Los juzgados civiles están ubicados en el edificio Palacio de los Tribunales, cuya entrada principal está frente a la sede de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) y del Pasaje de los Derechos Humanos. El despacho de la jueza Mariana Mota está en el tercer piso. Como el resto de las instalaciones, está impecable. Es amplio, tiene monitores modernos, un mobiliario a nuevo, aire acondicionado y mucha luz natural. Los ventanales están orientados hacia la plaza Cagancha.
A excepción de un reloj y un portalápices, no tiene objetos personales. Encima del escritorio, tres libros conforman una pila. El que está encima de todos se titula El costo de los derechos. Está rodeada de expedientes. El de más páginas es una demanda por 170.000 dólares de una aseguradora contra varias empresas vinculadas al transporte marítimo. Al costado, hay otra demanda sobre responsabilidad médica radicada por una paciente que no quedó conforme con su cirugía estética. El tercero también es una demanda por la venta de bienes sin solventar. “Todo es dinero de por medio”, comenta.
Esta semana vence el plazo para que la SCJ envíe al Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA) las explicaciones sobre el traslado de Mota del ámbito penal al civil, efectuado en febrero. Mota presentó el recurso ante el TCA el 2 de setiembre, luego de que la SCJ rechazara el pedido de nulidad y ratificara, por tanto, la decisión de su traslado. Luego de que la SCJ entregue su escrito ante el TCA, se abrirá un período para la presentación de pruebas por parte de Mota y luego cada ministro tendrá un plazo para pronunciarse. El proceso puede demorar dos años. Si el TCA ratifica la decisión de la SCJ, Mota recurrirá al ámbito internacional por intermedio de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que podrá emitir recomendaciones al Estado uruguayo, aguardar su cumplimiento y, en última instancia, elevar el caso a la Corte Interamericana. Este proceso puede demorar varios años más.
-El canciller Luis Almagro anunció que incluirá su traslado en el informe que el Estado presentará en febrero para el Examen Periódico Universal del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). ¿Cómo se lo tomó y qué expectativas tiene?
-No sé cuál es el sentido. Me produce un sentimiento ambivalente. Por un lado, está bien que se plantee; pero, por otro, habría sido mejor que no se hubiera llegado a esa instancia. El Estado ha estado activo en algunas instancias, pero no ha tenido el papel que debería haber tenido en derechos humanos. Podría haber tenido una mejor actuación en lugar de plantear “qué mal que estuvieron”. Eso no lo saca de su responsabilidad. Cancillería es parte del Estado. El Poder Judicial, también. Cada organismo del Estado debe asumir su rol y sus responsabilidades.
-¿Le informaron de esta decisión?
-Formalmente, no. Para nada. Lo que sé es por la prensa.
-El relator de la ONU para la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición, Pablo de Greiff, mencionó la preocupación por su traslado durante su conferencia en Uruguay, pero no incluyó en el listado de los encuentros bilaterales que tuvo con usted. ¿En qué contexto ocurrió?
-Fue una reunión privada, sin otros interlocutores más que él, una asistente y yo. Me produjo mucha satisfacción coincidir en muchos conceptos, me gustó cómo conocía toda la situación de Uruguay y el contexto en que se daba. Hablamos de cómo se investigaba, de las carencias que había para investigar y de todo lo que falta. Mi situación particular quedó para lo último; más que nada hicimos un intercambio de los puntos relacionados con su mandato.
-Como en el fallo de la Corte Interamericana en el caso Gelman versus Uruguay, De Greiff en su informe recomienda “capacitar a jueces y fiscales en derechos humanos”. ¿No es paradójico?
-Tiene un porqué histórico. En la época de la dictadura no hubo formación en derechos humanos. La cátedra con ese nombre empieza a existir en la carrera a principios de los 90. Yo no la tuve [ingresó a la Facultad de Derecho en 1983]. La mayoría de los jueces no están formados en este aspecto. No recibimos un encare de conocimiento de todo lo que es la normativa internacional, cómo se integra, cómo se interpreta, cómo se trabaja todo junto en el análisis de un caso con el derecho interno, cuál es la primacía de una sobre otra. No se trata sólo de saber la norma. Hay todo un saber que tiene que ver con esto que nunca nos fue dado. A veces se entiende que derechos humanos es aquello que está afuera. En el no-saber se los coloca entre “esos tratados internacionales que hay que empezar a aplicar cuando haya algún caso que los mencione”. Es como otra lectura del derecho en general. En realidad, en todos los derechos, en todas las áreas, existe un derecho humano que está relacionado. Entonces deberían estar integrados siempre. En un caso siempre hay un derecho humano que se está invocando al menos de alguno de los lados.
-En Uruguay, la figura del juez está sacralizada. Por un lado, eso le da legitimidad a la SCJ; pero, por otro, parece admitir la lectura “los jueces no se equivocan”, “los jueces no cometen injusticias”.
-Hay mucha preocupación en que los jueces no hablen, en que no se sepa qué es lo que hacen; parece que no tuvieran vida privada. Los jueces somos seres humanos y nos podemos equivocar. Puede haber jueces que hacen cosas malas. No creo que no haya ningún juez que no ejerza violencia doméstica. Pareciera que los jueces estamos más allá del Estado, más allá de la sociedad, exentos de nuestras concepciones. El punto es que eso no puede condicionar tu decisión, ése es el riesgo y la responsabilidad. Eso es lo peligroso, y por eso tenemos que estar bien formados. Nuestras decisiones marcan las vidas de las personas. Trato de que no me pase, pero nosotros mismos nos colocamos por fuera del conflicto. Para entenderlo y tomar una decisión hay que estar por dentro. Eso no significa tomar partido, significa que a medida que uno entiende a cabalidad cada una de las partes, puede resolverlo.
-Alguna vez afirmó haber sentido impotencia en el ejercicio como jueza. ¿Cómo puede sentirse eso en un lugar de tanto poder?
-Lo que pasa es que tanto poder no es tanto poder. Uno trabaja dentro del Estado, se precisa la colaboración de otros poderes -en el tema de los derechos humanos era vital-, con reglas de juego preestablecidas. A veces te encontrás con una parte que te está mintiendo alevosamente o en una situación en la que otro abogado no sabe defenderle los derechos. Uno dice “esto es horrible”, pero no se puede hacer mucho porque hay reglas, que son las que dan garantías. Uno tiene maneras de poder equilibrar esas diferencias, pero a veces no se puede, por ejemplo, porque no tengo la prueba. A veces no podés llegar.
-¿Las últimas decisiones de la SCJ podrían ser interpretadas, por los actuales estudiantes y futuros jueces, como una señal de “no te metas con determinados grupos de poder”?
-Quien estudia Derecho, le gusta realmente y tiene convicciones, no hace esas lecturas. El Derecho va más allá de las personas que lo aplican. Es una herramienta que sirve para resolver los conflictos entre personas; no es la única. Bien utilizada y bien interpretada, siempre va a servir. Cuando yo era estudiante también tenía una idea de lo que era el ejercicio, y después tenés otra. Eso pasa en todas las profesiones. Los derechos de las personas que no pueden hacer valer sus derechos están esperando por esos otros abogados.
-Habla de “interpretar las normas”, de “reglas preestablecidas”. Están las “dos bibliotecas”. ¿La Justicia es una sola?
-Siempre hay que tratar de elegir la norma, la regla o el principio que más proteja el derecho. Siempre. Siempre va a ser una elección entre una posición y otra. Ahí entra el factor humano, que puede estar o no en el juez. Siempre hay que buscar aquella que más proteja, y ahí vas a tener una sola lectura.
-El traslado de un juez del ámbito penal parece no ser visto como un ascenso. ¿Hay una visión de la Justicia civil como “la segundona”?
-Hay un imaginario interno que no necesariamente responde a la realidad, ni por casualidad. En general, la materia civil es bien compleja, requiere mucho estudio; entre los abogados se dice que es la reina del Derecho porque es la que se ha desarrollado desde lo más antiguo. La SCJ dijo que [el traslado] era una promoción. Yo no lo vivo así, por supuesto, pero no creo que haya una diferencia entre civil y penal en cuanto a jerarquía. Pienso que tiene más visibilidad lo penal porque es lo que la gente maneja más habitualmente, es lo que abordan otras personas que no llegan a lo civil. La señora a la que le arrebataron la cartera probablemente nunca haya pasado por un juzgado civil. La relación que tiene con la Justicia es ésa. En lo material, este despacho es decente. Los despachos penales son catastróficos. A veces tenía que empezar a juntar sillas por las oficinas. Es como otro tipo de justicia, para otra gente. Es gente que puede tener que esperar horas y horas para declarar. Testigos, víctimas, los propios policías. La situación de las personas indagadas, también. El [juzgado en lo] penal tiene un olor particular. Acá, notoriamente, es otra cosa, porque son otros los intereses que se manejan. Prácticamente en todos los expedientes hay dinero de por medio. Desde que estoy [en marzo] no he visto ninguna causa que no termine en dinero, no he visto un solo defensor público, son todos abogados particulares, los escritos tienen timbre. Es otro mundo. También debería haber gente que reclamara otra cosa, pero no llega.
-La señora a la que le arrebataron la cartera, ¿qué podría reclamar en la Justicia civil?
-Podría reclamar que el Estado no le ha garantizado su derecho de seguridad al caminar libremente por la calle sin que le roben. Porque no todo el derecho civil se resuelve en lo económico. Es lo que sucede, pero no necesariamente. Pensando en lo que debería ser el desarrollo de los derechos humanos, en las sedes civiles también se podría reclamar el reconocimiento de la vulneración de derechos. Más allá de resolver el conflicto con una mediación, hay que recomponer el vínculo entre las partes. Eso lo podrías trasladar de una situación de particular a particular a una relación con el Estado, que es el que nos protege y nos garantiza los derechos, pero ha habido situaciones en que nos ha vulnerado gravemente.
-¿Y el familiar de un desaparecido, un ex preso político o un exiliado de la dictadura?
-Puede reclamar que el Estado asuma la responsabilidad respecto de lo que pasó, independientemente del ámbito penal. Que se pueda investigar lo que ocurrió. La mayoría de estas víctimas del pasado reciente no busca resarcimiento económico. El reconocimiento de víctimas va más allá de un tema económico. Hay personas que están recibiendo remuneración por la Ley de Reparación, pero siguen siendo aisladas en la sociedad con esa etiqueta de víctima y en realidad no se conoce en qué circunstancias. Es importante que la persona pueda ir y enfrentar a un juez civil -capaz que el único juez después de haber visto jueces militares-, decirle lo que le pasó y que el Estado, por intermedio del Poder Judicial, busque toda la prueba, investigue, le dé una información, asuma y reconozca esa vulneración, y esa persona reconstruya su historia. Incluso, porque a veces no hay una cuestión penal clara. Los exiliados, los destituidos, la cantidad de grupos sociales cercenados en su derecho de reunión o asociación, la pérdida de la calidad de estudiante. Hay un montón de derechos limitados o anulados, pero no necesariamente hay una actividad dolosa, un Fulano en particular responsable de un delito. En esos casos, se puede perfectamente acudir a un juzgado civil.
-¿Le parece que hay una relación entre derechos humanos, género y pasado reciente? Estoy pensando en mujeres como Mirtha Guianze, Macarena Gelman, Sara Méndez, las viejas…
-Me chocaría decir que es porque tenemos una sensibilidad especial o porque somos madres. Eso me parece un encasillamiento que me molesta muchísimo. Pero he hecho esa constatación. En temas de derechos humanos siempre terminamos siendo todas mujeres. Peleamos con mucha convicción y terminamos arriesgando mucho más. Pero no tengo una respuesta. Me gustaría que alguien me lo dijera.
-¿Por qué te dedicaste a esto?
-Estas cosas se traen. Ya en el liceo era catalogada como “defensora de pleitos perdidos”. Estando en facultad me atrajo eso de buscar la verdad. No quería defender solamente, quería saber lo que pasó.