El Movimiento de Participación Popular (MPP) elaboró un documento en el que hace una evaluación sobre la situación de la seguridad del país y propone una serie de medidas para combatirla. El texto servirá como punto de partida para el trabajo en los comités de base de cara al próximo Congreso del Frente Amplio, que definirá los candidatos que competirán en la interna y el programa de gobierno para el período 2020-2025.
Además de enumerar los avances logrados desde 2005 hasta ahora, se hace mención a la Estrategia por la Vida y la Convivencia, política implementada durante el gobierno de José Mujica, en la que se abordó el tema sobre la base de políticas interinstitucionales, un trabajo que se asegura que debe profundizar en el próximo período de gobierno. Con respecto al período actual, el texto resalta como aspecto principal la implementación del Plan de Alta Dedicación Operativa (PADO).
Una de las conclusiones a las que arriba el sector es que el delito seguirá existiendo, “ya que es una condición inherente a todas las sociedades”. Agrega que la violencia es “un problema global” y, por tanto, “nos excede como sociedad”. El senador Charles Carrera aseguró a la diaria que “quien diga que va a terminar con el delito está mintiendo”. “Siempre existió y va a seguir existiendo. En lo que tenemos que trabajar es en darles mejores condiciones de convivencia a los ciudadanos”, sostuvo. El legislador afirmó que también es necesario tener en cuenta la dimensión internacional, ya que estamos en la región “más violenta y desigual del mundo”. En América Latina y el Caribe hay “350 homicidios por día”, sostuvo. Además, hay que considerar la dimensión cultural, porque en Uruguay 80% de los homicidios son entre personas que se conocen, ya sea por un conflicto entre criminales, por violencia de género, por problemas intrafamiliares o de vecindad”, dijo.
El documento asegura que la manera de desarrollar una política de seguridad eficiente “es generando una política de shock en materia de vivienda y de estructuras de convivencia, que permitan un aprovechamiento positivo del espacio público”. Carrera dijo que se tiene que aplicar una “política integral en los barrios”, mejorando el acceso a la vivienda, a la educación y a los servicios básicos para combatir la desigualdad.
Además sostuvo que los partidos de la oposición no tienen un programa único en los temas vinculados con la seguridad. “[Jorge] Larrañaga [Partido Nacional, PN] tiene una visión, Verónica Alonso [PN] tiene otra, al igual que [Luis] Lacalle Pou y el Partido Colorado”, sostuvo. “Ellos parten de lo que yo califico como simplismo punitivo, porque hacen propuestas aisladas que no van a dar resultados positivos. Por ejemplo, sacar militares para reforzar la seguridad interna no dio resultado en los países en los que se aplicó”, planteó. Además, el integrante del MPP afirmó que en lugar de proponer la cadena perpetua (Larrañaga está juntando firmas para reformar la Constitución en ese sentido), lo que hay que asegurar es el cumplimiento efectivo de las penas. Esto, aseguró, se incluye entre las modificaciones del Código del Proceso Penal que el Poder Ejecutivo envió al Parlamento.
El texto del MPP propone medidas concretas: entre otras, mejorar la calidad y la cobertura de programas sociales especialmente orientados a los niños y jóvenes, y reforzar la inclusión laboral de estos últimos. El texto dice que se deberá seguir “evaluando el funcionamiento del nuevo sistema procesal acusatorio” y que a este eventualmente se deberá hacer ajustes para que “exista una persecución inteligente del delito”. El documento sostiene que es necesario hacer una intervención urbana integral, con la creación de espacios de convivencia como plazas y parques; profundizar la reforma procesal penal; estudiar la extensión del PADO a todo el país, y extender el sistema de videovigilancia más allá de la zona metropolitana. Además, considera la necesidad de “profundizar la reforma del modelo de gestión del Instituto Nacional de Rehabilitación”, y hacer “el traspaso definitivo a la órbita civil del sistema de gestión del Instituto, al servicio descentralizado que se creará”. Por último, “se debería estudiar la creación de una Secretaría de Asuntos Constitucionales y Legales, que debería trabajar y transmitir al Poder Judicial las preocupaciones de nuestros habitantes”.
Con relación a la violencia de género, el MPP sostiene que hay que profundizar el trabajo de sensibilización con la Policía y “cambiar las pautas culturales que hoy nos rigen, particularmente en lo que refiere a los estereotipos de género”. Sobre la Ley Integral de Violencia Basada en Género, el texto asegura que la ley enfrenta “serias dificultades para su instrumentación”, debido a la falta de recursos. “La violencia de género nos preocupa como sociedad, se debería mirar hacia la interna, ver qué Juzgados podemos suprimir, algún Juzgado de Paz Departamental de la Capital o el Juez de Paz Rural de mi pueblo, y luego, si es necesario, solicitar más recursos”.