En los últimos años hubo avances en nuestras normas sobre el acceso ciudadano a la información, pero en el oficialismo hay descontento con los resultados. Tras el fallo del Tribunal de Apelaciones que obligó a las autoridades de la educación pública a divulgar, contra su voluntad, los datos sobre repetición en cada liceo, la senadora Lucía Topolansky puso en duda que la sociedad uruguaya posea la madurez necesaria para ejercer los derechos que le otorgó hace un lustro la Ley 18.381, cuyo recorte impulsan legisladores frenteamplistas preocupados por el “mal uso” de la herramienta. Habría que preguntarse si el elenco político gobernante tiene la madurez necesaria para convivir con la legislación que aprobó.
Esta semana, cuando se conocieron los resultados correspondientes a 2013 de las pruebas PISA, reapareció el argumento. “Lo central sigue siendo el cuidadoso manejo de estos datos y particularmente el peligro que se corre en un escenario de campaña electoral ya instalado, donde se puede hacer un manejo electoral del tema”, dijo a El Observador el secretario general de la Federación de Profesores de Enseñanza Secundaria (Fenapes), José Olivera, y aseveró que “van a aparecer propuestas facilistas usando estos números para la campaña”.
Es cierto que abundan las lecturas distorsionadas de los indicadores sobre resultados de la educación. En algunos casos, es por intereses políticos y también comerciales (ya que algunas de las propuestas de solución para los problemas educativos que se impulsan sin éxito desde hace años implican oportunidades de negocios); en otros, por una mezcla de ignorancia y frivolidad.
(A menudo hay también cierta incoherencia, ya que, por ejemplo, muchos de quienes defienden a rajatabla la necesidad de adecuarnos a estándares internacionales en materia educativa se oponen con indignación a que hagamos lo mismo en el terreno de los derechos humanos, y viceversa, pero ésa es otra historia).
De todos modos, es alarmante que, ante el hecho de que determinados datos son mal manejados, por politiquería, por incompetencia o por cualquier otra causa, haya quienes piensen que la solución es asegurarse de que la mano invisible del Estado los mantenga en reserva. Y el problema se agrava si quienes así piensan tienen, por la posición que ocupan en el sistema institucional, potestades para imponer tal reserva.
Se puede manejar mal cualquier indicador: no sólo los que muestran resultados de la educación, sino también los referidos a la evolución de los precios, a la prevalencia de enfermedades, a los siniestros en el tránsito, a las intenciones de voto, al desempleo, al uso de bienes culturales, a las opiniones sobre la propuesta de bajar la edad de imputabilidad o sobre la conveniencia de aplicar la pena de muerte, a los horarios del transporte colectivo, a la discriminación de las minorías, a la situación de las cárceles, a la violencia de género, a los hábitos alimentarios, al desempeño de deportistas y al de los magistrados, entre muchísimos otros. La cuestión es que ese mal manejo constituye también un indicador de déficit educativo.
Si fuera cierto que la sociedad no está madura para ejercer su derecho a informarse, la respuesta democrática no debería ser el acotamiento de tal derecho, con criterio paternalista, sino un esfuerzo tenaz y eficiente por mejorar la capacidad de la población para comprender y evaluar la información, de modo que ella dé paso al conocimiento (que no es lo mismo) y a una participación de mayor calidad en la toma de decisiones.
El antídoto contra el mal manejo de los datos debería ser aportar más informaciones, no menos, y democratizar no sólo el acceso a ellas, sino también el acceso a las herramientas necesarias para interpretarlas, cotejarlas entre sí y ubicarlas en su contexto. Para que disminuyan tanto el disparateo como la posibilidad de que los malintencionados tengan éxito.
No vale rendirse con la excusa de que las tendencias culturales contemporáneas conspiran contra la comprensión reflexiva y crítica de realidades complejas. Eso es, en todo caso, otro indicador de déficit educativo, que es preciso afrontar con decisión y eficacia.
Es indudable que los medios de comunicación somos con frecuencia parte del problema en vez de contribuir a su solución. Pero tampoco cabe duda de que la responsabilidad estatal es crucial e ineludible. Y las señales emitidas desde el Estado deberían indicar, con mucha claridad, el compromiso con un creciente acceso a la información, a fin que de podamos aprender a ser más libres.