Hace cerca de un año cerraba Molino Dolores, enviando a todos sus trabajadores, unos 250, a seguro de paro. Molino Dolores era propiedad de Cereoil SA, productora y exportadora de granos, pero el socio minoritario de la empresa solicitó el concurso en 2016 debido a deudas bancarias millonarias. La situación provocó que el empresario William Johnson, accionista mayoritario de Cereoil, decidiera cerrar el molino a comienzos de febrero de 2017. Desde entonces, Molino Dolores está a cargo de un síndico, que en abril definió la reapertura de la planta mientras se decidía cómo continuar el procedimiento legal.
El 19 de diciembre la Junta de Acreedores de Molino Dolores se reunió en el Juzgado de Concurso de 1 o Turno y decretó la liquidación de la empresa; automáticamente se abrió un período de diez días para que el síndico presentara una propuesta para la enajenación de los activos del molino, plazo que se prolongará durante todo enero debido a la feria judicial. Cuando termine la feria, los primeros días de febrero, el síndico de Molino Dolores, Gabriel Ferreira, presentará en el juzgado el proyecto en el que viene trabajando.
“En este caso particular de Molino Dolores tenemos pensado hacer no un remate, sino una licitación de la unidad productiva, que está en funcionamiento”, explicó Ferreira a la diaria. Añadió que en el pliego se buscará que el mejor postor “se comprometa a asumir determinada cantidad de puestos laborales”. La cifra todavía no está definida, en parte porque se pidió al sindicato del molino que haga un sondeo entre los trabajadores para saber a quiénes les interesaría participar en un nuevo proyecto. Óscar Muniz, del sindicato de Molino Dolores, explicó a la diaria que varios de los trabajadores que continúan en la empresa tienen entre 59 y 60 años, y quizá a muchos de ellos les convenga más cobrar el despido y jubilarse. Uno de los planteos del síndico es que quienes no quieran continuar trabajando cobren su despido, pero que los trabajadores que mantengan su fuente laboral no lo reciban.
En abril el molino se reabrió, lo que permite enfrentar la liquidación en mejores condiciones. “Quisimos mantener el valor de la unidad productiva y llegar con un poder mayor de negociación. Si el molino hubiera estado cerrado era más difícil mantener los activos, la maquinaria, e incluso los mercados”, valoró Ferreira, que añadió que Molino Dolores recuperó un tercio del mercado uruguayo en harinas.
“Todo ese esfuerzo fue hecho con ayuda de los trabajadores”, destacó el síndico. De los 120 trabajadores que volvieron al molino cuando se reabrió, actualmente hay unos 100, explicó Muniz, ya que empleados de las oficinas o vendedores se fueron tras conseguir otros trabajos. Hasta diciembre, 75% del personal trabajaba en dos turnos de siete horas (una horas menos de la jornada que hacían tradicionalmente), y 25% iba al seguro de paro; los afectados rotaban mensualmente. Por enero, dada la baja de la producción de toda la industria molinera, 75% de los trabajadores están en seguro de paro y 25% mantiene la producción. La principal preocupación del sindicato es mantener la fuente de trabajo. “Nosotros queremos que siga funcionando, es una fuente laboral de mucha antigüedad, abrió en 1889”, afirmó Muniz, que opinó que desde 2010 “hemos ligado mal, un golpe tras otro, por malas gestiones de los empresarios, no porque el molino esté fundido o no tenga ventas”.
La base de la licitación se ajustará a lo requerido legalmente, que implica que como mínimo debe tomarse 50% del valor de la tasación del inmueble; seguramente estará por encima de los 5.800.000 dólares.
El 10 de enero el sindicato tendrá una reunión con la sindicatura para intercambiar sus visiones respecto del proceso. Se estima que el plazo de presentación de ofertas, una vez que se abra la licitación –seguramente los primeros días de febrero–, sea de unos 30 días.