La Fundación Vivian Trías organizó ayer un panel sobre el tema de los derechos humanos, a partir de la pregunta: “¿El freno le gana al impulso?”, por medio de la que se propuso opinar sobre los alcances del traslado por parte de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) de la jueza Mariana Mota y la sentencia de ese órgano que declaró inconstitucional la ley que establecía la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura. Participaron el doctor Alejandro Artuccio, abogado defensor de decenas de presos políticos en la dictadura y ex embajador de Uruguay ante Naciones Unidas, la ex fiscal Mirtha Guianze, integrante del Consejo Directivo de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (INDDHH), y el diputado frenteamplista Luis Puig (Partido por la Victoria del Pueblo).
A pesar de la lluvia, en el salón de actos de la fundación no había asientos disponibles. Artuccio habló en primer lugar y se refirió a la sentencia de la SCJ como “un acto de intencionalidad política de los cuatro ministros que la firmaron”, porque no cree que haya en el texto “equivocaciones teóricas o jurídicas”.
En opinión de Artuccio, los tratados internacionales firmados por Uruguay “tienen la misma fuerza que la ley nacional” y no se trata de que “a un juez se le ocurra aplicar el derecho internacional; éste tiene la obligación de hacerlo”. Luego el ex embajador repasó cómo se fue gestando el tema en el derecho internacional a partir de la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948 y cómo recién en 2006 la legislación uruguaya definió la tortura como delito. “Eso no quiere decir que antes no se podía castigar; se podía y se debía castigar como rigores no permitidos hacia un detenido, lesiones graves u homicidio intencional o ultraintencional”, explicó Artuccio. La ley de imprescriptibilidad (18.831) impuso “normas de lesa humanidad” que ya existían en el derecho internacional, como el Estatuto de Roma, ratificado por Uruguay en 2002 y que “contiene normas claras para castigar el homicidio, la desa-parición y la tortura”, agregó.
Pero la sentencia de la SCJ sostiene que no es posible juzgar a los criminales porque “ha pasado el tiempo y operó la prescripción”. “Este argumento no es válido”, por los acuerdos internacionales, ya que “todos afirman que delitos como la tortura, la violación sexual de detenidos, la desaparición forzada, cometidos antes de 2001 ya formaban parte del derecho, por lo que se llama al ius cogens, una figura admitida en la legislación de muchos países”, explicó Artuccio.
Para el abogado, el ius cogens “es una fuente creadora de normas de convivencia y es reconocido desde hace más de 50 años, y si se revisan sentencias de distintos países, se va a encontrar cantidad de referencias al ius cogens”. Artuccio dijo que el propio Estado uruguayo al aprobar las leyes reparatorias para víctimas de la dictadura “reconoce que se cometieron esos delitos”. Finalmente, sobre el delito de desaparición forzada expresó su “sorpresa”, porque la sentencia “retrocede en el tiempo” cuando sostiene que no puede castigarse, ya que el delito se cometió antes de la vigencia de la ley 18.420 por la que se aprueba la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas Contra las Desa-pariciones Forzadas, de diciembre de 2008. “Por su naturaleza, la desaparición forzada es una conducta continuada y permanente, cuando se comete una privación de libertad por cualquier motivo dura en el tiempo tanto como dura la privación de libertad. No termina de cometerse hasta saberse el destino o paradero del desaparecido. No es por una declaración del órgano ejecutivo que puede declarar muerto a un desaparecido”, concluyó Artuccio.
Por su parte, la ex fiscal Guianze calificó la sentencia de la SCJ como “sin parangón” porque “no precisa que la rebatan”. Para Guianze, la Justicia es un deber del Estado que debe garantizar “el efectivo acceso” a ésta, con “la posibilidad de resolver el conflicto y defender a la víctima”, y se mostró sorprendida de que la sentencia de la SCJ pone comillas cuando se refiere al sistema de protección o justicia internacional.
Poca colaboración
Guianze enumeró una serie de avances en materia de justicia y destacó el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos por el caso Gelman. “En ese momento pensamos que la impunidad parecía que se terminaba”, pero “los últimos acontecimientos nos hacen tener una visión negativa para los procesos judiciales y la búsqueda de la verdad”, opinó la fiscal.
Agregó que mientras en muchos países se avanza en el tema y se han liberado archivos en Paraguay, Argentina y hasta en Estados Unidos, que son utilizados por la Justicia local, “no hay documentos de Uruguay en la mayoría de los casos”. “En nuestro país no hay quien investigue los delitos de lesa humanidad, hay policía de crimen organizado y otras, pero ninguna que se dedique a este tema, por lo que en los juicios quien debe aportar las pruebas son las propias víctimas”, explicó. Sobre el Ministerio de Defensa Nacional, Guianze dijo que no se trata “de un colaborador”. “Antes el ministerio contestaba consultas, pero en este momento ya no colabora. Las pruebas que tienen que venir del Estado no vienen”, agregó. “Incluso parece que ahora, cuando hay que citar a un militar, se pide que se envíe el número de documento y el domicilio, es increíble”, contó la fiscal sobre algunos de los casos más recientes. “Hay que ver si lo de la SCJ es una manifestación aislada o pesa algo más general de personas que están al frente de determinadas reparticiones”, pero lo cierto es que “no tenemos una política definida del Estado diciendo que esto hay que investigarlo”, agregó Guianze.
Por otra parte, comentó que ha venido estudiando los alegatos de los abogados defensores de militares uruguayos y argentinos y “tienen una estrategia similar”. Esto indica que los militares de Uruguay “cambiaron” y empezaron a “gastar mucho más dinero en su defensa, a buscarlas en otros lugares y a conseguir argumentos diferentes”, explicó. Sobre las perspectivas que se abren a partir del fallo de la SCJ dijo que se están “exprimiendo los cerebros” para ver “qué caminos hay que tomar, porque están cerrados”. “Hay jueces y fiscales que van a seguir para adelante pero puede haber apelaciones y cuando lleguen a la SCJ” primaría la prescripción, agregó.
Explicó que hay otro argumento que se puede usar y es el de que al “injustamente impedido” durante la vigencia de la Ley de Caducidad “no le corre término” y ese argumento “se está empezando a usar”.
Por su parte, Puig opinó que “el impulso y el freno” en este tema siempre ha estado presente e hizo un relato de la “historia de la impunidad”, justificada por el ex presidente Julio María Sanguinetti con “la historia de los dos demonios”. Destacó que hay una “mentira permanente y sistemática por parte del Estado” cuando se solicita información. Sobre el traslado de la jueza Mota opinó que se trata de un “escarmiento” en cuanto a que los jueces que “apliquen el derecho internacional” serán removidos. Sobre las perspectivas de futuro dijo que hay que plantearse que “haya cambios que tiendan a democratizar los poderes del Estado” y que la impunidad se debió “a la derecha”, pero también “a los errores de la izquierda”. “No hay futuro democrático con impunidad”, sentenció.