El Fondo para el Desarrollo (Fondes) tiene técnicamente aprobado el préstamo por 15 millones de dólares para la cooperativa formada por ex trabajadores de Pluna, Alas-U. Pero para otorgarlo se esperaba la resolución de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) sobre la inconstitucionalidad de la Ley de Liquidación de Pluna, para concretar la compra de tres aviones de la ex aerolínea. Tras el fallo de la SCJ, que declaró inconstitucional la ley, Alas-U solicitó al gobierno que el Estado se presentara como garantía para que la Justicia aceptara vender los tres aviones, pero como eso no era jurídicamente viable (ya que el Estado ya es garantía ante el Scotiabank por la compra que Pluna hizo de esos aviones), la cooperativa presentó otra alternativa para adquirir aviones y poder ejecutar su plan de negocios.
Según explicó a la diaria el titular del Fondes, Pedro Buonomo, Alas-U presentó la semana pasada un ajuste del proyecto inicial por el cual adquirirían en leasing otros aviones -no los de Pluna-, y negoció con el Poder Ejecutivo que el Fondes otorgue más de 300.000 dólares para poder hacer los trámites necesarios para esta compra. Los detalles se resolverán en los próximos días, pero Buonomo explicó que serán “recursos específicos para avanzar en la adquisición de los aviones”: inscripción de la empresa, viajes de técnicos para chequear estado de los aviones, alquiler de las oficinas en el Aeropuerto de Carrasco, entre otros. “Si consiguen los aviones esa plata es a cuenta del préstamo total, y si, en el peor de los casos, no se concreta la adquisición de los aviones, será un gasto preoperativo del proyecto”, que, aclaró, “no genera deuda para Alas-U”.
Ayer los trabajadores de la cooperativa analizaban esta alternativa, que también fue negociada con el PIT-CNT.
El futuro de Alas-U será uno de los puntos de discusión hoy en el Senado, durante la interpelación que Carlos Moreira (Partido Nacional) hará a los ministros de Economía, Fernando Lorenzo, y de Transporte, Enrique Pintado, por el cierre de Pluna y la declaración de inconstitucionalidad de la ley.