La carta que envió el presidente de la organización Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, instando al canciller Rodolfo Nin Novoa a adherir a la declaración conjunta promovida por algunos países miembros del Grupo de Lima en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, generó polémica.
En la nota, Vivanco señalaba que es “decepcionante” que Uruguay todavía no hubiera adherido a la declaración, que lleva la firma de más de 50 países y que es “la primera oportunidad para hacerle frente a los abusos del régimen venezolano en el marco de la ONU desde la brutal arremetida contra opositores en 2017. Uruguay no debería hacer parte del grupo cada vez más reducido de Estados que aún están dispuestos a defender a ciegas al régimen de Maduro”. También retoma elementos del informe sobre Venezuela de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos de junio, en el que se menciona que más de 12.000 personas fueron objeto de detenciones arbitrarias desde 2014 y que al menos 570 (incluyendo 35 niños) fueron detenidos entre agosto de 2017 y abril de 2018.
Mediante un comunicado, el Ministerio de Relaciones Exteriores (MRREE) le respondió a Vivanco recordando la posición del gobierno uruguayo sobre Venezuela: “La historia latinoamericana nos muestra que aislar a los países cuyos pueblos pierden o ven menoscabado el goce de sus derechos humanos y sus libertades individuales, o cuyos sistemas políticos se alejan del sistema democrático representativo de gobierno, en lugar de contribuir a una salida pacífica y negociada, aventa las posibilidades de cooperación y coarta a los propios países en su capacidad de coadyuvar a la restauración democrática, generando una polarización de posiciones”, y recuerda también que Uruguay mantiene la postura de “no promover ni adherir a declaraciones conjuntas sobre países”.
En declaraciones a la Secretaría de Comunicación de Presidencia, el subsecretario del MRREE, Ariel Bergamino, aseguró que las manifestaciones en las que Vivanco “emplaza a Uruguay vía redes sociales han sido desajustadas en su tono”. “El Uruguay no discute su política exterior por Twitter, y, segundo, Uruguay no acepta emplazamientos, aunque estos puedan ser motivados por las mejores de las intenciones”, indicó el vicecanciller.