La Suprema Corte de Justicia (SCJ) remitió al Parlamento su respuesta al pedido de informes que realizaron legisladores frenteamplistas por el traslado de la jueza Mariana Mota, dispuesto en febrero de este año. En el documento, la SCJ comienza recordando que la Constitución de la República le confiere a ese organismo la facultad de disponer “en forma exclusiva y excluyente” el traslado de los jueces, “en cualquier tiempo, por razones de buen servicio”.
Señala que los ascensos de los magistrados se resuelven atendiendo a la antigüedad y el mérito, y que en general no se consulta a los jueces respecto de su traslado, salvo que se trate de un traslado de zona geográfica que pueda “afectar la vida familiar del magistrado”. En ese caso, se lo consulta previamente en forma telefónica. “El funcionario existe para la función y no la función para el funcionario, y por tal razón la opinión o deseo del magistrado afectado por el traslado no resulta determinante”, advierte la corporación en su escrito. Recuerda que si un juez desea no ser ascendido o trasladado, debe hacérselo saber por escrito a la SCJ -que será la que decida en última instancia-, y que esa opción puede ejercerse “una sola vez por categoría”.
La SCJ admite que no consultó al fiscal de Corte en ocasión del traslado de Mota, como lo establece la Constitución, pero remarca que el informe del fiscal “no resulta vinculante”. “Al disponer traslados de magistrados que no implican disminución de grado o de remuneración, no se formula consulta”, señala la SCJ, y cita jurisprudencia del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, que indica que esta consulta previa “constituye una formalidad que no afecta el contenido ni la validez de la decisión administrativa”.
En el caso de Mota y del resto de los jueces que fueron trasladados en la misma instancia, la SCJ informó que se realizaron “ante la necesidad de proveer vacantes” y teniendo en cuenta criterios de antigüedad y mérito. “Ninguno de los referidos traslados implicó disminución de grado o de remuneración de los magistrados involucrados”, concluye.