Finalmente, el CMU insta “a sus colegiados, a las autoridades de salud y a la población en general a preservar el correcto equilibrio en el pleno logro de estos derechos”. Desde que se aprobó la reglamentación de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, 30% de los ginecólogos del país presentaron objeción de conciencia. En el departamento de Salto, la totalidad de los especialistas se acogieron a esta posibilidad.

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