El diputado nacionalista Pablo Iturralde presentó a principios de este año una solicitud ante la Comisión de Constitución y Códigos de la Cámara de Diputados para promover un juicio político al senador del Frente Amplio (FA) Leonardo de León, por su uso de las tarjetas corporativas cuando estuvo al frente de Alcoholes del Uruguay (Alur). Ayer, la cámara baja aprobó, con los votos del oficialismo, el informe en mayoría que este había presentado, en el que se estableció que “no hay lugar” a la formación de la causa contra De León.
El diputado oficialista Pablo González fue el encargado de presentar el informe en mayoría. Al comenzar su exposición, aclaró que el FA no iba a participar en un debate de “espectáculo” que atentara contra el sistema político, y agregó que, por el contrario, estaba dispuesto a dar un debate con “seriedad”, teniendo en cuenta que estaba “en juego” el nombre de un senador. “No vale todo”, enfatizó, y aseguró que cuando se ataca a un parlamentario se “vulnera el sistema democrático”.
González continuó su discurso remarcando que Iturralde le atribuyó a De León conductas ilícitas que fueron descartadas por la Justicia. Remarcó que, por lo tanto, si el nacionalista no aporta “nuevas pruebas”, no es “legítimo” que el Parlamento juzgue a uno de sus integrantes cuando el “único elemento” es la prensa e insumos que el Poder Judicial ya desechó. También puntualizó que Alur, empresa subsidiaria de ANCAP, actúa en el marco del derecho privado, de modo que las conductas de De León no pueden encuadrarse dentro de los delitos de peculado o de abuso de funciones, porque no era funcionario público. Otro de los elementos que González destacó fue que en el dictamen sobre el caso del fiscal de Crimen Organizado, Luis Pacheco, surgió que “los gastos [con las tarjetas de Alur] responden a alojamiento, transporte y hotelería, y que no se puede exigir la entrega de comprobantes en la medida en que no existía reglamentación”.
A su turno, Iturralde puntualizó que no era su intención “ensuciar o enchastrar” a De León, sino hacer uso de la competencia de acusar una violación de la Constitución u otros delitos graves, que le confiere la Constitución. El diputado destacó que en el informe de la Junta de Transparencia y Ética Pública se señala que los funcionarios de las empresas privadas como Alur se deben regir por las mismas normas que los directores de los entes autónomos y servicios descentralizados. Sobre esa base, planteó que De León debería ser juzgado como funcionario público, y cuestionó que no actuara como “cualquier ciudadano cuando va al exterior”, buscando “un hotel barato y comer barato”.
El denunciante afirmó que, por el contrario, en la conducta de De León prevaleció el criterio de que “tomamos etiqueta azul porque, total, lo pagan los otros, y si nos dicen algo, hacemos un juicio”. También planteó que de lo que “se trata es de decir que hubo malversación de 60.000 dólares de viáticos, de 30.000 dólares con una tarjeta Visa y de otros 30.000 dólares”, lo cual suma 120.000 dólares, “más el costo del avión, del mantenimiento, de las idas a España, a Rusia y Cuba. Entonces, ¿de qué estamos hablando?”, preguntó. Por otra parte, sostuvo que si bien el Estado, para hacer más “operativo” su funcionamiento, ha pasado al derecho privado a algunas empresas, eso “no puede ser el refugio para gastar el erario público como si tal cosa”.