El sitio bilaterals.org filtró el jueves 27 documentos en borrador del Tratado de Libre Comercio (TLC) entre el Mercosur y la Unión Europea (UE). Los textos son el resultado de la ronda de negociación que concluyó el 2 de marzo de 2018 en Asunción, sin resultados positivos.
Hay novedades respecto de los documentos que se filtraron el año pasado, por ejemplo, en materia de solución de controversias. El Mercosur y la UE acordaron que resolverán sus disputas mediante un tribunal integrado por tres árbitros: dos escogidos por cada uno de los bloques y un tercero designado de común acuerdo en base a una lista prefijada o, en su defecto, por sorteo. El texto dispone que las audiencias serán públicas, salvo que cualquiera de las partes alegue confidencialidad. Agrega que los árbitros tendrán que ser “independientes e imparciales” y evitar que cualquier “interés económico” afecte o “aparente afectar” su imparcialidad, pero no establece prohibiciones específicas para evitar la conjunción de intereses.
Hay un capítulo que regula las empresas estatales (incluye tanto las empresas con mayoría accionaria del Estado como aquellas “controladas” por el Estado). Allí se sostiene que estas deberán actuar “de manera acorde con consideraciones comerciales”, salvo en los casos en que tengan que “cumplir con obligaciones de servicio público legítimas”, sin explayarse en la definición de este concepto. Hay una disposición que señala que cuando un Estado parte “tenga razones para creer que sus intereses comerciales están siendo afectados negativamente” por una empresa estatal de un Estado parte del otro bloque, tiene derecho a solicitar información al Estado parte sobre esa empresa, “que puede incluir información organizacional, empresarial y financiera”.
la diaria informó en diciembre de 2017 que el TLC Mercosur-UE incluía la liberalización de las telecomunicaciones, en base a un borrador de la ronda de octubre de ese año. El canciller uruguayo Rodolfo Nin Novoa aseguró días después que Uruguay resguardó “algunas de las sensibilidades en el intercambio, que son viejas, en materia de telecomunicaciones y servicios financieros, que ya lo tenemos arreglado en beneficio de Uruguay”. El texto sobre comercio de servicios filtrado la semana pasada mantiene todas las disposiciones del documento de octubre en materia de liberalización de las telecomunicaciones. Se mantiene, por ejemplo, la obligación de las empresas estatales de poner a disposición de las empresas transnacionales la infraestructura de telecomunicaciones, lo que incluye antenas y la fibra óptica. Al menos en el borrador publicado no se establecen excepciones que favorezcan a Uruguay, pero estas pueden aparecer en las listas de reservas que hace el país, que no se conocen.
En materia de propiedad intelectual, se mantienen las diferencias entre el Mercosur y la UE sobre el acceso a los recursos genéticos. El Mercosur propone –pero la UE rechaza– que las partes “reafirmen sus derechos soberanos sobre sus recursos naturales” y reconozcan “la importancia de la diversidad biológica”, para impedir que las empresas europeas tomen semillas de la región, las patenten y luego haya que pagar por ellas. El mismo capítulo establece que los estados tendrán que adherir al Arreglo de La Haya relativo al depósito internacional de dibujos y modelos industriales y al Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas. Uruguay no adhirió hasta el momento a estos acuerdos, que permiten que las empresas registren marcas y diseños en el exterior y que ese registro sea válido en Uruguay, por más que la oficina del país no haya aprobado la solicitud.