Ayer Presidencia de la República publicó el decreto anunciado por Tabaré Vázquez que obliga a todos los jerarcas con responsabilidad política del Poder Ejecutivo a rendir cuentas cuando viajan en misión oficial y reciben viáticos del Estado.
Si bien un decreto anterior, de 1992, ya regulaba la autorización, control previo y posterior de las misiones oficiales que los funcionarios de la Administración Central realizan en el exterior, no prevé la rendición de cuentas de los gastos ocasionados en las mismas. En este sentido, el nuevo decreto difundido ayer se basa en que “se entiende pertinente” la obligación de rendir cuentas así como “disponer la devolución de viáticos sobrantes”.
La norma abarcará al presidente, el vicepresidente, los ministros, subsecretarios, secretario y prosecretario de Presidencia, el director y subdirector de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, el director y el que cumple funciones de subdirector en la Oficina Nacional de Servicio Civil, el director general de Presidencia de la República, los directores generales de Secretaría, los directores de Unidades Ejecutoras y “todos aquellos cargos o funciones que estén en el mismo nivel jerárquico y de sueldo dentro de la Administración Central”.
El decreto establece que el sobrante deberá devolverse en un plazo “no mayor a diez días desde su retorno al país” y encomienda a la Contaduría General de la Nación la redacción del instructivo para hacerlo. También exhorta a los Entes Autónomos, Servicios Descentralizados y personas públicas no estatales a “adoptar por decisiones internas las disposiciones del presente decreto respecto de su personal jerárquico”.
El prosecretario de Presidencia, Juan Andrés Roballo, admitió, en diálogo con la diaria, que el decreto tendrá un “impacto económico relativo”, porque los viáticos “ya están fijados de forma bastante austera, sobre todo comparándonos con otros países”. De todas maneras, el objetivo es otro, según concluyó: “Lo que se pretende es dar una señal política de austeridad, de transparencia y buenas prácticas. Una señal de celo en lo que a la cosa pública refiere”.