En Camino Buero, a la altura del kilómetro 23 de la ruta 6, en la localidad de Toledo, departamento de Canelones, se encuentra el establecimiento Los Andes, una chacra hortifrutícola en la que se producen frutillas, repollitos de bruselas, brócolis y coliflores que se comercializan en las principales cadenas de supermercados del país.
En ese lugar, en agosto del año pasado, la Inspección General de Trabajo y Seguridad Social (IGTSS) comprobó una serie de irregularidades que habían sido denunciadas previamente por la Unión Nacional de Asalariados, Trabajadores Rurales y Afines (UNATRA). En el acta de la IGTSS, a la que accedió la diaria, se deja constancia de que el establecimiento “no cuenta con vestuario ni comedor” para los trabajadores, no existe “botiquín de primeros auxilios”, y los baños carecen de “ducha de agua caliente”, entre otros incumplimientos.
Los inspectores tampoco encontraron en el lugar “la planilla de control de trabajo”, ni los últimos recibos de pagos al Banco de Previsión Social, ni las “altas de actividad del personal”.
La IGTSS intimó a “la empresa Galmez Bazterrica, Jorge a regularizar la situación en el plazo de 15 días”, según el decreto 321 de 2009, que establece normas de seguridad y salud en la producción agropecuaria, según el convenio N° 184 de la Organización Internacional del Trabajo, ratificado por Uruguay en 2001. Pero agotados los plazos de intimación, en una segunda inspección realizada en octubre, se detectó que la empresa no había mejorado ninguna de las observaciones relativas a las condiciones laborales de los jornaleros. Según explicó Luis Díaz, delegado de la UNATRA, hubo diferentes instancias tripartitas de negociación y en éstas “el empresario solicitó más plazo para cumplir con las intimaciones”, pero “ya pasaron ocho meses y no aparecen las soluciones”. El viernes en el PIT-CNT, una delegación de trabajadores de Los Andes y la dirigente de UNATRA María Flores se reunieron con el asesor legal de la empresa. El sindicato decidió otorgarle plazo hasta hoy para la colocación de un calefón que proporcione agua caliente a los ducheros de los baños y una semana para acondicionar el segundo piso de una construcción existente como comedor. De no ser así, “se van a tomar medidas más drásticas como hacer paro, sin descartar la ocupación” del establecimiento, agregó Díaz.
La otra cara de la góndola
En Granja Los Andes trabajan unas 28 personas, de las cuales la tercera parte son mujeres. Hay personal que se desempeña en el lugar desde hace 20 años, pero el sindicato recién se creó en octubre del año pasado. Se realizan todo tipo de tareas como plantar, curar, fertilizar, podar, regar, cosechar y hasta envasar frutas y hortalizas. Desde noviembre y hasta este mes se trabaja en la zafra de la frutilla. Unas ocho mujeres se dedican al envasado de éstas, que salen de la granja presentadas en las “petacas” plásticas de 500 gramos que luego son comercializadas en los supermercados a casi 100 pesos. La empresa trabaja en exclusividad para las cadenas Tienda Inglesa, Disco-Devoto y Multiahorro, a las que les vende también más productos durante otras épocas del año. A pesar de ser producidas y envasadas en la granja, las bandejas y “petacas” de frutillas están etiquetadas con las marcas de los supermercados y no mencionan el establecimiento.
Los asalariados trabajan ocho horas diarias divididas en dos períodos de cuatro horas, con un descanso para almorzar. Algunos trabajadores que viven cerca se van a la casa a comer, pero la mayoría almuerza en el lugar. Antes de la llegada de la IGTSS se cubrían de la intemperie ingresando a unos invernaderos que hay en la granja. Pero los inspectores “prohibieron utilizar esos lugares para comer porque hay fertilizantes”, explicó Díaz. La presencia de roedores en varios lugares del establecimiento también preocupa a los trabajadores, debido a las enfermedades que transmiten estos animales.
Pero además de las condiciones laborales, la UNATRA reclama el reconocimiento de las categorías establecidas por el convenio colectivo vigente, ya que “todos ganan el mismo jornal”, pero las tareas que se realizan “son diferentes”. Incluso hay trabajadores que exigen que se les reconozca la capacitación que tienen incorporada por haber realizado “cursos fitosanitarios”, explicó Enzo Imparata, también delegado de UNATRA. Estas situaciones serán planteadas durante la negociación colectiva que comenzará este año, ya que varios convenios del sector rural vencen en junio. La actitud de algunos “capataces y encargados” de diferentes establecimientos también preocupa a la UNATRA. De hecho, el viernes, cuatro trabajadores que se arrimaron a dialogar con el fotógrafo de la diaria que fue a Toledo a tomar fotos de Granja Los Andes fueron sancionados por la encargada del lugar. “Cuando el fotógrafo se fue, los mandó para la casa”, denunció Díaz.