La comisión de Constitución y Legislación de la Cámara de Senadores finalmente aprobó el proyecto de ley que establece que el delito de homicidio intencional no será excarcelable, y además comenzó la votación de los primeros artículos de las modificaciones al nuevo Código de Proceso Penal (CPP).
El proyecto que aumenta la pena mínima para los homicidios había sido propuesto por el Partido Nacional en la comisión interpartidaria sobre seguridad que funcionó durante 2016, y los blancos venían quejándose de que la iniciativa había sido encajonada por el oficialismo. “Por fin, después de mucho insistir, los senadores del FA [Frente Amplio] votaron que el homicidio intencional, que era excarcelable, tenga una pena mínima de dos años”, dijo a la salida de la comisión el senador nacionalista Luis Alberto Heber. Si bien el proyecto fue aprobado, no contó con el voto de la frenteamplista Constanza Moreira, quien no apoyó la eliminación de la excarcelabilidad ni el artículo que califica de muy especialmente agravado al homicidio cuando sea cometido contra policías, jueces o fiscales.
En cambio, sí se aprobaron por unanimidad los primeros cinco artículos de las modificaciones al nuevo Código del Proceso Penal que envió el Poder Ejecutivo la semana pasada al Parlamento. “El problema no es con estos artículos, sino qué va a venir después”, comentó un legislador oficialista. Los artículos votados ayer refieren meramente al rol de la Policía, la Policía Aérea y la Prefectura, y a sus posibilidades de actuación sin autorización previa de los fiscales, y apuntaban a eliminar algunas confusiones en la implementación del nuevo CPP. Pero el resto de los cambios ha generado rispidez en algunas organizaciones sociales y sectores del oficialismo, dado que se busca acotar el beneficio de la libertad anticipada, establecer en forma obligatoria la prisión preventiva para reincidentes de algunos delitos y dar mayores potestades a la Policía. En concreto, estos cambios fueron cuestionados por el ex ministro de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) Ricardo Pérez Manrique, por el suplente de Constanza Moreira, Rafael Paternain, e incluso por abogados vinculados con el Partido Colorado, como el ex edil Andrés Ojeda.
Mañana la comisión se volverá a reunir de forma extraordinaria para recibir a integrantes del Colegio de Abogados, de la cátedra de Derecho Procesal de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República y de la SCJ, a pedido de Moreira y del nacionalista Carlos Camy.
Además, los legisladores de la comisión agregaron un aditivo al proyecto, por iniciativa de Pedro Bordaberry (Partido Colorado) y Daniela Payssé (Frente Amplio), quienes presentaron propuestas, cada uno por su parte, con la finalidad de evitar que las acciones de inconstitucionalidad contra el nuevo código detengan los pedidos de prisión preventiva. Actualmente la SCJ está estudiando siete casos de inconstitucionalidad contra el CPP y, según publicó el semanario Búsqueda el jueves 16, varias personas han sido liberadas a raíz de estos recursos. Una de ellas fue el abogado Juan José Ayala, acusado de amenazas de muerte contra el fiscal de Corte, Jorge Díaz, y otra, un presunto narcotraficante apodado Buñuelo, acusado de ser jefe de una organización delictiva dedicada al tráfico de drogas en San Carlos y en otras localidades del este del país. En los allanamientos realizados cuando fue detenido se incautaron autos, una moto, 448 dosis de pasta base, armas de fuego y 28.000 pesos.