Según información del sitio web del Parlamento, los organismos dependientes del Poder Ejecutivo contestaron 1.334 de los 2.150 pedidos de informes que los legisladores le han realizado en lo que va de esta legislatura. La cifra equivale a 62% del total de los pedidos remitidos, pero entre los 886 no respondidos, 117 están dentro de los plazos legales para ser contestados. El porcentaje de respuestas es apenas menor al que existió en el gobierno de Tabaré Vázquez (Frente Amplio, FA) y mayor al del período de Jorge Batlle (Partido Colorado, PC).
En cambio, en el período de Vázquez se habían cursado 2.558 pedidos a organismos dependientes del Poder Ejecutivo, de los cuales 1.639 (64%) tuvieron respuesta. Durante el gobierno de Jorge Batlle los pedidos fueron más: 4.651, más del doble que en el primer gobierno del FA, y los resultados fueron proporcionalmente menores. Se contestaron 2.064 pedidos (47%).
El organismo que hasta el momento recibió más es el Ministerio de Industria, al que le han solicitado información sobre proyectos mineros, la planta regasificadora, la televisión digital y, principalmente, cuestionarios sobre entes y servicios descentralizados como Antel y ANCAP.
La herramienta es utilizada casi exclusivamente por la oposición. De los 2.150 pedidos cursados, sólo 58 pertenecen aloficialismo (2,6%). En las solicitudes del FA las respuestas también cambian: los organismos dependientes del Ejecutivo contestaron 41 pedidos (70%). Entre los de los legisladores del FA, más de un tercio (19) pertenecen al diputado comunista Hugo Dávila, que ha utilizado la herramienta principalmente para informarse sobre políticas implementadas en Artigas (departamento al que representa) que son llevadas adelante por el gobierno nacional. Esta herramienta puede utilizarse para que el legislador consulte “los datos e informes que estime necesarios para llenar su cometido”, según establece la Constitución, a organismos dependientes del Poder Ejecutivo, de contralor (como la Corte Electoral o el Tribunal de Cuentas) o del Poder Judicial. Esta redacción permite que el instrumento se use de las formas más variadas: el senador colorado Pedro Bordaberry utilizó el recurso para pedir las actas del directorio de Pluna poco antes de que ésta entrara en quiebra, el diputado nacionalista Daniel Peña quiso interiorizarse en el comienzo de obras de la policlínica de Salinas enviándole un pedido al Ministerio de Salud Pública, y su par de Soriano Gonzalo Novales, quien a juzgar por sus pedidos está muy preocupado por la marihuana, buscó conocer mediante una solicitud al Ministerio de Desarrollo Social por qué se difundió un presunto video a favor del consumo de cannabis en un encuentro de Arte y Juventud organizado por el Instituto Nacional de la Juventud en Mercedes.
A pesar de estar dispuesta en la Constitución, la reglamentación de esta herramienta es bastante reciente: la Ley 17.673, aprobada en 2003, estableció los plazos en los cuales deben contestarse estos pedidos. Los organismos tienen 45 días para responder, y, “por la complejidad de la información solicitada”, pueden disponer de un plazo adicional de 30 días hábiles más. 117 de los 886 pedidos de informes no respondidos actualmente fueron cursados en estos últimos 75 días. Si el informe no fuera respondido una vez vencido este plazo, la Cámara podría hacer suyo el pedido del legislador, y el organismo al que se le solicita la información contará con otros 30 días hábiles para responder. La ley no prevé ninguna consecuencia en los casos en que el organismo no responda la solicitud.
La diferencia existente entre los tiempos previstos en este mecanismo y en la Ley de Acceso a la Información Pública hizo que el senador Ope Pasquet (Partido Colorado) presentara en 2012 un proyecto de ley para recortar a 20 días el tiempo de respuesta en los pedidos de informes, al igual que ocurre con los pedidos que cualquier persona (que ni siquiera tiene que ser uruguaya) puede presentar a cualquier organismo del Estado. El proyecto actualmente se encuentra encajonado en la Comisión de Constitución y Legislación del Senado. Cuando fue presentado por Pasquet, recibió críticas del senador oficialista Luis Rosadilla, que indicó que el pedido de informes parlamentario no necesariamente tiene la misma naturaleza que la solicitud de acceso a la información pública.
A pesar de que las cifras de respuesta de los pedidos de informes en el gobierno de José Mujica no son las peores de los últimos 15 años, no es extraño escuchar a legisladores de la oposición señalando la falta de respuesta del gobierno a los pedidos de informes. El diputado Fitzgerald Cantero admitió a Búsqueda que optó por utilizar la Ley de Acceso a la Información Pública para solicitar información, ya que ésta cuenta con una instancia judicial de la que el pedido de informes no dispone. Según dijo, a veces los organismos no muestran intención de contestar las solicitudes. A finales de 2010, cuando la actual legislatura no llevaba un año, el diputado nacionalista Pablo Abdala llegó a pedirle a Mujica que tomara cartas en el asunto, debido a la baja respuesta de los organismos frente a los pedidos.