La Alianza Europea de Salud Pública (AESP) es una coalición de 92 organizaciones profesionales, académicas y sociales, radicadas en 21 países de la Unión Europea (UE). La AESP es financiada por el Programa de Salud de la UE y recientemente difundió un informe en el que analiza los efectos para la salud pública que tendría la firma del tratado de libre comercio (TLC) entre el Mercosur y la UE en los términos de la negociación actual, conocidos en base a documentos filtrados y a documentos oficiales de la Comisión Europea (CE).
El informe se denomina “Tratados poco saludables: efectos secundarios de los tratados comerciales de la UE con América Latina”, y sólo fue publicado en inglés.
En su introducción, la AESP alerta que el TLC Mercosur-UE, así como los acuerdos que el bloque europeo está negociando con Chile y con México, suponen “múltiples riesgos a la salud pública a ambos lados del Atlántico”. Sostiene que estos acuerdos siguen el modelo del proyectado Tratado Transatlántico de Comercio e Inversiones (TTIP, por su sigla en inglés) entre la UE y Estados Unidos, que desde la asunción de Donald Trump está en suspenso.
En primer lugar, la AESP afirma que no se consideró la salud pública como una dimensión relevante cuando la UE hizo estudios de impacto del acuerdo, y por tanto esta dimensión no incidió en las posiciones y prioridades del bloque en sus negociaciones con el Mercosur. Cita un documento de la Comisión Europea que menciona que el objetivo de ese bloque en las negociaciones es “contribuir al crecimiento, a la creación de empleo y a las inversiones en el sector alimenticio y de semillas”. La CE agrega que “desafortunadamente, la información sobre el sector alimenticio integra al sector tabaco y bebidas, y no puede ser separada por razones de confidencialidad”. Por ejemplo, los europeos colocan al tabaco como un “interés ofensivo”: entienden que el crecimiento de las ventas de tabaco a América Latina sería un indicador de éxito del acuerdo.
La AESP recuerda que las contrapartes negociadoras de Europa son en algunos casos “pioneras en el desarrollo de políticas de salud pública” de combate al tabaco, y menciona especialmente el caso de Uruguay. “Es claro que la UE ha subordinado explícitamente los asuntos de salud pública al comercio y al crecimiento en estas negociaciones: el riesgo global del acuerdo es alto. En el estado actual de las negociaciones, los tratados de la UE con el Mercosur, México y Chile suponen amenazas sustanciales a la salud de los consumidores y pacientes tanto en Europa como en América Latina, y no contribuyen a que Europa cumpla con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas”, sostiene el informe. Agrega como otro elemento “preocupante” que esta “nueva generación de acuerdos” de la UE puede llegar a sentar un precedente para negociaciones futuras con otras regiones.
Comercio y alimentación
Por otra parte, la AESP recuerda que la baja de aranceles a algunos productos y el aumento de la inversión extranjera directa contribuyen a abaratar los alimentos no saludables (con exceso de sal, azúcar y grasa), el alcohol y el tabaco. Menciona el ejemplo de México, que luego de la firma del NAFTA aumentó su consumo de bebidas azucaradas y los niveles de obesidad de su población. Esto se suma a que la producción de snacks y otros alimentos no saludables es “particularmente rentable” por su bajo costo de producción y su larga vida útil, lo que genera incentivos a producirlos y venderlos.
La alianza señala que en los países de ingresos bajos o medios que firman acuerdos de liberalización del comercio o acuerdos de inversiones se produce lo que se denomina “transición nutricional”, que consiste en un cambio en las preferencias de alimentación: de dietas tradicionales, bajas en sal y grasa saturada, a dietas poco saludables. El informe puntualiza que la liberalización del comercio es sólo uno de los factores que inciden en este fenómeno, pero cita bibliografía que concluye, por ejemplo, en que la liberalización del comercio entre Estados Unidos y América Central incrementó la disponibilidad de las comidas ultraprocesadas y disminuyó considerablemente su costo, mientras en paralelo aumentó el costo de las frutas y las verduras.
Por otra parte, la alianza sostiene que las medidas de protección de la propiedad intelectual que se negocian “interferirán con el acceso a medicamentos en los países latinoamericanos, lo que llevará a un aumento de los precios y amenazará la sustentabilidad de los sistemas de salud pública”. La AESP recuerda que la Organización Mundial del Comercio ya tiene disposiciones sobre propiedad intelectual, y que en estos acuerdos se busca “intensificar” estas regulaciones, extendiendo la protección. Cita una investigación de las brasileñas Marcela Fogaça Vieira y Gabriela Costa Chaves, de 2017, que evalúa el impacto del acuerdo Mercosur-UE y concluye en que las medidas que propone la UE en materia de propiedad intelectual le generarían a Brasil un gasto adicional de casi dos millones de reales.
La AESP alerta también que las disposiciones vinculadas a la protección de las inversiones y a la transparencia podrían tener el efecto de inhibir políticas públicas y regulaciones en defensa de la salud. En particular, advierte que las compañías tabacaleras podrían usar la protección de inversiones para desafiar las regulaciones estatales. Cita el caso del juicio de Philip Morris contra Uruguay, y destaca que si bien el fallo fue favorable al país, en el saldo final Uruguay debió pagar una parte de los costos del juicio.
Además, la alianza sostiene que el acuerdo, en su capítulo sobre “barreras técnicas al comercio”, amenaza los sistemas de etiquetado de alimentos. Este capítulo se traza como objetivo “identificar, prevenir y eliminar las barreras técnicas al comercio”, incluyendo “estándares y regulaciones técnicas”. Establece que los etiquetados sólo deberán contener información “relevante para los consumidores de un producto”. Esta formulación, netamente valorativa, deja sin definir qué se entiende por “relevante”, y esto puede habilitar a las empresas a argumentar que la información vinculada a aspectos de salud o nutricionales no es “relevante” para los consumidores, y por tanto sentirse con derecho a recurrir la regulación. Esto se suma a que el capítulo sobre “transparencia” del acuerdo da la oportunidad a las empresas de ejercer influencia sobre las políticas públicas, al permitirles opinar y apelar las políticas y regulaciones estatales. “Estas disposiciones retardarán el proceso de toma de decisiones, generarán más caminos para que las empresas ejerzan presión y desalentarán a los gobiernos a regular en pro del interés público”, sostiene la AESP.