Hoy se realizará la primera audiencia de un juicio que el empresario de la construcción Fernando Barboni le hizo al Estado uruguayo por no haberle entregado en el plazo correspondiente la Estación General Artigas de AFE y su playa de maniobras, según adelantó el domingo El País. La cifra que reclama el empresario por lucro cesante no es poca cosa: 1.000 millones de dólares.
Barboni era el principal accionista de Glenby Sociedad Anónima, que ganó una licitación en 1999, a finales del segundo gobierno de Julio María Sanguinetti, para quedarse con la estación y la playa de maniobras, en el marco del fracasado Plan Fénix. Fue la única empresa que se presentó a la licitación.
Glenby había pactado adquirir estos inmuebles en acuerdo con la Sociedad Anónima de Desarrollos Urbanísticos Fénix (SADUF), que pertenecía en su totalidad al Banco Hipotecario del Uruguay (BHU). En setiembre de 2001 ambas firmas suscribieron un acuerdo que implicaba, entre otras cosas, la compra del predio a AFE, la remodelación de los techos y su fachada y la construcción de una nueva terminal de trenes y playa de maniobras. El monto del proyecto ascendía a 250.000 dólares.
Pero hubo demoras en el traspaso de los predios, que fueron adjudicadas a AFE. El acuerdo finalmente cayó en febrero de 2003 por mora, tras la negativa de Glenby de ocupar el inmueble porque todavía había trenes y otros materiales. Mientras que el BHU demandó a Glenby por incumplimiento, ésta inició un juicio por la entrega de la estación.
Poco antes de la asunción de Tabaré Vázquez las partes llegaron a un acuerdo y desistieron de los juicios, pero tras la asunción de éste, los integrantes del directorio de SADUF (que aún no habían sido relevados por el gobierno entrante) resolvieron de manera inconsulta volver a conceder la estación y la playa de maniobras a Glenby. El gobierno entrante sustituyó a los representantes de SADUF y luego terminó anulando el Plan Fénix.
El tema volvió a los tribunales en 2008, cuando Glenby denunció el incumplimiento en la entrega del terreno. A pesar de que el gobierno intentó anular la concesión, la Justicia resolvió en primera y segunda instancia en favor de Glenby. Si bien SADUF implementó un recurso de casación ante la Suprema Corte de Justicia, ésta falló en abril de 2011 en favor de Glenby, resolviendo que el Estado deberá entregar a esta empresa privada la ex estación central de AFE para su usufructo por 50 años. Durante 2009, el gobierno pretendió, sin éxito, expropiar la estación.
De poder
Fernando Barboni fue un ex empleado de la empresa Onda en la década del 80, luego tuvo un pasaje en el mercado del transporte y finalmente incursionó en el negocio de la construcción. Era muy cercano al ex intendente de Maldonado Domingo Burgueño, del Partido Nacional, al que también pertenece su abogado, Daniel Hugo Martins.
Este empresario adquirió poder en la interna del BHU, al punto de que llegó a estar involucrado en 35% de las obras del banco en ejecución, según datos que surgieron de una comisión investigadora que estudió la “legalidad, oportunidad y conveniencia” de gastos realizados por algunos entes autónomos y servicios descentralizados durante el gobierno de Jorge Batlle, en el anterior período legislativo.
La incidencia que el empresario tenía en el banco comenzó a mermar cuando Graciela Pérez Montero asumió su presidencia en 2003 y denunció las operativas de Barboni con los anteriores directores de la institución. Así, la ex presidenta buscó rescindir todos los contactos que la institución tenía con Barboni, aunque en muchos casos quedó en minoría dentro del directorio, recordaba a la diaria en 2006 el diputado socialista Gustavo Bernini. Durante la visita a la comisión investigadora en ese año, Pérez Montero argumentó que Glenby no estaba cumpliendo los contratos que había firmado con el BHU. “Era evidente el peso que tenía dentro del BHU, saltaba a la vista”, dijo Pérez Montero a la diaria en 2009.
¿Herencia silenciosa?
El secretario de Presidencia, Homero Guerrero, dijo ayer a la diaria que el gobierno contrató para su defensa en este caso al estudio de abogados de Juan Andrés Ramírez, ex ministro del Interior y candidato presidencial por el Partido Nacional en 1994.
En este juicio tendrá que enfrentar a Martins, que fue ministro de Defensa Nacional, también durante el gobierno de Luis Alberto Lacalle. Guerrero admitió que el tema preocupa al gobierno y opinó que la cifra que reclama Glenby es “una cosa descabellada”. Además, no está claro cómo la parte demandante calculó el lucro cesante.
Por su parte, Martins prefirió no hacer declaraciones, ya que, según dijo, no es su costumbre “discutir los temas judiciales por la prensa”. Ayer el diputado del Frente Amplio José Carlos Mahía (Asamblea Uruguay) publicó una columna de opinión titulada “La herencia maldita”, en la que se pregunta: “¿Cuál fue la razón que llevó a los representantes del Estado a entregar después del plazo un bien al cual se habían comprometido a entregar en fecha?”.
Luego interpela a los medios de comunicación, que “tanta atención ocuparon en el tema de Pluna”, a que se ocupen “en igual proporción en un juicio que puede costarle cinco veces más al Estado”. “¿Seguirán con cámaras y micrófonos a los caballeros de la derecha que fueron responsables de este despropósito?”, pregunta. El artículo concluye que este caso representa una “herencia maldita, pura y dura”.
Desde la oposición, los legisladores colorados José Amorín Batlle y Germán Cardoso, y los diputados blancos Rodrigo Goñi y Álvaro Delgado prefirieron no opinar sobre el tema, al no estar interiorizados en el caso. Si bien los nacionalistas integraron la comisión investigadora, prefirieron revisar sus antecedentes antes de emitir alguna declaración: “Era un tema muy enredado, con muchos entretelones”, se excusó Delgado.
En tanto, Amorín, que dijo conocer el tema muy superficialmente, opinó, en relación a Mahía, que le pareció “natural” que “un legislador mediocre” diga “estas cosas”. “Es el mismo mediocre que estuvo cinco años buscando una cosa y nunca encontró nada. En vez de enfrentar los temas del país, habla de cosas del pasado”, criticó.