Se repitió la consigna, la misma que en 2017 recordó que la impunidad es responsabilidad del Estado, ayer y hoy. Se repitieron los rostros, un poco más gastados cada año. Se repitieron los carteles en alto con la foto de cada desaparecido, de cada desaparecida. A paso lento, la multitud se fue ensanchando, desde la calle Jackson, en cada esquina de 18 de Julio. Se repitió el silencio, sólo interrumpido esporádicamente por algún niño, o por los drones que sobrevolaban la 23ª Marcha del Silencio en reclamo de conocer el destino de los detenidos desaparecidos en la última dictadura cívico-militar.
“Estamos igual; con bastante desazón, en la medida en que no se ha avanzado, prácticamente. Al ritmo que vamos, no sé... Serán 100 años o 200 años”, estimaba, antes de empezar a caminar, Ignacio Errandonea, de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos. Él busca a su hermano Juan Pablo desde hace más de 40 años. “Falta voluntad política para una investigación seria. Si no hay una orden desde las más altas autoridades –o sea, que el presidente ordene a los servicios de inteligencia que busquen y den toda la información que tienen–, vamos a seguir como estamos”, sostiene.
Los carteles con los rostros de los desaparecidos pasan de mano en mano, hasta que cada uno encuentra su lugar. No todos sostienen a sus seres queridos; algunos militantes sociales o conocidos sustituyen a familiares que este año no pudieron estar. Hasta una niña levanta un cartel con una foto en blanco y negro de una persona a la que nunca conoció. “Vinimos por los desaparecidos”, explica la niña, que se llama Antonia y tiene 12 años. “Para que nunca más vuelva a pasar”, acota Julia, que ya llega a 25.
Marcha del Silencio.
Foto: Federico Gutiérrez
A las siete en punto, la larga columna empieza a moverse. No hay consignas partidarias, pero sí reclamos plasmados en carteles: “Ni olvido ni perdón”, “¿Dónde están nuestros compañeros desaparecidos?”. “¿Quiénes son los responsables?”, inquiere otro cartel. Más adelante, una pancarta de los estudiantes de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación contesta: “El gobierno es responsable. Basta de impunidad”.
El coordinador del Grupo de Trabajo por Verdad y Justicia (GTVJ), Felipe Michelini, había dicho más temprano a Radio Uruguay que el Poder Judicial, y en particular la Suprema Corte de Justicia, “lo que ha hecho, en definitiva, es legalizar la tortura al negarles a las víctimas la investigación judicial correspondiente”.
Errandonea entiende que los sucesivos gobiernos del Frente Amplio, desde 2005, se han quedado “en las hojas” y no han “atacado el tronco”. “Es verdad que se está excavando [en busca de restos de desaparecidos], es verdad que se está sistematizando la información, pero el GTVJ no ha encarado y no tiene la potestad de conformar un equipo de investigación. Y si no hay investigación, se trabaja con datos que vienen voluntariamente”, señala, y resume: “Estamos sujetos a la buena voluntad de los criminales”. “Es como si cada vez que se comete un crimen en Uruguay llamáramos a la buena voluntad de los ciudadanos para tener información. No, la Policía investiga. Bueno, en este caso la Policía no investiga, el Ejército no investiga, nadie investiga. Por eso estamos desde hace 40 años reclamando por nuestros familiares que están desaparecidos”, dice.
Marcha del Silencio (archivo, 2018).
Foto: Federico Gutiérrez
Sturla, día por medio
El cardenal católico Daniel Sturla escribió ayer en su cuenta de Twitter: “Día de recuerdo doloroso para nuestro país y de justo reclamo de las familias por saber de sus desaparecidos. Que el Espíritu Santo ilumine a los que tienen en sus manos aportar por la justicia y la paz entre los orientales”.
El viernes 18, Sturla había celebrado una misa en la catedral de Montevideo con motivo del Día del Ejército, con asistencia de numerosos oficiales uniformados. En esa ocasión, sin referirse a la cuestión de los desaparecidos, dijo: “Nuestro país ha sufrido muchos desencuentros de hermanos a lo largo de su historia. Y aún estamos sufriendo las consecuencias dolorosas que dejó nuestro último gran desencuentro como hijos de esta tierra. Pero si miramos nuestra historia, los mejores momentos han sido aquellos en los que, al final, hemos sabido encontrarnos, acordar, transar, mirar para adelante en el respeto a las diferencias legítimas”.
Nilo Patiño, también de Familiares, afirma que los tres poderes del Estado son responsables por el sostenimiento de la impunidad. “No hay avances porque no hay voluntad de avanzar. En el contexto de América Latina, habría que mirar bastante para los costados para darse cuenta de cómo viene la mano. Las democracias no están consolidadas si no se trabaja todos los días por ellas, y dejar la justicia pendiente en una democracia significa que la democracia vaya renga”, advierte.
En la sede del Banco República, frente a la Plaza de los Treinta y Tres, Plenaria Memoria y Justicia colocó una pancarta con la frase: “De la condena social no escaparán”. Un hombre que duerme en la calle se tapa con una frazada y escucha con sus auriculares, a todo volumen, un partido de fútbol. Un joven, también con auriculares, pasa cantando una canción en inglés. Pero en general, la marcha motiva a la gente a detenerse y a observar. “¿Estas son las personas que no encontraron?”, le pregunta un niño a su madre, señalando los carteles. Tiene en su mano una bandera de los Treinta y Tres pintada con marcador en una hoja A4.
Es imposible contar las cuadras que ocupa la marcha del silencio. Sólo los drones lo saben. A partir de Ejido, se repiten los nombres, los apellidos, los apodos de cada uno de los que faltan. En la pantalla del IMPO se ven sus rostros, con gestos de otros tiempos.
La marcha se detiene en la Plaza Libertad, como todos los años. Como todos los años se entona el himno, y como siempre, el aplauso final se transforma en un gesto de protesta, se vuelve rítmico, indignado. Se detiene y luego se retoma cuando el eco de otros aplausos, allá lejos, expresa la misma molestia, la misma desazón. Siete gobiernos pasaron desde el fin de la dictadura; sólo se hallaron los restos de cuatro de los casi 200 desaparecidos y los militares procesados se cuentan con los dedos de la mano.
En la Plaza Libertad, se repite el gesto de bajar los carteles hasta el año próximo. Que será el número 24 desde que se empezó a caminar para recordar el asesinato de Zelmar Michelini, Héctor Gutiérrez Ruiz, Rosario Barredo y William Whitelaw en el otoño de 1976. Pero habrá pasado un año más. “Cada marcha es la misma y es otra. Como el cauce de un río por el que corre siempre agua nueva”, decían los familiares en su convocatoria. Y explicaban que marchan en silencio “para escuchar más claros sus nombres, que son los nuestros. Y para dejarlos hablar, porque los desaparecidos hablan de todos nosotros, de la sociedad que somos, de la sociedad que queremos”.
Discrepancias entre nacionalistas
La Comisión Nacional de Jóvenes del Partido Nacional se sumó este año a la convocatoria a la Marcha del Silencio, junto con el Frente Amplio (FA) y con sectores del Partido Colorado, entre otros.
El diputado nacionalista Jorge Gandini dijo a la prensa, tras participar en un homenaje a Héctor Gutiérrez Ruiz en el cementerio del Buceo, que discrepa con la convocatoria de los jóvenes de su partido. Según recogió Radio Uruguay, Gandini afirmó que la búsqueda de verdad y justicia “es uno de los temas que han dividido” a la población. “Hoy las instituciones no peligran, la democracia está definitivamente consolidada. Hoy el FA gobierna y el reclamo parece ser al FA. Yo no le voy reclamar nada al FA”, sostuvo.
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