La próxima semana, un grupo de legisladores del Frente Amplio (FA) retomará la discusión del proyecto de ley de responsabilidad penal del empleador, que tiene media sanción de la Cámara de Diputados y podría ser modificado en el Senado.
El texto que la cámara baja aprobó (únicamente con los votos frenteamplistas) define que “el empleador” o quien ejerza el poder de dirección en la empresa y no adopte “los medios de resguardo y seguridad laboral” previstos en las normas legales, de forma en que ponga “en peligro grave y concreto, la vida, la salud o la integridad física del trabajador”, podrá ser castigado con tres meses de prisión a dos años de penitenciaría. El proyecto establece que en caso de existir “culpa o dolo” del empleador en el incumplimiento de las normas de seguridad, éste “deberá hacerse cargo de la atención sanitaria y otros gastos”.
Al llegar al Senado, el proyecto motivó críticas de algunos legisladores oficialistas. Rodolfo Nin Novoa (Frente Liber Seregni [FLS]) declaró que no estaba dispuesto a acompañarlo y otros integrantes del FLS, como el senador Rafael Michelini, plantearon la necesidad de modificar la ley. También la Vertiente Artiguista (VA) y el MPP se manifestaron a favor de introducir cambios en el texto. La preocupación de muchos senadores es que, según el asesoramiento de abogados penalistas “afines al FA”, la redacción contiene inconstitucionalidades que las cámaras empresariales podrían impugnar. “Ya deben tener listo el recurso que van a presentar por si sale esta ley”, graficó un legislador.
Si bien no tiene representación en la cámara alta, el Partido por la Victoria del Pueblo (que apoya la precandidatura de la senadora Constanza Moreira) plantea que el proyecto sea votado “tal cual como fue aprobado en Diputados”, según dijo el legislador Luis Puig. El representante dijo que el texto se logró “después de tres años de discusión” y “da todas las garantías y las herramientas técnicas necesarias”, por lo que “no debe demorarse su sanción”. Los senadores oficialistas se comprometieron a votar el proyecto antes del 12 de marzo.
Puig sostuvo, además, que es necesario “hacer un proceso de discusión pormenorizado junto a los trabajadores, que son los más perjudicados con esta situación”, por lo que consideró que una delegación del PIT-CNT debe ser invitada a discutir en el grupo de trabajo de legisladores del FA. “Si no están en el grupo de trabajo hay que convocarlos a discutir”, expresó.
En cambio, el ex ministro de Trabajo y actual senador suplente Eduardo Brenta (VA), propondrá a la bancada que se realice un diálogo “con trabajadores y empresarios” para buscar “el máximo nivel de consenso posible”. En la misma línea se expresó el senador Enrique Rubio: “Es conveniente hacer un intercambio en consulta con empresarios y trabajadores para llegar al mayor acuerdo posible”.
Algunos legisladores frenteamplistas ven con buenos ojos negociar con las cámaras empresariales más pequeñas, que han mostrado voluntad de llegar a un acuerdo.
En cambio, el senador suplente Óscar López Goldaracena (lista 1001) también se mostró contrario a modificar el texto. “Ya existe en nuestro derecho el delito de peligro, el texto no inventa nada nuevo”, dijo. Este legislador desconfía de que el texto sea aprobado con cambios en la cámara baja: “Al proyecto de ley interpretativo de la [ley de] caducidad lo modificamos aquí [en la cámara alta], y después un diputado, que no debería seguir en el FA, no lo votó [en referencia a Víctor Semproni]. El consenso ya fue logrado en la Cámara de Representantes”.