Lo último que supimos del Consejo de Ministros fue que el 20 de febrero realizó una sesión extraordinaria bastante tormentosa, que fue interrumpida sin que hubiera conclusiones y que se reanudará en algún momento. Lo había convocado el presidente José Mujica ante un crescendo de comentarios públicos acerca de la política económica, que reforzó la imagen de dos equipos en pugna por definir su rumbo, especialmente en lo referido a los impuestos y a su papel en la redistribución de la riqueza: uno encabezado por el ministro de Economía, Fernando Lorenzo, que implica continuidad con la gestión previa del actual vicepresidente Danilo Astori (según había prometido Mujica antes de las elecciones de 2009), y otro formado por figuras cercanas al propio presidente, que actúan como sus asesores directos o en otros cargos institucionales, sobre todo en la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP).
Después de la sesión, Mujica dijo que era necesario “lograr que los compañeros” volvieran a “funcionar como equipo”. Muchos interpretaron que así legitimó la idea de que la política económica debe ser discutida y definida en un ámbito más amplio que el del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).
Desde aquel momento, otros acontecimientos nacionales e internacionales acapararon los principales titulares de los medios de comunicación y dejaron en segundo plano los problemas internos del Ejecutivo. Pero los movimientos en el tablero continuaron.
Quizás el más relevante fue el pronunciamiento de Tabaré Vázquez el martes 26 de febrero, con una definición tan tajante como errónea. Dijo que “los impuestos los debe marcar el MEF en acuerdo con el presidente”, porque “así lo establece la Constitución”, pero en realidad la Constitución ni siquiera indica que deba existir un Ministerio de Economía y además su artículo 174 confiere al presidente de la República, actuando en Consejo de Ministros, la peculiar facultad de “redistribuir” las “atribuciones y competencias” de los ministerios, de modo que la política tributaria puede ser encomendada a Salud Pública. Pero lo importante no es, por supuesto, cuánto sabe o ignora Vázquez sobre Derecho Constitucional, sino su respaldo político al astorismo. Hay que tener presente también que, según trascendidos, el ex presidente le ha hecho saber a Mujica y Astori que su aceptación de una nueva candidatura a la presidencia depende en buena medida de que el oficialismo resuelva sus discrepancias “en términos unitarios”.
Otro apoyo al MEF llegó por medio de una encuesta de la consultora Cifra divulgada por Telemundo y el semanario Búsqueda, en la cual se preguntó si la conducción económica debía estar a cargo de “el equipo de Astori y Lorenzo” o de “el equipo de la OPP, más cercano al Movimiento de Participación Popular”. Eligió la primera opción 56% de los consultados, mientras que la segunda fue preferida sólo por 11%. Esto no debería llamar la atención, ya que “el otro equipo” tiene una visibilidad mucho menor, y es probable que la mayoría de los encuestados no supiera quiénes lo integran ni qué proponen.
A todo esto, como resulta inevitable en el Frente Amplio cada vez que se plantea una polarización, asomaron propuestas de terceras vías y justos medios, desde el protosector que se articula detrás de Raúl Sendic e incluso desde el Partido Socialista, nada resignado a ubicarse como espectador. Todo indica que continuarán los intentos de introducir nuevos elementos en la política económica desde fuera del MEF, no sólo por la simple razón de que hay enfoques ideológicos y técnicos distintos, sino también porque, en un año preelectoral, todos están interesados en marcar su perfil.
De todos modos, parece obvio que no está planteada una verdadera alternativa integral a la actual orientación de la política económica, sino más bien una situación semejante a la que suele registrarse, con más o menos tensiones, entre los abuelos y los padres de un niño, cuando los primeros se muestran más dadivosos y tolerantes, y los segundos más restrictivos y severos, sabiendo cada uno que el otro no dejará de desempeñar su papel. El problema es que los ciudadanos no somos niños dependientes de los acuerdos y discrepancias de nuestros mayores. Somos adultos con derecho a saber cabalmente qué opciones se nos ofrecen, para decidir en cuál queremos depositar nuestra confianza. Mientras el debate no se profundice, el Consejo de Ministros podrá volver a funcionar sin sobresaltos, pero la resolución de las discrepancias seguirá pendiente.