En un Paraninfo de la Universidad de la República (Udelar) repleto, el juez español Baltasar Garzón, su abogado, el chileno Roberto Garretón, y el rector de esa casa de estudios, Rodrigo Arocena, participaron ayer en una mesa redonda sobre el derecho internacional de los derechos humanos y el terrorismo de Estado, organizada por la Mesa Permanente contra la Impunidad.
Arocena declinó hablar en forma personal. Leyó la declaración emitida por el Consejo Directivo Central de la Udelar el 5 de marzo, en la que se expresa la preocupación por la decisión de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) de trasladar a la jueza Mariana Mota a un juzgado civil y por el fallo del máximo organismo judicial que declaró la inconstitucionalidad de la norma interpretativa de la Ley de Caducidad. La organización dispusoque tres butacas de la fila más próxima al estrado permanecieran vacías, para simbolizar la ausencia de los tres ministros de la SCJ que se van a expedir ratificando ese fallo.
Garretón comenzó distinguiendo cuatro tipos de impunidades. La primera es la impunidad penal o judicial “por los crímenes cometidos por los dictadores”. Pero también está la impunidad política, que “en las dictaduras comprende a asesinos, torturadores, desaparecedores: para ellos está el derecho penal internacional”. No obstante, sostuvo que hay “personas tan responsables como ellos pero que no han cometido delitos”. “Un ministro de Justicia, uno de Hacienda, que cambian y remueven jueces, pasan las causas a la Justicia Militar y cuando termina la dictadura aparecen de alcaldes, de legisladores y hasta se postulan a la presidencia”, ejemplificó. “Eso me causa más dolor que el hecho de que anden libres los militares que asesinaron. Hay que establecer alguna forma de sanción para esos actores, responsables de que esos crímenes se cometieran”, dijo Garretón.
Para el abogado la impunidad encierra dimensiones de “hecho brutal”, pero es “cobardía”, porque en los delitos siempre son “30 contra uno”, con la “impunidad garantizada”. Otra dimensión es la de que no hay crímenes “sin mentira”. “En todos lados es igual: [se aduce que] no son ciertos los desaparecidos, los asesinados; eso no lo podemos dejar pasar”, añadió.
El tercer tipo de impunidad que señaló es la moral, que radica en que “todos se sienten salvadores de la patria y dicen que no tienen nada de qué arrepentirse”. “Los subalternos dicen que hicieron lo que el jefe les mandó, y así todos se sienten héroes. Tiene que haber sanciones y tienen que pagar”, dijo Garretón.
El último tipo es la impunidad histórica: “Todos los dictadores tienen una estatua cuando termina su mandato, en lo posible arriba de un caballo; tienen avenidas y plazas que llevan sus nombres. Con todas estas formas de impunidad hay que terminar”, agregó. Sin embargo, Garretón destacó que, de todas maneras, “hay avances fantásticos”. Puso como ejemplo que durante los 200 años de historia independiente de América Latina hubo cientos de dictaduras, y se preguntó: “¿Cuántas terminaron con el pueblo pidiendo juicio y castigo a los culpables?”. “Ninguna”, se respondió. “Esto que empieza en los años 70 es nuevo”, concluyó.
Por su parte, Garzón comenzó mencionando que en Uruguay la dictadura terminó hace 40 años y “ahora se está hablando de justicia”, pero que en España a los 40 años de dictadura franquista “nunca se habló de justicia, ni de verdad, ni de reparación”. Garzón dijo que cuando comenzó a investigar los crímenes del franquismo, luego de 70 años, pidió registros de víctimas a los organismos del Estado, a la Iglesia, y sólo el País Vasco, Andalucía y Cataluña “tenían un censo de víctimas”. “El resto de España, no; se había instalado un modelo de absoluta impunidad”, agregó.
Garzón sostuvo que en Uruguay se está “debatiendo y discutiendo cómo hacer justicia, a pesar de esos 40 años transcurridos; hay jueces comprometidos que están tratando de hacer avanzar los procesos”. Criticó a la SCJ y expresó que los que tienen que explicar “el cambio de doctrina” son sus integrantes, y no los jueces que interpretan la ley estudiando la legislación internacional y los fallos precedentes. Agregó que hay legisladores que a veces le cuestionan “quién es para venir a hablar a otro país”, a los que responde: “Soy ciudadano universal y las víctimas son universales. Por eso hablo”. Respecto del traslado de Mota, explicó que un juez puede ser sancionado “porque es un vago o roba o se corrompe, pero por interpretar una norma de acuerdo a los estándares internacionales, no”. “Ésa es una decisión política para quitarse de en medio a los jueces incómodos, acá y en España. En otros sitios los matan; en Uruguay los trasladan”, opinó. Garzón finalizó diciendo que en el derecho internacional se va “un paso adelante y dos hacia atrás”, pero “nunca hay que retroceder”.