Buena parte de las autoridades uruguayas han sido incapaces de entender de qué se tratan los derechos humanos en estos 28 años de democracia imperfecta. La represión que precedió al golpe de Estado, su recrudecimiento durante la dictadura cívico-militar y las acciones y omisiones posteriores para afrontar (o eludir) estos crímenes dejaron pendiente esa asignatura. Como muestra, un par de botones: dos ministros, uno de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) y otro del Poder Ejecutivo, exhibieron en las pasadas semanas una alarmante ignorancia en la materia.
Eleuterio Fernández Huidobro, jefe de la cartera de Defensa, resumió el mes pasado que “la nueva agenda de derechos” consiste en que “los homosexuales se puedan casar y cosas así”. Esta agenda, dijo, responde a la intención de “Estados Unidos y la socialdemocracia europea” de “no hablar de lo que importa” y dejar de lado “nada menos” que “la lucha de clases”. “Ese radicalismo con las mujeres, los homosexuales y esto y aquello no jode a nadie y somos tan giles que no lo vemos”, declaró al semanario Caras y Caretas. Y remató: “Los homosexuales ricos no tienen ningún problema, nabo. El problema es que hay ricos y pobres”.
El miembro de la Suprema Corte Julio César Chalar sugirió la semana pasada a los familiares de desaparecidos que sustituyan sus denuncias ante la Justicia Penal por demandas civiles. En la primera “no hay respuestas”, dado que, según él, su “finalidad de esclarecer y castigar delitos” se dificulta porque “fallece el imputado o por la razón que sea”. En cambio, aseguró, los estrados civiles pueden “llegar a obtener la verdad” y, como acotó el entrevistador del semanario Búsqueda, “otorgar una reparación material a los demandantes”.
El desdén de Fernández Huidobro por los derechos humanos ha llegado a la caricatura. Tras el fracaso del referéndum contra la Ley de Caducidad en 1989, se opuso a toda iniciativa para desactivarla, mientras él y otros ex guerrilleros tupamaros establecían vínculos de camaradería con militares que los reprimieron. Hace dos años, siendo senador, cuestionó el dictamen de la Corte Interamericana por el caso Gelman, al entender que “la OEA tiene un pasado siniestro en violación de derechos humanos” y que muchas denuncias “se hacen no con un fin de justicia, sino por objetivos económicos”. El año pasado, ya como ministro, desacató la pericia fotográfica ordenada por la jueza Mariana Mota en el Batallón 13, en el marco de una denuncia por torturas.
El juez Chalar, subdirector del Departamento de Jurisprudencia de la Suprema Corte en 1979 y 1980, demostró en menos de un año como miembro del cuerpo una determinación a mantener la Ley de Caducidad similar a la de Fernández Huidobro. Este magistrado redactó en abril la declaración de inconstitucionalidad de los artículos 2 y 3 de la ley 18.831, que reafirmaban el principio internacional de imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad, en relación con el asesinato en 1974 del heladero Aldo Perrini en un cuartel de Colonia y sellando la impunidad del general retirado y torturador confeso Pedro Barneix. En febrero, Chalar había avalado una declaración similar, amparando al policía Ricardo Zabala, procesado por el asesinato en 1977 del maestro y periodista Julio Castro.
Este lunes, la jueza Mota desacreditó en declaraciones a la diaria la contradicción entre los juzgados civiles y los penales para abordar los crímenes de la dictadura. En la Justicia civil “no he visto ninguna causa que no termine en dinero” ni “un solo defensor público”, dijo. Por otra parte, recordó, “la mayoría de las víctimas del pasado reciente no buscan resarcimiento económico”, y muchas ya reciben “remuneración por la Ley de Reparación”.
Ocho meses después de su traslado del fuero penal al civil, que dejó truncos numerosos juicios contra represores, Mota también lamentó las carencias en la capacitación de los magistrados. “En la dictadura no hubo formación en derechos humanos. La cátedra con ese nombre empieza a existir en la carrera a principios de los 90. Yo no la tuve. La mayoría de los jueces no están formados en este aspecto”, afirmó. Los miembros actuales de la Suprema Corte se recibieron de abogados entre 1973 y 1978.
Parece mentira que el juez Chalar haya impartido cursos y dirigido congresos nacionales e internacionales sobre derechos humanos. Parece mentira que el ministro Fernández Huidobro haya estado recluido como rehén durante los 13 años de la dictadura.
En su Lógica viva, Carlos Vaz Ferreira describía un “error de falsa oposición muy común”: incurrir en la falacia de considerar “teorías, posiciones y opiniones” complementarias como si fueran contradictorias. Ni la “nueva agenda de derechos” se opone a la lucha de clases ni el derecho penal se opone al derecho civil. Es una lástima que los ministros Chalar y Fernández Huidobro ignoren cuestiones básicas de derechos humanos, pero aun más penoso es que ambos se hayan rifado una de las bolillas más fáciles de Filosofía en el liceo.