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Junta de Montevideo vota atención prioritaria a personas con discapacidad, embarazadas y adultos mayores

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El proyecto de decreto comprende a todas las instituciones públicas y privadas que atienden al público.

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La Junta Departamental de Montevideo (JDM) votará hoy un proyecto de decreto de atención prioritaria a personas con discapacidad, embarazadas y adultos mayores en oficinas públicas e instituciones privadas con atención al público. La iniciativa partió de la Comisión de Derechos Humanos y Desarrollo Social del gobierno departamental.

“El proyecto surge en función de conversaciones con diferentes vecinos que asisten a organismos o a distintos lugares donde el tema de la atención prioritaria es discrecional”, no obligatorio, comentó a la diaria el secretario de la comisión y edil oficialista Sebastián Valdéz, y añadió que el objetivo es promover un “cambio cultural”.

La atención preferencial a adultos mayores de 70 años, embarazadas, madres con niños lactantes y personas con discapacidad o con notorias dificultades de movilidad es un “tema pendiente de regulación en el ámbito departamental”, se establece en el texto del proyecto. En ese sentido, Valdéz remarcó que “la única normativa que existe en Montevideo en estos casos es la que reglamenta el transporte colectivo, después no hay ninguna otra”.

El proyecto dispone que las dependencias u oficinas públicas del Estado, así como las entidades privadas, garanticen “la atención prioritaria” a esas personas, entendida como servicio inmediato. En los lugares en los que hay asientos para quienes esperan ser atendidos, 25% del total deberán estar reservados para las personas beneficiadas por la norma, con indicaciones claramente visibles en este sentido. Las instituciones también deberán mostrar con claridad la información principal del decreto.

Ante el incumplimiento de las normas, las instituciones serán sancionadas con ocho unidades reajustables, y si reinciden, las sanciones se determinarán según lo establecido en el régimen punitivo departamental. Por otra parte, serán ingresadas a un registro de entidades infractoras de la Intendencia de Montevideo (IM).

Si el proyecto resulta aprobado por la JDM, será derivado a la IM para continuar el proceso.

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