La Sociedad Uruguaya de Pediatría (SUP) y la Sociedad Uruguaya de Endocrinología y Metabolismo (SUEM) coincidieron en que es necesario que la ley integral para las personas trans contemple tratamientos en menores de 18 años. El lunes, representantes de ambas instituciones asistieron a la Comisión de Población, Desarrollo e Inclusión del Senado, para dar su opinión sobre el artículo 17 del proyecto de ley para las personas trans. Ese artículo dice al comienzo que las personas mayores de 18 años podrán acceder a intervenciones quirúrgicas y/o tratamientos hormonales, y luego –en la parte que ha causado polémica– agrega que los menores de 18 años también, con la autorización de un responsable legal o, si no la tienen, presentando un recurso “conforme al derecho al libre desarrollo personal consagrado en el Código de la Niñez y la Adolescencia”.
El médico Carlos Zunino, profesor adjunto de Clínica Pediátrica de la Facultad de Medicina de la Universidad de la República, dijo que es “muy importante” que se mencione a los menores de 18 años porque “todas las personas deben poder ejercer el derecho de acceder a estas prestaciones”, y un alto porcentaje de las personas trans se desvincula de sus familias antes de cumplir 18 años, por lo que sus derechos se verían vulnerados si se exigiera la aprobación de representantes legales. De todos modos, aclaró que el proceso es largo y que la idea no es que “todos los niños, niñas y adolescentes trans tomen como primera medida la hormonización”. Zunino explicó que el equipo de salud tomaría las decisiones, considerando el grado de madurez de las personas.
Según consta en la versión taquigráfica, la frenteamplista Daniela Payssé planteó que una de las preocupaciones de los legisladores es el eventual “apresuramiento en la toma de decisiones” que impliquen cambios irreversibles. La presidenta de la SUP, Alicia Fernández, aseguró que la suspensión de la pubertad mediante hormonas, que puede afectar el crecimiento en altura, dura cuatro años y es reversible. Explicó que los especialistas serían los que determinen en qué momento empezar el tratamiento, que dependería de las características personales de quien lo solicite. Esa “inhibición de la pubertad” podría llegar hasta los 17 o 18 años para que entonces las personas puedan decidir si quieren “volver a ser como eran antes”.
“Es fundamental ver en qué momento hay que empezar los tratamientos, porque una cosa es una niña que tiene su menarca, es decir, su primera menstruación, y no la tolera porque quiere tener el cuerpo de un varón, y otra cosa es un varón, a quien el hecho de que le crezcan los testículos no le afecta demasiado”, dijo Fernández.
En relación con las operaciones, Graciela Varín, integrante del Comité de Adolescencia de la SUP y de la Asociación Latinoamericana de Pediatría, sostuvo que hay que sacarse el miedo de que “un niño con ocho o nueve años diga que quiere operarse y, como su madre no lo deja, vaya a ir al juez”, porque no todas las personas trans se operan, y cuando quieren hacerlo el proceso lleva muchos años. Zunino agregó que en todo caso lo que hay que valorar es el “grado de madurez” de esa persona adolescente, “para determinar si puede o no hacerse la cirugía, si es que esta se puede hacer desde el punto de vista médico”. Los especialistas destacaron que, si la ley se aprueba, serían pocos los centros de salud que indiquen los tratamientos, no más de dos o tres. Sobre eventuales objeciones de conciencia, Varín sugirió que quienes no estén de acuerdo “no se dediquen a estos temas”.
Por su parte, Beatriz Mendoza, de la SUEM, sostuvo que de 6% a 25% de las niñas y los niños que no se identifican con su sexo biológico mantienen esa disconformidad en la adultez, y como “la incomodidad suele hacerse más pronunciada al llegar la pubertad”, “el tratamiento de hormonización podría solucionar esta situación”. Cristina Alonso, vicepresidenta de la misma sociedad, agregó que el malestar en la pubertad tiene “repercusiones psicológicas de relacionamiento social, familiar y académico”, y que en este grupo de personas “está planteando el uso de inhibidores de la pubertad” transitorios, a fin de que el niño o la niña “madure desde el punto de vista psicológico” y se pueda observar “la persistencia o no de la disconformidad”. Si se verifica que “retrocede en su disconformidad, tendremos la posibilidad de retirar estos fármacos, que son reversibles. Cuando se suspenden los fármacos, [la persona] comienza nuevamente con su pubertad, en el curso de su sexo biológico, no afectándose su fertilidad”. Alonso aclaró que en este tratamiento no se usan hormonas para la feminización o masculinización, sólo se frenan los cambios de la pubertad. Luego, si no hay voluntad de revertir el proceso, se comienzan a administrar, en dosis muy bajas, hormonas que simulan la pubertad elegida.
Con respecto al proyecto de ley, las expertas aseguraron que su actitud médica ante un chico o chica transgénero será la misma si viene con sus padres o sin ellos. Dijeron que preferirán la primera alternativa, porque “todo este proceso marchará mejor” si la familia acompaña, “pero no cambiará en cuanto a los protocolos establecidos sobre el manejo de la situación [...] que sin duda se realizan en forma muy rigurosa e interdisciplinaria”.