A menudo se suele pensar al Uruguay como un país ganadero o agrícola, pero pocas veces como un país pesquero. Por eso, seguramente llame la atención el siguiente dato: este país tiene una superficie marina de tamaño superior a la terrestre, y en los últimos 30 años, entre las principales empresas exportadoras están las firmas pesqueras.
No asombra la poca trascendencia mediática que tiene uno de los conflictos más prolongados de los últimos años en Uruguay. Nos referimos a los tres meses que lleva paralizada la actividad de la flota y la industria pesquera. Si bien ese diferendo se da en el marco de la negociación salarial, la problemática del sector trasciende la puja distributiva.
La actividad pesquera uruguaya existe desde antaño, pero es a partir de 1970 que cobra relevancia como actividad exportadora y generadora de empleo, luego de la promulgación del Plan de Desarrollo Pesquero. Hasta ese momento el Estado era el principal agente productivo y comercial de la actividad. La aplicación del plan incluyó la creación de un sector privado con préstamos de la banca pública que llegaron, en algunos casos, a financiar 95% de la inversión. El Estado fue perdiendo su participación en el sector hasta el cierre definitivo de sus instalaciones productivas en 1991, quedando relegado al contralor y fiscalización de la actividad. El empresariado surgido en este contexto, en estrecho vínculo con el Estado, se concentró en la explotación de los recursos pesqueros más abundantes: merluza, corvina y pescadilla, que además son compartidos con Brasil y Argentina.
El fuerte endeudamiento inicial de las empresas, las fluctuaciones del mercado externo y la actual incertidumbre desestimularon la asunción de riesgos y procesos de innovación por parte del sector privado, perpetuando el modelo actual de explotación de los recursos. Las consecuencias de este tipo de explotación comienzan a hacerse evidentes y pueden constatarse en el estado de la flota, las condiciones de trabajo, las características de la producción industrial y el tipo de pesquería.
La flota pesquera industrial cuenta con un promedio de 35 años de antigüedad, y más de la mitad de los buques superan los 37 años, a pesar de que estudios sobre la corrosión del acero concluyen que la vida útil de los buques puede ser de entre 20 y 25 años.
El estado de mantenimiento de los buques afecta la operativa normal y las condiciones de trabajo a bordo. Según datos del Banco de Seguros del Estado, entre tres y cuatro de cada diez tripulantes sufren un accidente laboral por año. Al mismo tiempo, datos de Prefectura confirman el aumento en la rotura y siniestros en los buques pesqueros de bandera uruguaya en los últimos diez años.
En cuanto a la producción industrial, la mayoría de las empresas ha optado por la producción de escaso valor agregado, principalmente de pescado entero congelado para exportación. Esta situación ha impactado fuertemente en los empleos de la industria procesadora en tierra, que han disminuido 60% en los últimos 20 años. La industria tampoco ha logrado cubrir las demandas del mercado interno uruguayo. Pese a que el consumo per cápita de pescado es bajo en Uruguay y podría cubrirse con un 20% de los desembarques anuales, un 35% de éste es cubierto mediante importaciones.
El tipo de pesquería es dirigida a tres especies, con un importante descarte de otras. La explotación intensiva de esas pesquerías a nivel regional, con artes de pesca no selectivas como la red de arrastre de fondo, ha ocasionado un descenso en las capturas, ubicando los desembarques actuales de la flota uruguaya en cifras anteriores a las de la década del 80. Las principales especies objeto de captura han sido declaradas plenamente explotadas, y, en el caso de la merluza, en riesgo biológico. Pese a esta situación, existen otros recursos de gran interés comercial como los atunes, la anchoíta o el calamar, que actualmente están subexplotados.
El estado de los recursos pesqueros, la disminución de los puestos de empleo y las condiciones de trabajo, entre otros aspectos, hacen necesario comenzar a pensar en un nuevo modelo de explotación pesquera que permita un desempeño sustentable de la actividad.
Es difícil esperar una reconversión del sector basada exclusivamente en la iniciativa privada. La baja propensión al riesgo o la escasa inversión en investigación científica para la diversificación de las pesquerías y los procesos industriales son apenas algunos aspectos que confirman esta idea.
La construcción de un nuevo modelo de explotación pesquera requiere de la preocupación de toda la sociedad y de una mayor presencia del Estado. Varias de las propuestas hechas desde los sindicatos, y puestas en juego en el actual conflicto, se dirigen en esta dirección. Renovar la flota nacional a una multipropósito con presencia del Estado, garantizando una mejor apropiación y distribución de las rentas pesqueras, y crear un ente testigo para incidir en los precios del mercado interno que asegure la accesibilidad del recurso a la población son algunos ejemplos.