El Senado podría aprobar hoy el proyecto de ley que habilita la posibilidad de enajenar inmuebles urbanos vacíos y degradados, que ya había pasado tanto por el plenario como por la Comisión de Vivienda y Ordenamiento Territorial de la cámara alta. La iniciativa fue votada por unanimidad en esa comisión, pero habían quedado pendientes algunas consultas con el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, la Agencia Nacional de Vivienda y la cátedra de Derecho Privado de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República, para ver si era necesario introducirle modificaciones. A mediados de mayo, cuando llegó al plenario del Senado, fue devuelta a la comisión tras una moción del frenteamplista Charles Carrera, presentada como “un gesto” hacia la oposición porque esta “ve con buenos ojos este proyecto”, según dijo el legislador a la diaria.
Por su parte, la senadora nacionalista Carol Aviaga dijo a la diaria en aquel momento que el texto volvió a la comisión porque se había aprobado en ella “a tapas cerradas”, sin todos los “elementos que había que tener para analizarlo”, y dijo que cuando se votó ella no estaba presente.
Cuando la Comisión de Vivienda volvió a tratarlo se le hicieron dos cambios. Al artículo que definía lo que es un inmueble degradado –el que “se encuentre en situación de ruina, deteriorado o tenga una edificación paralizada”–, se le agregó “o esté en situación de baldío”. Más adelante se define baldío como aquel inmueble “que no contenga edificaciones de clase alguna o las mismas fueren insignificantes y por tanto, sea susceptible de ser ocupado”. Esta modificación fue presentada por el oficialismo después de la visita a la comisión de los alcaldes de los municipios B y Ch de la capital.
Carrera agregó que está dispuesto a discutir ese punto con la oposición, porque considera necesario que el proyecto se apruebe con amplio consenso. A su vez, la comisión bicameral del Frente Amplio quiere añadir a texto expreso que los baldíos también están incluidos en la norma. “No queremos que haya dudas. Esta inquietud surge de la visita de los alcaldes de los municipios B y Ch, que indicaron que en sus municipios tienen baldíos que causan muchos problemas relacionados con la salubridad y la inseguridad, y de convivencia con los vecinos”, se explicó a este medio.
El proyecto establece que se podrá enajenar “los inmuebles ubicados en suelo urbano, cualquiera sea su destino, que se encuentren vacíos y degradados” por un plazo no menor a 24 meses continuos, si en ese período se constata la ausencia en ellos de conexión eléctrica y de consumo de agua potable. “Para el caso de que se declare al inmueble urbano, vacío y degradado, condena a los titulares registrales del derecho de propiedad del inmueble a rehabilitar el mismo, otorgándoles un plazo de veinte días para que presenten, y luego ejecuten en el plazo perentorio de un año, un proyecto de rehabilitación del inmueble que permita ajustarlo a los requerimientos de la normativa nacional y departamental correspondiente, bajo apercibimiento de procederse a la venta judicial del inmueble dispuesta en la presente ley”, agrega el texto.
Si, por ausencia de esa rehabilitación, se sentencia la realización del remate judicial, se procede a este, y el depósito judicial en el Banco República (BROU) del precio del remate no tiene movimiento en un determinado plazo, será volcado al Fondo Nacional de Vivienda y Urbanización para comprar tierras. La otra modificación tuvo que ver con el plazo de conservación de ese depósito en el BROU. El proyecto original establecía cinco años, y ahora ese plazo se duplicó.
Aviaga dijo a la diaria que se trata de “un paliativo” aceptable, ya que el plazo anterior no consideraba “qué pasa cuando los beneficiarios son menores o personas incapaces”. “No pueden hacerse cargo de los bienes así nomás, pensábamos que llegara a los 18 años cuando son menores de edad, pero lo que se hizo fue extenderlo a diez”, dijo la senadora blanca. En cuanto al resto del proyecto, Aviaga sostuvo que “todas las cátedras consultadas” consideraron que es “un proyecto garantista y necesario” para “mejorar el espacio urbano consolidado”. “Voy a aconsejar que se vote”, agregó.