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Pobladores de Cerro Chato.

Foto: Pablo Nogueira

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Empleados de Aratirí se aferran al proyecto, aunque su futuro es incierto y la división que causó entre vecinos parece insalvable.

La minera Aratirí, del grupo indio Zamin Ferrous, anunció el 3 de enero en un comunicado que había decidido reducir su plantilla de trabajadores a 20 personas y que, tras haber invertido 200 millones de dólares, aún no ha recibido las autorizaciones del gobierno para llevar adelante el proyecto de extracción de hierro en la zona de Valentines, en el departamento de Treinta y Tres. La empresa señala que completó la entrega de los estudios que exige la legislación y se encuentra a la espera desde noviembre de 2011. Mientras tanto, en las localidades en las que ha impactado el emprendimiento, la gente debate sobre el futuro, el desarrollo, las oportunidades, el medio ambiente y el trabajo; por ahora, viviendo como siempre.

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Editar

El local que tenía Aratirí en Cerro Chato está vacío. De las viviendas que alquilaba para albergar personal extranjero o de otras localidades del país queda sólo una. Unos 110 trabajadores directos de la minera permanecen desde enero de 2012 en seguro de paro y este año consiguieron una prórroga por 180 días más.

Según un comunicado de la empresa, el personal se redujo a 20 funcionarios. Pero desde el comité de base de trabajadores de Aratirí, que integra la Unión Nacional de Trabajadores del Metal y Ramas Afines (UNTMRA), se advierte que en esa cifra están incluidos los trabajadores de la planta de Valentines y los de las oficinas en Montevideo, que son la mayoría. Francisco da Silva, integrante de la Dirección Nacional de la UNTMRA por la rama minería, señala que además no se tiene en cuenta que Aratirí subcontrató por lo menos a cuatro empresas que llegaron a ocupar a 200 trabajadores en las tareas de prospección y exploración que se realizaron, y que tras cumplir el primer período de seguro de paro fueron despedidos. También explica que a fines del año pasado la empresa ofreció despidos incentivados, pero sólo 15 trabajadores los aceptaron. “Nosotros queremos defender la fuente de trabajo”, agrega, y explica que el sindicato promovió la no aceptación de los incentivos.

Vacío

Valentines es un pueblito de 300 habitantes ubicado en el kilómetro 234 de la ruta 7. Ya en 1965 las autoridades de gobierno comenzaron a proyectar la explotación de los yacimientos de hierro en la zona, pensando en el desarrollo de una industria siderúrgica nacional. Durante la dictadura, en 1976, se decretó el Plan de Estudios de la Zona Ferrífera, que retoma las prospecciones. Los vecinos o más viejos del lugar recuerdan que “los militares venían con máquinas perforadoras que trabajaban incluso de noche con unos enormes focos de luz”.

Tras la llegada de Aratirí, en 2007, el pueblito volvió a pensar en el desarrollo económico y el trabajo, pero de nuevo, como en una historia repetida, se volvió a la incertidumbre. La enorme riqueza que permanece escondida debajo de la tierra en decenas de kilómetros a la redonda no se percibe en la superficie, donde la mayoría de la gente sigue viviendo del trabajo rural aplicado a una ganadería extensiva que implica mínima mano de obra y salarios bajos.

Aratirí instaló en Valentines la planta donde se evalúan las extracciones minerales producto de las perforaciones que se realizaron en toda la zona. Pero ahora la decena de enormes galpones está vacía de personal y los casi 30 contenedores llenos de mineral que permanecen en el predio no necesitan más que unos guardias.

Entre Valentines y Cerro Chato, por la ruta 7, se puede visualizar las perforaciones. Unos tubos blancos emergen a la superficie desde lo profundo de la tierra, señalando que ahí abajo está el “oro rojo” de la discordia. Es que siguiendo la ruta hacia Cerro Chato empieza a aparecer la resistencia. Un tubo blanco en un predio y en el siguiente un cartel de cara a la ruta que dice: “No a la megaminería, a la megacorrupción, a la megadestrucción”. Poco más adelante, en la portera de una estancia escribieron: “Producimos carne a cielo abierto”. A medida que se va llegando a Cerro Chato, los carteles se repiten cada vez más.

Cerro Chato es un pueblo de unos 3.000 habitantes, muy unido como comunidad pero dividido políticamente. La localidad abarca las seccionales 6ª de Treinta y Tres, 8ª de Durazno y 4ª de Florida. Mudarse de calle puede significar tener que pagar la contribución inmobiliaria en otro departamento. Con orgullo, los vecinos destacan que fue el primer lugar del país donde hubo voto femenino. En 1927 se realizó un plebiscito para pronunciarse sobre a cuál departamento querían pertenecer y triunfó Durazno, con 80% de adhesión, pero más tarde la instancia electoral fue anulada por ser considerada inconstitucional. El historiador olimareño Néstor Faliveni confirma que en esa oportunidad votaron por primera vez las mujeres.

La actividad económica del pueblo, hasta la llegada de Aratirí, se mantuvo en torno a la producción agrícola ganadera y más recientemente a la forestación. De hecho, por la ruta 7, a la altura de la localidad, el tránsito principal está constituido por camiones con madera que viajan hacia el sur, con una frecuencia que llega a uno cada diez minutos.

Cifrando

Una encuesta encomendada por Aratirí a la consultora Cifra, realizada entre el 8 y el 15 de noviembre entre 117 adultos de la zona de Cerro Chato, dio como resultado que 36% de los entrevistados dijo que la situación de su familia es mejor que hace un año, mientras que 39% dijo estar igual y 22% peor. En cuanto a la percepción de su situación en el futuro, 53% dijo que va a estar mejor que ahora, 8% igual, 20% peor y 19% no supo responder o no contestó.

Sobre los rubros en los que trabajan actualmente los encuestados, el sondeo establece que 27% son empleados públicos, otro 27% se desempeña en la ganadería o la agricultura, 14% en los servicios, un porcentaje igual en el comercio, 9% en el transporte, 5% en la construcción y 5% en la minería. En cuanto a la opinión sobre el impacto que tendrá en la zona el proyecto de Aratirí si se concreta, 70% cree que mejorará la calidad de vida, contra 19% que dijo que empeorará, 3% que será igual y 8% que no sabe. También, 42% de los consultados contestó estar suficientemente informado sobre el proyecto, mientras 44% dijo estar poco o muy poco informado.

Están cambiando los tiempos

Con la instalación de la minera, el pueblo se vio transformado en múltiples sentidos. Mauro Márquez, delegado sindical de Aratirí, explica que además del incremento del trabajo, el poder adquisitivo de los trabajadores “se elevó muchísimo”. Como ex asalariado rural cuenta que percibía un salario de 6.000 pesos, mientras que actualmente el salario mínimo que paga la minera es de 19.000. Además, la sindicalización masiva de los trabajadores, que comenzaron a demandar mejoras, permitió que “se lograran condiciones de trabajo que no eran comunes” en la zona. Todo esto redundó en que se cortara el flujo emigratorio, sobre todo de los jóvenes del pueblo, creciera el consumo local, se construyeran y reformaran viviendas y, como no podía ser de otra manera, aumentara el endeudamiento. Otro de los cambios impactantes fue que en la plantilla de Aratirí, 30% son mujeres, mayoritariamente jóvenes.

Esta nueva realidad laboral y económica caló tan hondo en quienes trabajan en la minera que afirman: “Si perdemos esta fuente laboral nos tenemos que ir del pueblo, porque lo que te queda es volver al campo a ganar menos de la mitad”, explica Márquez.

Por su parte, Da Silva destaca que la sindicalización era “desconocida” en Cerro Chato. “Por primera vez empezó a haber actos por el 1º de mayo” y una organización sindical con “97% de trabajadores afiliados” comenzó a participar en las actividades sociales del pueblo, ya que “colaboramos en todo lo que se pueda”. “La instalación de esta industria ha traído también un cambio cultural y muchos de los que están en contra de Aratirí son los que quieren que todo siga igual, porque a ellos nunca les faltó nada”, sostiene Da Silva.

El planteo de los trabajadores es definitivamente favorable a la instalación de Aratirí, pero explican que quieren “una minería moderna y responsable que genere nuevas industrias en el país, agregándole valor al mineral extraído”. El objetivo debe estar en tener “una industria siderúrgica nacional en la que la extracción del hierro sea un eslabón más de la cadena”, expresa Da Silva.

Además, plantean que el Estado debe jugar un papel “fundamental” para “no regalar algo que es de todos los uruguayos”, intervenir con “impuestos y cánones” para promover la distribución de la riqueza, y exigir un riguroso control del impacto ambiental en todas las etapas del proyecto por intermedio de la Dirección Nacional de Medio Ambiente y de la Dirección Nacional de Minería y Geología.

Pero otra parte de la sociedad de Cerro Chato se manifiesta contraria a la instalación de Aratirí. Daysi Elena, comerciante y productora rural local, explicó que cuando se inició el proyecto “nadie sabía muy bien de sus alcances”. “La empresa se presentó ante los productores y no les explicó sobre las consecuencias”, agrega. Elena dice que cuando comenzaron a comprender las dimensiones del emprendimiento empezaron a organizarse para evitarlo. Forma parte de un movimiento, integrado mayoritariamente por productores de Cerro Chato, Valentines, Tupambaé y Vichadero que está en contra de un proyecto de “minería extractiva que pretende explotar 95% de los yacimientos en sólo 12 años”. Se reúnen todas las semanas en diferentes lugares y, según dice, “cada vez somos más”.

Elena afirma que lo importante no es Aratirí sino “el proyecto de minería de gran porte”, porque “si no lo hace esta empresa lo va a hacer otra”. Como ya se completaron las primeras etapas del proceso con la prospección y exploración, los productores que están en contra prevén que Aratirí va a vender el proyecto a otra minera “más importante” que se encargue de la explotación. “No hay pueblo que se haya hecho rico alrededor de la explotación minera”, dice, y critica que la empresa no haya dado la información necesaria desde un principio. “Nos tomaron el pelo abiertamente [...] menos mal que se paró todo”, expresa. Sobre el incremento del valor de la tierra y las propiedades que tienen mineral, Elena explica que “eso le puede interesar a quien va a vender. Yo no quiero vender, quiero seguir trabajando en el campo y me gusta Cerro Chato así como es, con su idiosincrasia”.

Convivir

El sacerdote Sebastián Silvera Ramos es párroco de la iglesia católica de Cerro Chato desde hace 14 años, además de ser oriundo del pueblo. Recuerda que desde su infancia la explotación de los yacimientos de hierro en la zona “se miraba con expectativa y esperanza por la posibilidad de progreso”. Silvera explica que cuando llegó Aratirí comenzó a contratar gente del pueblo y a pagar salarios “muy buenos para la zona”. “Los muchachos se empezaron a entusiasmar con ese trabajo por la seguridad de un sueldo fijo, empezaron algunos a constituir familia, a generar un movimiento comercial importante y a quedarse en el pueblo”, explica.

Pero además de dar “trabajo a muchos”, Aratirí también significó “un desafío para la convivencia” porque de a poco empezaron a sumarse “voces discordantes”, agrega. Primero, porque “hubo algún ingreso desprolijo a un campo”; luego, porque “apareció la preocupación por el medio ambiente”.

Silvera entiende que la resistencia mayor proviene de “gente de campo, propietarios de predios donde hay hierro, que empezaron a quejarse porque sienten que van a ser desplazados y no van a seguir trabajando en lo que trabajaron siempre”. Pero el sacerdote reivindica las cosas “positivas” que trajo Aratirí. “Los muchachos dejaron de andar dando vueltas con las motos en la noche por ahí, tenían que levantarse temprano; se generó una responsabilidad con respecto al trabajo”, explica.

También cree que existe una subcultura, una forma de establecer los vínculos, que se vio impactada por la llegada de Aratirí. “Algunos se marearon un poco, otros no se sintieron muy cómodos con la cuestión sindical y se alejaron, y hubo muchos distanciamientos”, dice.

Silvera explica que “hubo como una especie de primavera, de movimiento en la esperanza porque muchas cosas podían cambiar, pero si esto salía tan rápido como se pensaba, no existía en el pueblo estructura social para contenerlo”, expresa, en referencia a los servicios de salud, educativos, de vivienda y a la seguridad pública, aunque reconoce que Aratirí “se hizo presente en muchas cuestiones del pueblo con donaciones concretas”. Otras colaboraciones más importantes “quedaron en conversaciones” ante la incertidumbre del futuro del proyecto. En este momento “estamos en una especie de desorientación porque la gente esperaba continuidad”, concluye el párroco.

Menos el cura, en Cerro Chato todos tienen, y expresan, una opinión a favor o en contra de la minera. Algunos hablan de las catástrofes que se avecinan si el proyecto se concreta. En Valentines, un vecino afirma que se van a tener que ir todos porque “a las casas se les van a rajar las paredes”. En Cerro Chato, un trabajador en seguro de paro afirma que un estanciero le dijo que estaba en contra de Aratirí porque “ya no va a haber gente para trabajar en el campo”. Opinan también los periodistas locales como Gutimber González, que sostiene que detrás de este debate hay “dos proyectos productivos” de país, el agrícola-ganadero y el industrial. Hay quienes se comparan con la localidad de Minas de Corrales, en Rivera, donde se explota oro, y dicen que la minería “no le dejó nada a ese pueblo”.

Pero más allá de la situación actual del proyecto, y de los pros y contras, en la zona todos coinciden en que como los yacimientos ya fueron identificados con precisión -como nunca se había hecho-, tarde o temprano un recurso escaso como el hierro va a ser explotado, lenta o rápidamente, por una multinacional o por el Estado, dejando mayor valor agregado en el país o no, afectando gravemente al medio ambiente o bajo rigurosos controles estatales y sociales que mitiguen los daños, pero explotado al fin.

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