Al igual que en otras áreas, en la síntesis programática del Frente Amplio (FA) sobre Defensa primó la visión de la gestión actual. La Comisión Nacional de Programa del FA recibió dos documentos del grupo de trabajo que abordó el tema. Uno de ellos -firmado entre otros por la senadora del Espacio 609 Constanza Moreira y por el diputado del Partido por la Victoria del Pueblo Carlos Coitiño- proponía el retiro definitivo de Haití de la Misión de Estabilización de Naciones Unidas y una equiparación del sistema de pasividades militares con el del resto de las actividades laborales, entre otras disposiciones. El segundo documento -firmado entre otros por el director general de secretaría del Ministerio de Defensa, Hernán Planchón- postulaba el concepto artiguista del “pueblo reunido y armado”. La frase se quitó de la redacción final, pero se mantuvo el concepto.
El documento entregado el miércoles a la Mesa Política del FA señala que las Fuerzas Armadas (FFAA) “deben tener la capacidad y la doctrina necesaria para integrarse con el pueblo para una auténtica defensa militar, bajo el encuadre y la conducción que el poder político democráticamente elegido determine”. Se deberá definir de qué manera “el pueblo” se integrará a las FFAA, para establecer “formas de instrucción voluntaria, reservas y movilización”. Se entiende necesario, además, que toda la sociedad participe en “la defensa de la soberanía económica, social, cultural, política y militar de la nación”. “El Ministerio [de Defensa], a través de las FFAA, mantendrá bajo su custodia el material bélico y el armamento, mediante el Servicio de Material y Armamento, y dispondrá la instrucción de la ciudadanía para su empleo en caso de necesidad”, indica el documento.
Por otra parte, el texto establece que se deberá elaborar “una visión conjunta” de la defensa entre todos “los pueblos de América del Sur”, para defender “la soberanía de nuestros pueblos, así como los recursos naturales y estratégicos comunes”. Esto se hará “reafirmando la independencia respecto de los intereses políticos y militares hegemónicos de las grandes potencias mundiales de corte imperialista y colonial”. Se entiende que las principales hipótesis de conflicto para Uruguay se basan en “amenazas extrarregionales a nuestros recursos naturales y estratégicos, sean del Uruguay o compartidos con otros países de la región”.
Se señala que se promoverá una “mejor articulación” entre las FFAA y “la ciudadanía, mediante la modificación de la instrucción y la educación militar”, impulsando “la complementariedad entre el sistema de educación pública y el sistema de educación militar”.
En cuanto a la participación de Uruguay en las misiones de paz, el documento señala que estará “subordinada a definiciones de política exterior”. En el capítulo sobre inserción internacional, se establece la conveniencia de la “participación activa” de Uruguay en esas misiones. En cuanto a la participación en la misión de estabilización en Haití, se entiende conveniente un retiro gradual en coordinación con la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) y el gobierno haitiano. En cuanto a las misiones de “imposición de paz”, amparadas en el capítulo VII de la Carta de Naciones Unidas, se señala que se deberá hacer un análisis “caso por caso”, tanto de las presentes (como por ejemplo la del Congo) como de las futuras. “La coordinación de nuestras fuerzas de paz con las demás de Sudamérica en aquellas misiones que se encaren conjuntamente debe ser funcional al compromiso con el multilateralismo y el derecho internacional”, concluye el documento.
Finalmente, se rechaza la “instalación de bases militares extranjeras en nuestro país”, para ser “fiel a las más caras tradiciones del Uruguay en la materia”.