Con la reunión del Consejo Superior comenzó ayer la negociación colectiva del sector público, de cara a la última Rendición de Cuentas de este período de gobierno, entre el Poder Ejecutivo (ministerios de Trabajo y Seguridad Social –MTSS– y de Economía y Finanzas, Oficina de Planeamiento y Presupuesto y Oficina Nacional del Servicio Civil) y los sindicatos de funcionarios públicos (Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado, Coordinadora de Sindicatos de la Enseñanza del Uruguay, Intergremial Universitaria, Mesa Coordinadora de Entes, Asociación de Funcionarios Judiciales del Uruguay y Federación Nacional de Municipales).
Joselo López, responsable del Departamento de Estatales y Municipales del PIT-CNT, destacó que “por primera vez en muchos años se convocó al ámbito de negociación colectiva con la debida antelación, con espacio para negociar”. Añadió que el Ejecutivo manifestó su compromiso de tomarse todo el plazo constitucional (hasta el 30 de junio) para enviar el proyecto de Rendición de Cuentas al Parlamento, “un elemento positivo”, ya que habrá casi tres meses para negociar.
La central sindical expresó en la reunión, según López, una “visión crítica del funcionamiento de la negociación colectiva en el sector”, en particular porque considera que “el MTSS debe tener un papel más protagónico para intentar llegar a soluciones en los conflictos en ámbitos públicos”. Además, reiteró que es un “objetivo histórico” del PIT-CNT establecer un salario mínimo de ingreso a la función pública equivalente a media canasta familiar (actualmente, unos 36.000 pesos). “Sabemos que hay inequidades muy grandes dentro de cada organismo, pero pretendemos ir acercándonos a ese objetivo”, comentó el sindicalista. En 15 días tendrá lugar la próxima reunión, en la que el Ejecutivo presentará una respuesta y los lineamientos para la Rendición de Cuentas 2017; luego comenzarán las convocatorias a los Consejos de Salarios por rama.
La delegación sindical presentó el documento “El dilema presupuestal”, elaborado por el Instituto Cuesta Duarte y actualizado en función del actual Presupuesto Quinquenal y las últimas Rendiciones de Cuentas. El dilema al que alude el título es el de “conjugar los objetivos definidos presupuestalmente y que deberían aplicarse en los años 2019 y 2020 con los recursos que se tienen”. En ese sentido, se recuerda que este gobierno se comprometió a llegar a 6% del Producto Interno Bruto para la educación y a 1% para investigación y desarrollo; a equiparar el gasto por afiliado entre las mutualistas y la Administración de los Servicios de Salud del Estado; y a otorgar salario vacacional a los trabajadores de la administración central, el Poder Judicial, los tribunales de Cuentas y de lo Contencioso-Administrativo, la Corte Electoral, los entes autónomos y los servicios descentralizados. Todo eso implicaría, según el documento, aumentar unos 1.800 millones de dólares el Presupuesto nacional para los dos años que quedan de gobierno.