En las barras había productores de Cerro Chato afectados por la instalación de la empresa, opositores a la minería de gran porte e integrantes del sindicato de Aratirí (que forma parte de la Unión de Trabajadores del Metal y Ramas Afines [UNTMRA]), que respaldan el proyecto de la minera.
Pasquet comenzó aclarando que centraría el debate en el contrato que va a suscribir el Ejecutivo con la empresa -para el que aún no hay fecha- y dejaría a un lado la discusión más profunda sobre el desarrollo y el medio ambiente, y sobre la conveniencia de habilitar la minería de gran porte en el país.
Planteó en primera instancia que es “indispensable” que el gobierno dé a conocer el contrato con la minera una vez que concluyan las negociaciones, pero antes de que se firme. “Si conocemos antes los términos del contrato, pueden formularse observaciones y entre todos podremos mejorarlo”, señaló. “Esas cláusulas van a obligar al país durante décadas, y tenemos el derecho a saber en qué términos”, enfatizó. Aclaró que no pretende “entrometerse en las tratativas” del gobierno con la empresa, sino conocer el contrato una vez que concluya la negociación. El senador emepepista Ernesto Agazzi cuestionó esta propuesta. Sostuvo que si una vez acordado un contrato se le realizan “observaciones” y modificaciones, entonces “no es el contrato que se acordó, sería una coparticipación para construir el contrato”. “El Poder Ejecutivo tiene esas facultades y no puede delegarlas. El acceso a la información es cuando la información está producida, no antes de que se produzca”, afirmó. Durante el discurso de Agazzi, trabajadores de la UNTMRA comenzaron a aplaudir y las barras fueron desalojadas.
Otro punto señalado por Pasquet fue la necesidad de que se apruebe la autorización ambiental previa antes de que se firme el contrato. Hizo referencia a un artículo de la Ley de Minería de Gran Porte (LMGP) que señala que las condiciones del contrato deberán ajustarse a las condiciones de la autorización ambiental, por lo que, en términos lógicos, la autorización ambiental debería ser previa. “Además, puede ser que la Dinama [Dirección Nacional de Medio Ambiente] exija medidas de control de impacto ambiental que sean muy costosas, lo que puede llegar a distorsionar la ecuación económica del contrato”, hizo notar Pasquet.
El tipo de la radio
El presidente José Mujica también se refirió a Aratirí ayer, durante su audición radial en M24. En el marco de una reflexión sobre el crecimiento y la desigualdad, sostuvo que Uruguay debe diversificar su producción y que no puede renunciar a los recursos mineros. “Ayer, una apreciación del Fondo Monetario [Internacional] señalaba que el Estado uruguayo puede recibir, líquidos, unos 27.000 millones de dólares en los próximos 20 años con los recursos mineros. La pregunta es: ¿puede Uruguay renunciar a esos recursos? La gran respuesta es no, pero tampoco puede hacer cualquier cosa, tiene que ser prudente”, manifestó. “Si estamos diversificados estaremos más sólidos y mucho más seguros; el quid de la cuestión es el arte de convivir con todo esto y hacerlo sustentable en el tiempo para las generaciones que vienen”, acotó.
El subsecretario del MIEM, Edgardo Ortuño, indicó que la LMGP establece qué debe incluirse en el contrato, y que allí no figura la autorización ambiental previa. Citó un informe del encargado de la Asesoría Jurídica del MIEM, el abogado Carlos Roselló, que señala que la concesión para explotar puede ser previa a la autorización ambiental. “Es la actividad la que se condiciona a la autorización, y no el instrumento jurídico [el contrato]”, indicó Ortuño. El informe cita la Ley de Medio Ambiente, que establece que la autorización ambiental previa es necesaria para la ejecución de las actividades. “Estamos actuando conforme a Derecho”, remarcó Ortuño. De todos modos, destacó que “no habrá actividad minera si no están las autorizaciones ambientales”, y que el contrato incluirá una cláusula que lo declarará caduco si no se obtienen esos permisos.
Pasquet afirmó que el gobierno dio “un fundamento jurídico preciso y claro”, pero insistió en que no lo comparte. Sostuvo que la LMGP es posterior a todas las anteriores y que, por tanto, en aquellas cuestiones contradictorias las deroga. Y si rige la LMGP, la autorización ambiental debe ser previa, opinó el legislador. El ministro Beltrame informó que Aratirí aún no entregó información a la Dinama sobre el mineroducto, el plan de cierre y el impacto urbano. “Falta información sobre muchas cosas de gran importancia. ¿Cómo se puede estimar a priori que eso no va a tener ninguna relevancia económica, que no va a afectar la ecuación económica del contrato?”, preguntó Pasquet. Consideró que de esta manera se está ejerciendo una “enorme presión” sobre la Dinama.
Rico y variado
Los representantes del gobierno dijeron ayer que la inversión de Aratirí dejará al Estado 400 millones de dólares anuales. “La cantidad de riqueza que puede traer la minería al país es superior a la de otras producciones”, destacó Kreimerman. El ministro sostuvo que lo más importante de la inversión no serán los puestos de trabajo generados, sino la diversificación de la producción que ésta implica. “No apostamos a un país minero, apostamos a la diversificación”, afirmó. El ministro enfatizó que el gobierno adoptó “las mejores prácticas internacionales en materia ambiental y de gestión”, y que la LMGP elaborada por el Ejecutivo establece las garantías necesarias.
El contrato comprenderá una cláusula de solución de controversias, pero el gobierno no dio detalles sobre el mecanismo. Por otra parte, quedó claro que la garantía de fiel cumplimiento del contrato, que corresponde a 5% de la inversión, se depositará antes de la firma del contrato, como lo establece la LMGP. En cuanto a los beneficios tributarios que tendrá la empresa, Kreimerman indicó que por el momento no se la exonerará del Impuesto a las Rentas de las Actividades Económicas (IRAE) y que UTE no brindará tarifas preferenciales a la empresa por el consumo de energía eléctrica. Sí se exonerará del IVA a las inversiones que realice, “siempre que no sean competitivas con la industria nacional”, aclaró Kreimerman.
No hay fecha para la firma del acuerdo. “El contrato va a tener idas a vueltas, va a tener negociaciones, va a tener cambios”, apuntó el ministro de Industria. Admitió que uno de los puntos que están demorando las negociaciones es el tema de las garantías de fiel cumplimiento y de cierre de operaciones.