El Ministerio del Interior (MI) remitirá a Presidencia un proyecto de ley de rehabilitación en el que plantea el trabajo y el estudio obligatorio para las personas privadas de libertad. El titular de la cartera, Eduardo Bonomi, dijo que se trata de la cuarta redacción que el MI presenta para que otros ministerios revisen y hagan sus aportes. Las otras iniciativas similares no tuvieron el visto bueno de otros ministerios como, por ejemplo, el de Trabajo y Seguridad Social. Ayer Bonomi se mostró optimista: “Pensamos que la ley [es una] mejora y esperemos que se ponga en funcionamiento lo más rápido posible”.
Como en las oportunidades anteriores, el secretario de Estado dijo que no se trata de trabajo forzado, pero hay que “considerar que quien está privado de libertad tiene derechos, obligaciones y beneficios. Los derechos no se pierden porque no cumplan las obligaciones, pero sí se pierden los beneficios”. Bonomi hizo estas declaraciones ayer en la conferencia previa a la firma de un convenio para trabajar en el egreso de los reclusos, rubricado por el comisionado parlamentario penitenciario y la Dirección Nacional de Apoyo al Liberado (Dinali), que depende del MI.
El ministro acotó que una persona no puede decir que no quiere trabajar ni estudiar y organizar “su vida no para la rehabilitación, sino para seguir una carrera delictiva”.
En tanto, el comisionado parlamentario penitenciario, Juan Miguel Petit, aseguró, en conferencia de prensa, que la posibilidad de trabajar tiene que ser la misma que tiene una persona que está en libertad. Si bien dijo que no leyó el proyecto nuevo, afirmó que el primer paso es que estén los recursos para que los privados de libertad tengan la posibilidad de educarse y aprender un oficio. Afirmó que “alguien que está devorado por las adicciones no puede ir a estudiar por más que se lo obligue; alguien que está abandonado por su familia o no tiene capacidad de diálogo con los demás, por más que tenga un aula en frente, no va a poder asistir”.
Sobre el convenio firmado ayer, dijo que se trata de elaborar nuevos planes para las personas que salen de la cárcel, porque es una población con “una enorme vulnerabilidad”.
Bonomi también afirmó que la construcción de la Cárcel de Punta de Rieles no hubiera sido posible sin el mecanismo de participación público-privada. “Petit ha dicho que la inversión en Punta de Rieles no es la mejor porque son demasiadas personas privadas de libertad [en el predio]; eso hace mucho que lo sé”, dijo. El jerarca subrayó que para la rehabilitación se necesitan establecimientos chicos pero, por la cantidad de reclusos, “no hay posibilidades de inversión”.