Ayer una asamblea del Sindicato del Gas resolvió hacer un paro de 24 horas este jueves y ocupar las plantas y las oficinas de Petrobras en la plaza Independencia. Además, a partir del 16 de octubre, tres trabajadores iniciarán una huelga de hambre frente a las oficinas de la petrolera. Las medidas se llevan a cabo en rechazo a la decisión de Petrobras de denunciar los convenios colectivos con el sindicato y enviar al seguro de paro a 21 trabajadores de su empresa Montevideo Gas; el sindicato sostiene que la empresa brasileña hará lo mismo con 50 empleados más. Petrobras está en litigio contra el Estado uruguayo, alegando que se perjudicó su negocio.
En la resolución de la asamblea del sindicato, se denuncia que Petrobras “ha optado por profundizar su agresión neoliberal hacia el Uruguay, con la estrategia de abandono de la gestión cotidiana de la concesión del servicio público de gas natural”. “En ese marco, la empresa ha elevado los niveles de confrontación, accionando contra los trabajadores mediante la instalación de seguros de paro, denuncia de convenios colectivos, supresión de sectores de trabajo como la distribución de facturas y amenaza de despidos por medidas sindicales”, advierten.
Los trabajadores reconocen las gestiones efectuadas por el Poder Ejecutivo para evitar los envíos al seguro de paro. Según dijeron a la diaria fuentes de gobierno, ANCAP, junto con los ministerios de Economía y Finanzas, de Trabajo y Seguridad Social y de Industria, Energía y Minería, le ofreció a Petrobras una rebaja de los márgenes de ganancia que posee esa empresa pública uruguaya en los consumos no regulados (como los industriales), que equivalía a 250.000 dólares al año. “Nos dijeron: ‘Muchas gracias, pero no vamos a evitar los seguros de paro’”, contó una de las fuentes.
En el comunicado del sindicato, los trabajadores sostienen que el rechazo de las gestiones del Ejecutivo deja “en evidencia que no es un problema de cariz económico lo que motiva a la empresa, sino una decisión política originada en el actual gobierno brasileño”.
El sindicato plantea que si Petrobras mantiene su actitud, el Poder Ejecutivo debería quitarle la concesión.