“Un señorío feudal” era lo que había en el barrio montevideano Los Palomares y en el Complejo Quevedo, afirmó el jueves Gustavo Leal, director de Convivencia y Seguridad Ciudadana del Ministerio del Interior, cuando participó en el ciclo #Pensando Montevideo, organizado por el Partido Demócrata Cristiano. Expresó que allí había “un grupo mafioso” que ejercía la violencia en forma sistemática, combinado con un “Estado tenue” que “favorece determinadas prácticas de ejercicios de control territorial y prácticas mafiosas que son su antesala”. Por eso, propone hacer “un shock de inversiones desde el punto de vista urbano en 25 enclaves de la zona metropolitana”, que insumirá 50 millones de dólares anuales, que no pueden ser aportados sólo por el gobierno departamental. Opinó que el tema debería ser materia de debate electoral, y recomendó incluirlo, sin miedos. Reconoció las carencias históricas de la izquierda: “Los temas de seguridad no recibieron una mención programática hasta 2005, cuando llegamos al gobierno”, expresó, y distinguió la escasa producción de conocimiento sobre los temas de seguridad –en comparación, por ejemplo, con los temas militares, sobre los que abundó una mayor reflexión– y lo atribuyó a los “prejuicios de la izquierda”.
La Policía no es todo. Leal entiende que hay distintos anillos de seguridad: dijo que el primero es la conciencia de los individuos –decirnos “esto no se hace”–, el segundo es el control social, y en tercer lugar, recién, están las normas legales. Pidió “discutir todos los anillos” y que funcionen los tres. Recomendó “ejercer la autoridad sin miedo y sin complejos” teniendo dos límites: “los derechos humanos y la Constitución”.
Criticó que “para muchos compañeros la palabra ‘convivencia’ ha sido una muletilla cómoda: convivencia pero nada de Policía, represión, controles ni límites”. Saludó la reforma de la Policía que impulsó el Frente Amplio a partir de 2005, porque “teníamos una Policía con un diseño territorial de la década de 1960, una ley orgánica de 1971, un armamento vetusto, desmoralizada desde el punto de vista de su carrera profesional, y con una herencia institucional pesada generada por la dictadura militar”. Dijo que entre 1998 y 2004 los hurtos anuales pasaron de 50.000 a 120.000 y que muchos frenteamplistas creían que ese incremento estaba asociado a la crisis económica, y que pasaría en cuanto terminara. No sólo no cambió sino que empeoró: “Este año ya alcanzamos un récord de homicidios desde que existen registros estadísticos”, dijo. Agregó que en algunos territorios del área metropolitana “hay una instalación de la disputa por la legitimidad de la autoridad”, y expresó que hay que condenar esas acciones y que “ponernos duros” no necesariamente es ser represor.