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Los ministros Enrique Pintado y Fernando Lorenzo en la interpelación, ayer, en el Senado. Foto: Pablo Nogueira

Por la positiva

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Interpelación en el Senado por Pluna culminó con apoyo a los ex trabajadores de la aerolínea en su nuevo proyecto.

La de ayer en el Senado fue una interpelación usual en cuanto al número de horas de sesión, pero inusual en su cierre. Como en otras instancias, la oposición pidió la renuncia de los ministros, en este caso de Fernando Lorenzo (Economía) y Enrique Pintado (Transporte). Pero al mismo tiempo, todos los partidos expresaron su apoyo a los trabajadores de la cooperativa Alas-U. Lorenzo informó que los gastos del fideicomiso en este año ascendieron a casi ocho millones de dólares, la mayor parte por el mantenimiento de los aviones. Además, hay demandas laborales por 12 millones de dólares.

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Fue la quinta interpelación por Pluna desde que llegó el Frente Amplio al gobierno, y la tercera a los ministros de la actual administración, Lorenzo y Pintado. Por este motivo, fue inevitable que se repitieran tanto las informaciones como las críticas. El senador interpelante, el nacionalista Carlos Moreira, centró sus cuestionamientos en la garantía estatal a Pluna SA, la elección de Matías Campiani como socio, la inconstitucionalidad de la ley de liquidación de Pluna y el cierre de la aerolínea “en vísperas de las vacaciones”. Además, consideró que la subasta de los aviones Bombardier de la ex aerolínea fue “un fraude, una estafa y una enorme mentira a la población”.

La primera hora de la interpelación se dedicó a la ausencia del presidente del Banco República Oriental del Uruguay (BROU), Fernando Calloia. La oposición había pedido que compareciera, pero Calloia se limitó a enviar una carta al Senado. En ella sostenía que todo lo relativo al aval a Cosmos está en la Justicia bajo el secreto de presumario, por lo cual está impedido de hacer declaraciones. Además, afirmaba que la declaración de inconstitucionalidad de la ley de liquidación de Pluna por parte de la Suprema Corte de Justicia no implica la nulidad de los actos jurídicos realizados.

Ante esto, el Partido Nacional presentó una moción de orden para que Lorenzo llamara a Calloia y le pidiera que se presentara en el Senado en 30 minutos. Salió negativa, y las críticas arreciaron. “El uso de las mayorías lleva a generar una falta de respeto al electorado. ¿Por qué no puede venir a dar la cara? ¿Es porque mintió?”, preguntó el senador nacionalista Luis Alberto Heber. Sostuvo que Calloia no puede estar al frente del BROU por su “inestabilidad emocional”.

Más o menos inconstitucional

Pintado hizo referencia a las críticas respecto de que este gobierno ha aprobado muchas leyes inconstitucionales. “Parece que éste hubiera sido el gobierno de las inconstitucionalidades. Pero todos los gobiernos tienen una larga experiencia, y algunas muy tristes”, comentó, en referencia a la Ley de Caducidad, declarada inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia. Pintado recordó que durante el gobierno de Luis Alberto Lacalle se aprobaron 16 leyes que luego fueron declaradas inconstitucionales, y que el gobierno de José Mujica aprobó siete leyes inconstitucionales hasta el momento. La administración de Tabaré Vázquez aprobó diez. En el segundo gobierno de Sanguinetti fueron seis las leyes inconstitucionales, y en el de Jorge Batlle, cuatro.

El Frente Amplio (FA) argumentó que la Constitución establece que quienes tienen responsabilidad política son los ministros. Lorenzo explicó que Calloia no es su “subordinado” sino que integra un ente autónomo, y que no tiene obligación de comparecer. No obstante, aclaró que lo invitó a que asistiera. “Me consta la profesionalidad y la honestidad con la que ha trabajado el directorio del BROU”, aseguró el ministro de Economía. El senador Rafael Michelini (Nuevo Espacio) recordó que en la última instancia Calloia tampoco compareció.

En su exposición, Moreira sostuvo que la ley de liquidación fue un “ilegítimo y fallido intento de insolventar al Estado”. Aseguró que la oposición advirtió en su momento que la norma era inconstitucional. “Así que no vale ahora hacerse el desprevenido”, señaló.

Las cifras se llevaron buena parte de la interpelación. Moreira situó las pérdidas del proceso que llevó al cierre de Pluna en 280 millones de dólares. “No podemos admitir que esa plata se fue por el caño y ya”, sostuvo. Pintado cuestionó que se quiera “matrizar una cifra de 300 millones, que es como una especie de profecía autocumplida”. Aseguró que la diferencia entre el pasivo y el activo de la empresa es de 11 millones de dólares, y que esa cifra es la que cuenta.

Lorenzo, en tanto, dio cifras en detalle. Indicó que hasta diciembre de 2012 los gastos del fideicomiso fueron de casi cinco millones de dólares, y que en 2013 ascendieron a casi ocho millones, gasto que se explica en gran parte por el costo del mantenimiento de los aviones Bombardier de la ex aerolínea. Informó que hasta el momento hay cinco demandas laborales presentadas en contra de Pluna SA, Pluna Ente Autónomo, el Ministerio de Economía y el Ministerio de Trabajo, por un monto de 12 millones de dólares aproximadamente.

El ministro de Economía reiteró en varias oportunidades que valora positivamente los “esfuerzos” realizados por el gobierno pero admitió que hay una “distancia” entre estos esfuerzos y los resultados, que “distan de ser satisfactorios”. “Estábamos administrando una experiencia de fracaso”, alegó.

No se va

Pluna, declarada inconstitucional. Confirmó que el profesional continúa asesorando al gobierno. El presidente José Mujica había dicho que el gobierno “se comió la pastilla” con Olivera. “Este señor abogado es el de la pastilla, como dijo el presidente, el pastillero. Redactó la ley vigente y después hizo la que la violaba, y logró convencer al gobierno de que estaba bien. Por suerte tenemos esta Suprema Corte de Justicia”, comentó Moreira durante la interpelación. Además, la oposición cuestionó los honorarios que cobró el estudio de Olivera -300.000 dólares-. Lorenzo respondió que fueron acordes con un profesional “reputado, conocido y experiente”. También se criticó que Olivera haya sido abogado de Matías Campiani, con lo que estuvo “de los dos lados del mostrador”. Lorenzo remarcó que fue abogado de Pluna SA y no de Campiani. Al final de la interpelación, la oposición presentó una moción para que el gobierno “termine la vinculación” con Olivera García, pero fue rechazada por el FA.

En vísperas

Hubo también referencias implícitas y explícitas a la campaña electoral que se avecina. Varios legisladores de la oposición hicieron hincapié en que los responsables de la situación de Pluna son el ex presidente Tabaré Vázquez precandidato del FA para los próximos comicios- y el vicepresidente Danilo Astori. Moreira llegó a afirmar que Astori debería responder con su patrimonio por el perjuicio que se le causó al Estado.

Además, la oposición se centró en asociar el hecho de tener mayorías parlamentarias con la “soberbia” y la “impunidad”. Sostuvo que en las próximas elecciones nacionales “se va a plebiscitar” la “soberbia de la mayoría parlamentaria”. Los legisladores blancos y colorados también cuestionaron los procesos de decisión en la interna del FA, y atribuyeron un papel relevante en las definiciones a la Mesa Política de la coalición de izquierda. “Parece que le pedimos a la doctora [Mónica] Xavier [presidenta del FA] la línea y venimos para acá. Si no resultara tan risueño, sería una falta de respeto. Algunos ya están en la campaña electoral y todo vale”, cuestionó el senador Eduardo Fernández (Partido Socialista).

Luego de diez horas de interpelación, el Senado, con los votos del FA, declaró “satisfactorias” las explicaciones de los ministros. La oposición presentó una moción en la que pidió la renuncia de Lorenzo y Pintado y calificó como “falta grave” la ausencia de Calloia. No obstante, la cercanía con las elecciones no fue obstáculo para que el oficialismo y la oposición votaran una declaración de común acuerdo. En ella expresaron su apoyo a los trabajadores de la ex Pluna “en la defensa de las fuentes de trabajo y en la búsqueda” de un proyecto de aeronavegación. Durante la sesión, la oposición expresó su deseo de que se concretara la recuperación de las fuentes laborales. No obstante, Moreira evaluó que los cambios que tuvo el proyecto de los trabajadores hacen “muy difícil considerar esto algo serio”. En principio los trabajadores de Alas-U se planteaban comprar los aviones Bombardier y ahora la idea es arrendar tres Boeing. Finalmente, también se acordó por unanimidad estudiar el proyecto de los trabajadores de Alas-U en la Comisión de Transporte del Senado.

Hoy la Cámara de Representantes podría considerar un proyecto de ley que prorroga por 180 días el plazo de reserva de los permisos de frecuencias de vuelo asignados a Pluna SA. La iniciativa busca evitar que los permisos caduquen, ya que la empresa en la que participarían los trabajadores de la ex Pluna todavía no tiene las autorizaciones correspondientes para operar.

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