El fiscal especializado en delitos de lesa humanidad Ricardo Perciballe ratificó el pedido de procesamiento de Jorge Guldenzoph, alias “El Charleta”, y del entonces inspector mayor José Lemos Pintos. A diferencia del pedido de procesamiento de la fiscal María Luzi, quien les imputó el delito de tortura, Perciballe ratificó el pedido de procesamiento de la fiscal pero decidió imputarles el delito de abuso de autoridad en concurrencia con el delito de privación de libertad por su actuación en la Dirección Nacional de Información e Inteligencia durante la dictadura.
La denuncia fue presentada por unas 50 personas, en su mayoría ex militantes de la Unión de la Juventud Comunista (UJC), detenidas en la entonces sede de Inteligencia Policial, ubicada en las calles Maldonado y Paraguay, y fue promovida en 2011 por el abogado Pablo Chargoñia ante el Juzgado Penal de 17º Turno. La defensa de los indagados optó por interponer recursos de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia para dilatar el caso, pero estos fueron desestimados por los ministros del organismo. Por ese motivo, el expediente llegó a la Fiscalía Especializada en Crímenes de Lesa Humanidad, que resolvió cambiar la imputación, ya que se alega que la figura de tortura no estaba presente en el ordenamiento jurídico de la década del 70, pero sí estaban vigentes los delitos de abuso de autoridad y de privación de libertad. Asimismo, el fiscal solicitó la captura internacional de Ariel Ricci, quien se estima que reside en Brasil, y se ordenó el cierre de fronteras para Gundelzoph y Lemos.
Tanto Gundelzoph como Ricci, ex militantes de la UJC, fueron denunciados por participar en el aparato represivo de la dictadura. Según indicaron varios denunciantes, ambos participaron activamente en casos de crímenes de lesa humanidad.