Para muchos uruguayos debe de ser difícil imaginar un barrio sin policías. La situación de ayer en el barrio Santa Catalina era peor. No había policías porque, según denunciaban los vecinos, hasta la noche del lunes habían sido sus peores enemigos, especialmente de los jóvenes.
La muerte de Sergio Lemos, de 19 años, en manos de efectivos policiales el lunes de noche derivó en una fuerte y anárquica protesta que abarcó todo Santa Catalina. La Policía justificó el accionar contra el joven argumentando que había participado en un asalto a un almacén del barrio y había disparado a los agentes que estaban en la zona. Pero esa versión resultó totalmente inverosímil para los vecinos que conocían a Lemos, quienes destacaron que era un joven “trabajador”.
Dicen que la noche “estuvo brava”, que “se pudrió todo”, y algunas huellas de eso se podían ver en las calles del lugar: rastros de llantas quemadas y pintadas en los muros que decían “fuera la represión policial” o “policías asesinos”. La furia era tal que muchos no querían saber nada ni con la Policía ni con la prensa. A eso de las 19.00, en la entrada este del barrio (Camino Burdeos y Camino Santa Catalina) se habían colocado ramas de árboles que impedían la circulación de los vehículos. El otro corte de tránsito se había hecho en Santa Catalina y Rubén Darío, donde una muchedumbre de jóvenes habían prendido fuego varias llantas.
En la plaza ubicada entre las calles Las Rosas, Dallas y Rubén Darío, el recientemente procesado por la asonada en la Suprema Corte de Justicia Jorge Zabalza tenía estacionado su auto y conversaba con algunos vecinos. En un principio se iba a hacer allí una marcha en silencio y con velas, pero luego la concentración se trasladó a la esquina de la línea del fuego.
Algunos de los manifestantes mantenían una actitud hostil hacia la prensa. “Rajen de acá o les damos cascotazos”, gritaban algunos muchachos que se encargaban de que el fuego no se apagara. Otros querían hablar de la situación y aprovechaban la ocasión para expresarse. Luego la tensión se apaciguó y se acostumbraron a la presencia de los periodistas, aunque los camarógrafos no prendían sus cámaras y los fotógrafos no trabajaban con comodidad.
Quienes estaban allí intentaban explicar la situación. La Policía había sido muy dura con el barrio, decían. “Vienen a experimentar acá”, sostuvo una señora. Otra enumeró los hechos ocurridos este año: primero, las detenciones sin motivo de varios jóvenes en la madrugada del 3 de setiembre; después, la disconformidad con la instalación de la planta regasificadora; por último, la muerte de Sergio Lemos. Un hombre explicó que después de las detenciones del 3 de setiembre los vecinos empezaron a comentar entre ellos varios abusos policiales. Dijeron que son muchos y constantes, y que todo comenzó este año. También sostuvieron que Santa Catalina es un barrio tranquilo, en el que no hay muchos ladrones y los que hay no roban allí. “Cuando roban, es gente de afuera”, explicaron.
Con respecto a Sergio, todos estaban seguros de que no había tenido nada que ver con el asalto, que era una persona trabajadora y buena, que simplemente estaba andando en moto por la vuelta cuando ocurrió el hecho. “Hubo testigos de que los policías dijeron que si encontraban un arma estaban salvados”, comentaron.
Pasados
El presidente José Mujica también opinó sobre lo ocurrido en Santa Catalina. Asistió ayer a la conferencia del gobernador de Río Grande del Sur y en ese contexto fue consultado por periodistas. Consideró “obvio” el malestar de los vecinos y si bien dijo cree que la Policía “ya tiene esclarecido” cómo sucedieron los hechos, “lamentablemente no se puede reparar la vida que se perdió”. Ante la pregunta de si se está reprimiendo más, contestó que “siempre han pasado cosas así”, aunque opinó que este caso concreto “es un pasarse de la raya”.
Contradictorias
De mañana, el titular del Ministerio del Interior (MI), Eduardo Bonomi, fue consultado por este caso y manifestó a la prensa que su cartera lo estaba investigando. No obstante, manejando solamente la versión policial, sostuvo que el joven muerto le había disparado primero al efectivo, que estaba recabando información sobre la rapiña, por lo que éste se defendió.
Pero en la tarde el MI rectificó la información. Mediante un comunicado informó que “a través de los partes policiales, declaraciones vertidas por los policías intervinientes y testimonios de vecinos y personas que estuvieron cercanos a los hechos, se han recolectado elementos -algunos contradictorios- sustantivos a la investigación”, y comunicó que los cuatro policías involucrados en el hecho, que pertenecían a la Guardia Republicana, según indicó una fuente del MI, “quedaron preventivamente retirados de sus funciones y detenidos a disposición de la Justicia” en la tarde. Ayer los efectivos fueron conducidos ante la jueza María Helena Mainard, que estudia el caso, y hoy volverán a declarar.
La abogada de la familia de Sergio, Mariel Fagián, desmintió tajantemente que él estuviera involucrado en el asalto y explicó que cuando el policía le dio la orden de mando Sergio detuvo la moto pero siguió en movimiento para salir de un charco de agua. “Cuando le empezaron a disparar arrancó”, dijo. Las versiones señalan que recibió balazos por la espalda, entre tres y nueve. Fagián informó además que la dueña del almacén asaltado aportó los videos que registran lo ocurrido, y que según personas que los habían visto “queda claro que no está involucrado”.
El comunicado del MI reconocía la “honda tristeza y congoja” que se vive en “una populosa zona de Montevideo”, pero hacía un “llamado a la mesura y ponderación de todos para depositar la confianza en la Justicia y permitir el rápido esclarecimiento de los hechos”.
Un mensaje similar transmitió el subsecretario Jorge Vázquez a los vecinos de Santa Catalina con quienes se reunió cerca de las 19.00. En el encuentro participó también el director nacional de Policía, Julio Guarteche. Luego de la reunión, en conferencia de prensa, Vázquez expresó que están “todos enormemente preocupados” por el caso y “con la intención de obtener la mayor cantidad de información posible para pasársela a la Justicia”. Hizo nuevamente un llamado a “restablecer la calma” en el barrio: “Sentimos profundamente el dolor de los padres y la familia, pero creemos que esto debe resolverse en un clima de paz”, dijo.
La Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (INDDHH) elevó un pedido de información al MI por este caso. La presidenta interina de la institución, Mariana González Guyer, dijo ayer a Montevideo Portal que el barrio Santa Catalina “aparece como una zona complicada por la cantidad de denuncias de abuso policial”.
Arde Troya
A eso de las 19.30 era claro que no iba a haber oratoria ni marcha con velas. La mayoría de los vecinos miraba con indignación a una minoría de jóvenes que instalaba otra línea de fuego a la altura de Santa Catalina, entre Mochuelo y Lisa. Poco antes de que fueran a encenderlo, Zabalza se acercó a los muchachos acompañado de otros vecinos y, según dijo, los invitó a “reflexionar” sobre lo que estaban haciendo. Finalmente logró evitar un nuevo fuego, aunque a esa altura ya ardía una comisaría móvil ubicada un poco más al norte, en la misma calle Santa Catalina, junto con algunos pastizales. “Esto ya no lo controla nadie”, dijo una señora.
Por entonces ya se corría la voz de que la Justicia había procesado a cuatro policías y que había liberado a quienes habían sido detenidos por desacato el lunes de noche. Uno de ellos llegó en auto al barrio, pero declinó hacer declaraciones a la prensa.
El ambiente se había tranquilizado. Algunos jóvenes comentaban que habían personas infiltradas que “no eran del barrio” y que “venían a dar manija por la regasificadora, mezclando las cosas”. También sostenían que la mayoría de los que prendían llantas “no conocían a Sergio”. Pero caía la noche y las ramas que impedían el ingreso por Santa Catalina y Burdeos ya ardían. De un lado, la televisión transmitía en vivo; del otro, los vecinos se aglomeraban en la entrada al barrio. En un momento llegaron Laura Texeira y Geraldine, dos vecinas que habían estado reunidas con el subsecretario. Dijeron que les comentó que las cosas “se estaban encaminando”, que la Justicia estaba tratando de resolver y “tenía pruebas”, que había cuatro policías detenidos y que, si bien habían rumores de que le habían “plantado” un arma a Sergio Lemos, las autoridades lo desmintieron.
Aseguraron que quieren que la Policía no ingrese más al barrio a golpear a menores, y si bien sostuvieron que Vázquez sostuvo que no está de acuerdo con los excesos policiales, también les dijo que él “no está en todos lados”. “Sé que se equivocan los gurises acá, cometen locuras, pero queremos respuestas de las autoridades y justicia para Sergio”, afirmó Laura, que confirmó las versiones de los dichos de los policías sobre la importancia de encontrar un arma para “salvarse”.
Cuando estas vecinas cruzaron la línea de fuego e ingresaron al barrio se formó una suerte de asamblea espontánea en la que discutían las medidas a tomar. El grueso de los vecinos estaba pendiente de la discusión, pero algunos se cubrieron los rostros e incluso uno de ellos apareció con una máscara de gas y otro con una bomba molotov.
En la asamblea la disconformidad con el accionar policial en el barrio era unánime, pero mientras una mujer llamaba a bajar los decibeles y decía que se había logrado lo máximo a lo que se podía aspirar (se habían reunido con el subsecretario, los detenidos en la noche del lunes habían sido liberados y los policías responsables estaban detenidos), otros se quejaban de que el actual gobierno no se diferenciaba de los anteriores. “Acá muchos tienen que hacer una autocrítica de lo que votaron antes”, señaló un joven. Otro también cuestionó al gobierno: “Ésta es la forma en que nos tratan a los trabajadores explotados”.