El ministro del Interior, Eduardo Bonomi, confirmó ayer de mañana que a Sergio Lemos, el joven asesinado el lunes por efectivos de la Guardia Republicana en Santa Catalina, le “plantaron” un revólver calibre 38 pretendiendo justificar por qué dispararon contra él: tres tiros “de atrás” que le ocasionaron la muerte, poco tiempo después de que un almacén del barrio fuera asaltado. Bonomi coincidió de esta forma con la tesis que sostenían los vecinos de Santa Catalina: el joven estaba desarmado en el momento del hecho (por lo que no pudo haber participado en el asalto) y los policías le adjudicaron un arma que no llevaba para simular su protagonismo en éste.
En declaraciones a El Espectador, el jerarca explicó que “en la propia declaración del policía que decía que le había disparado [a Lemos], no decía que hubiera estado en la rapiña. Ahí está todo el problema”. Según dijo, “el policía estaba tomando declaración a la dueña del almacén cuando le avisan otros efectivos que hacia él van los que habían participado en la rapiña. [A Lemos] Se le da el alto, no para, le tiran de atrás. No hay ningún elemento que diga que el joven estaba armado o que haya tirado, entonces no sólo están estos disparos por parte de un policía, sino que se le planta un arma después. Eso también queda comprobado en la investigación”. El jerarca, que el martes de mañana había dicho, basándose en fuentes policiales, que Lemos estaba armado, resumió ayer que el accionar policial en Santa Catalina fue una “mala praxis”.
Los cuatro efectivos policiales, que estaban actuando en el programa Bus Seguro, declararon ayer ante la jueza María Helena Maynard. Se encuentran detenidos y se espera que vuelvan al juzgado, ya que la magistrada tiene tiempo hasta hoy para decidir su procesamiento. Anoche, al salir de la sede judicial, Maynard dijo a la prensa que no se trata de un caso complejo, que “ya está resuelto” y que se pronunciará hoy.
El abogado defensor de los efectivos, Diego Pérez, sostuvo que “no surge de ningún lado que se haya plantado el arma” y que los policías actuaron siempre “en el marco de la Ley de Procedimiento Policial”. “Ante una situación extrema los policías deben actuar en base a la racionalidad, progresividad y proporcionalidad, y en este caso los cuatro indagados actuaron con esos criterios”, afirmó.
Ayer también fue a declarar Susana Acuña, la propietaria del almacén cuyo asalto terminó en el asesinato de Lemos. Según declaraciones que hizo a Canal 4, Acuña afirmó que Lemos “no tenía nada que ver”. “Al muchacho yo lo conozco desde que está en el barrio y no tiene nada que ver”, agregó. También explicó por qué hizo la denuncia, algo por lo que recibió amenazas de algunos vecinos. Según dijo, hay gente que “no entiende que yo llevo loterías y quinielas, y necesitaba el papel de la denuncia para explicarle al banco por qué no depositaba el dinero”. El martes Acuña había aportado videos sobre el asalto ocurrido en el almacén, en los que, según ella aseguró, se aclaraba que Lemos no había tenido participación.
La situación también generó alarma en algunas organizaciones sociales vinculadas a la defensa de los derechos humanos. Al pedido de informes que la Institución Nacional de Derechos Humanos solicitó el martes al Ministerio del Interior (MI) se sumó un comunicado del Instituto de Estudios Legales y Sociales del Uruguay (Ielsur). El documento destaca que “nuevamente muere otro joven a manos de las fuerzas policiales ante un procedimiento caracterizado por el abuso y la desproporción”. La institución alerta sobre “lo paradigmático que resulta este procedimiento realizado en un barrio montevideano que denunció y demostró abuso policial recientemente”, e insta a las autoridades a “no permitir un nuevo hecho de estas características y actuar con responsabilidad en la investigación, persecución y castigo de estos desbordes cotidianos de la Policía”. “¡Basta de gatillo fácil!”, culmina el comunicado.
El ritmo del barrio
Ayer de mañana, lentamente, el barrio comenzó a retomar la normalidad. Las llantas y ramas de árboles quemadas que impedían el ingreso al barrio fueron retiradas por los vecinos, a pesar de que habían permanecido prendidas hasta primeras horas de la mañana. En la noche, algunos vecinos intentaron prender fuego el almacén asaltado y también una panadería del barrio. “Por suerte se pudo controlar todo y no pasó nada”, dijo una vecina a la diaria. Anoche, varios vecinos realizaban una pacífica marcha en silencio y con velas en honor a Lemos.
Varios vecinos están preocupados por la infiltración de personas que, según dijeron, no son del barrio y tratan de “mezclar temas políticos” con la muerte de Lemos. “Esto se desvirtúa, se mezcla con lo de la regasificadora, y eso pasó ayer [el martes] y es probable que vuelva a pasar”, explicó un vecino, que dijo que en el barrio “todos nos conocemos y los que vienen de afuera están plenamente identificados”.
Esta versión también fue manejada por las autoridades del MI. Bonomi sostuvo en una entrevista con Radio Uruguay que en la “indignación” aparecen “situaciones contradictorias que responden a intereses diferentes”, y recordó que algunas personas incendiaron ayer una oficina de Gas Sayago (la empresa que llevará adelante la regasificadora) y trataron de hacer lo mismo con otros negocios.
Por su parte, Fernando Gil, de la Unidad de Comunicación del MI, escribió en su blog personal: “Hay cosas que no se entienden [...] ¿Qué tiene que ver el local incendiado de Gas Sayago con los hechos ocurridos? ¿Qué sentido tenía destrozar la obra de la guardería de la zona que estaba construyéndose?”. Según asegura, “se aprovechó de la situación para desnaturalizar un reclamo legítimo de justicia”.
Por su parte, el presidente José Mujica se volvió a referir al tema, y al igual que ayer, dijo que la Policía “se pasó de la raya”. Tras una pregunta de los medios de comunicación sobre el pedido de “mano dura” de Jorge Larrañaga para enfrentar los problemas relacionados con la seguridad, el mandatario dijo: “Piden policía militarizada. Se creen que se arregla a tiros”.